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Sobisch viajará mañana a Capital

Nueva batería de decretos para instrumentar el plan económico

Mercados con incertidumbre

Urge al gobierno acordar con las provincias para fortalecer medidas

Sin pacto con gobernadores todo quedaría en la nada, se alertó desde el frente externo.De la Rúa necesita el acuerdo antes de reunirse con Bush el próximo fin de semana

El gobierno arranca hoy otra semana bajo presión y en la que deberá mostrar resultados urgentes si quiere evitar que las flamantes medidas no sean tomadas en serio.
Todas las miradas estarán puestas en las negociaciones con las provincias por la coparticipación, el principal escollo que el gobierno no pudo resolver antes de lanzar los anuncios, y que tras varias semanas de negociaciones y duros enfrentamientos, sigue empantanado.
El otro frente estará en los mercados financieros que reabren hoy, ya que se mantiene el alerta en los tenedores de bonos por la incertidumbre que genera el anuncio del canje de deuda. El riesgo país cerró el viernes rozando los 2.500 puntos y no sería extraño que hoy vuelva a quebrar otro record.
Pero la mayor presión por la situación argentina llega desde el frente externo. Los organismos de crédito internacional y las potencias mundiales dejaron en claro que la reestructuración de la deuda externa y el plan de reactivación quedarán en la nada si no se logra el acuerdo por el reparto de fondos con los gobernadores.

De la Rúa con Bush

El presidente De la Rúa necesita cuanto antes mostrar un acuerdo en ese plano ante los organismos internacionales y las autoridades de EE.UU. -a donde viaja para reunirse con su par George Bush el próximo jueves- para que tengan sustento las medidas. De allí a que la idea de un arribo a Washington con las manos vacías sería lapidario para su debilitada gestión.
Además, el cierre de la dilatada negociación es vital, pues, tal como advirtió el FMI, de este depende el desembolso pendiente para diciembre de 1.300 millones de dólares acordados en el último Stand By.
"Argentina necesita un acuerdo entre el gobierno y las provincias. Si no, la que cae es la Argentina y todas las figuras políticas que la integran", alertó ayer el banquero Jacob Frenkel, el encargado de asesorar al país en la reestructuración de deuda
Pero lograr un acuerdo con gobernadores que resisten una reducción de fondos que Nación está obligada a girarle mensualmente no será nada sencillo.
Los mandatarios del PJ dejaron en claro que si no reciben hoy respuesta a sus planteos por parte del gobierno complicaron el escenario desde el Congreso. Para ello prometieron el inicio de un juicio político al ministro de Economía, Domingo Cavallo, y la sanción del proyecto que coparticipa la recaudación del impuesto al cheque entre todas las provincias.
Pese a la premura de los tiempos, el gobierno volvió a mostrarse lento y con vacilaciones.
El sábado, a través del vocero Baylac, anunció que "este fin de semana o el lunes" se sellará el acuerdo por la coparticipación.
Ayer, más cauto, y ante la falta de señales en las negociaciones, el mismo funcionario prometió que "mañana (por hoy) se estará más cerca del acuerdo".
Sin embargo, fuentes vinculadas a los gobernadores anticiparon que "recién el martes será el día clave". Una señal en ese sentido la dio el gobernador neuquino, Jorge Sobisch, quien informó que viajará mañana a Buenos Aires para el reinicio de las discusiones con Nación.
Ayer, el gobierno de Fernando de la Rúa intensificó los contactos con los mandatarios provinciales y avanzó en la firma de los decretos para instrumentar el plan.
El ministro del Interior, Ramón Mestre, y el Jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, son los encargados de comandar el diálogo con los gobernadores de todo el país. Según trascendió, la confianza del Ejecutivo en un pronto acuerdo reside en que habría una importante aceptación por parte del gobierno del petitorio que los mandatarios provinciales entregaron a Mestre.
El viernes pasado, la reunión entre el canciller Adalberto Rodríguez Giavarini y los embajadores del G-7 (Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, Canadá, Japón y Gran Bretaña) dejó en claro que tanto las naciones más desarrolladas como el Fondo Monetario Internacional hacen hincapié en la firma de ese acuerdo como sustento político para el plan económico.

