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Iberoamérica avanza en la lucha antiterrorista
Los presidentes de la XI Cumbre de la región se comprometen a unificar esfuerzos en todos los frentes
La trascendencia mundial en materia de seguridad y también en lo económico de los atentados terroristas contra Estados Unidos parece haber transformado de forma irreversible la mentalidad de los gobernantes mundiales, y los iberoamericanos han conseguido avanzar sustancialmente en la cooperación contra esa lacra.
Un documento político anexo a la Declaración de Lima, que incluye la lucha contra el terrorismo en sus recomendaciones, sienta de forma precisa las bases de este nuevo concepto de cooperación, que pretende extender los tentáculos de la seguridad común a toda Iberoamérica, excluyendo viejos conceptos de protección y asilo a sospechosos de cometer atentados.
"Reafirmamos el compromiso de combatir los actos de terrorismo en todas sus formas y manifestaciones dondequiera se produzcan y por quienquiera que los cometa, de no prestar ayuda ni refugio a los autores, promotores y participantes de actividades terroristas", reza la parte sustancial de la declaración limeña.
Este apartado se complementa con la necesidad de "fortalecer las legislaciones nacionales de manera de evitar la impunidad, orientándolas a erradicar este tipo de actos que atentan contra la paz y la democracia, asegurando el sometimiento a juicio o la extradición de estos".
Con ello se pretende achicar espacios y obstaculizar los movimientos de personas o grupos terroristas, a fin de desmontar los "santuarios terroristas" en los que antaño se convirtieron algunas naciones del continente.
Países como España, que el pasado año recibió explícitamente en Panamá la solidaridad iberoamericana, con la excepción de Cuba, en su lucha contra la banda ETA, puede ser uno de los primeros beneficiados por este compromiso.
España ha enderezado en los últimos tiempos la cooperación antiterrorista con México, Uruguay o República Dominicana, países que acogieron en su día a etarras y que actualmente colaboran en su entrega a los tribunales españoles. Sin embargo, quedan pendientes mecanismos de cooperación con naciones como Cuba y sobre todo Venezuela, cuya justicia tiene paralizada desde hace cinco años la extradición de seis presuntos etarras, pedida por los tribunales españoles .
El documento político de Lima reconoce que el terrorismo afecta a la paz y la seguridad internacionales, insta a los gobiernos a suscribir acuerdos generales o regionales para luchar contra esa lacra y apoya la "cooperación efectiva" con base al derecho internacional para investigar, detener, enjuiciar y extraditar a los terroristas.
Esta colaboración no excluye la parte financiera, alimentadas con la extorsión y el robo por las redes terroristas, y que están conectadas con otros delitos conexos, como el narcotráfico.
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