Las exigencias

Los gobernadores exigen al gobierno el pago de la deuda que la nación mantiene con las provincias, mitad en LECOP y mitad en efectivo.
Asimismo, aceptan ir con el estado nacional a la renegociación de las deudas bancarias, con el objetivo de obtener una rebaja que lleve las tasas al 7% anual en lo que resta de esta año y hasta un 10% para el próximo período.
Precisamente lo que pretendía el gobierno días atrás era pagar la totalidad de la deuda con las provincias -que la administración central reconoce en 524 millones de pesos- en LECOP.
Más allá de las idas y vueltas que tuvieron las gestiones, las exigencias de los gobernadores se redoblaron en los últimos días ante el rumor que corrió respecto al aporte de unos 70 millones de pesos en efectivo que la Nación habría facilitado a Buenos Aires y Córdoba.
Algo que generó serias críticas desde el ámbito de los gobernadores de la Alianza, entre ellos principalmente la del chaqueño Angel Rozas, quien reclamó sin éxito el aporte nacional de un monto de cuatro millones de pesos para cumplir con las necesidades más urgentes.
Uno de los puntos más controvertidos tiene que ver con la circulación de las Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (LECOP), que estaría destinado a cubrir las deudas que la Nación mantiene con los distritos en concepto de coparticipación no abonada por la caída en la recaudación.
Esto tuvo que ver con la imposibilidad del Tesoro Nacional de atender el pago de los 1.364 millones de pesos mensuales acordados en noviembre de 2000. La diferencia radicaría en que las provincias quieren que cuando los LECOP reingresen a la Nación, ésta se quede con un porcentaje para pagar a sus proveedores y empleados. Algo que no es aceptado por la gestión De la Rúa.
A esto se le debe sumar la pretensión de la Nación de querer eliminar el piso de coparticipación desde enero del 2002, reducción que sería del 13%. Como contrapartida, el gobierno nacional oferta negociar con la banca privada una tasa del siete por ciento anual para las deudas provinciales. (DYN/AR)

Gobernadores del PJ presionan en el Congreso

La falta de acuerdo entre los gobernadores del PJ y la Nación se traducirá en nuevas controversias en el Congreso, donde el peronismo tiene previsto activar desde mañana una pesada agenda legislativa que incluirá la tramitación del juicio político a Domingo Cavallo y la sanción del proyecto que coparticipa la recaudación del impuesto al cheque entre todas las provincias.
Esta estrategia se activará en el marco de una sesión especial que ya fue pedida por el PJ en Diputados, si es que los gobernadores de ese partido no reciben hoy respuesta a sus planteos de parte del Gobierno.
El despliegue de herramientas de presión al Poder Ejecutivo, que no cede un ápice en las negociaciones por el reparto de la coparticipación, fue acordado entre los mandatarios y los presidentes de los bloques en el Senado, José Luis Gioja, y de Diputados, Humberto Roggero, en el marco de un encuentro en el CFI que tendría su segunda parte esta semana para coordinar los últimos detalles.
En tanto, el martes 13 ha sido la fecha elegida por la radical alfonsinista Margarita Stolbizer para reunir a la comisión de juicio político que iniciará el debate sobre la conveniencia y oportunidad de estudiar un posible enjuiciamiento del ministro Cavallo, reclamado por el PJ aunque inicialmente presentado por el bloque de Alternativa por una República de Iguales que conduce Elisa Carrió.
En ese contexto, se advierte que la estrategia del peronismo -que inicialmente tenía como telón de fondo la intención de aislar a Cavallo de las negociaciones- podría disparar en cualquier dirección si las nuevas medidas no cosechan el consenso del Parlamento, en momentos en que crece, a la sombra del descontento con la gestión delarruista, un enorme polo crítico de la actuación del ministro. En consecuencia, como en un diagrama nunca abiertamente confesado, la embestida parlamentaria del PJ tiene pasos prediseñados que se irían implementando si Nación y provincias no logran el acuerdo.
En primer término, el PJ reintentará con la aprobación del proyecto que coparticipa el impuesto al cheque, mientras que avanzará con su respaldo al pedido de juicio político a Cavallo al tiempo que buscará consenso con una propuesta que suspende "el goteo de coparticipación en el Banco Nación".
La iniciativa establece que a partir de la fecha de promulgación de la ley, el Nación "dejará de retener los fondos de coparticipación federal de impuestos de las distintas jurisdicciones provinciales que fueran afectados al pago de deudas con entidades financieras y no financieras". (Infosic)

Llevan calma al sector bancario

El gobierno espera no tener que "enfrentarse" con el sector bancario en el marco del nuevo plan económico en marcha, que tiene como eje central la renegociación de la deuda pública con acreedores, entre otros, los bancos.
"Esperemos no enfrentarnos, todo lo contrario. Esperemos que el sector bancario entienda la bondad de estos planes", señaló el secretario general de la Presidencia, Nicolás Gallo.
El funcionario respondió de esta forma luego de admitir, en declaraciones a una emisora porteña, que el gobierno "ha cambiado" y que ha transformado sus políticas con un sentido más "industrialista".
"Es verdad. Ha habido un cambio", dijo Gallo quien, no obstante negó que esta modificación signifique tener que enfrentarse con el sector bancario.
"Esperemos no enfrentarnos con el sector bancario y, por supuesto, que entiendan que el sector bancario forma parte de la economía real y que si la economía real anda bien, ellos también van a estar bien, van a estar mejor", insistió.
Por otra parte, el funcionario se refirió con duros términos a la diputada Elisa Carrió de quien consideró que "tiene una manera absurda de ver las cosas" por las críticas que la líder de Alternativa por una República de Iguales (ARI) lanzó contra el nuevo plan del Gobierno.
Según Carrió, con el nuevo paquete de medidas económicas "estamos ante un verdadero asalto al Estado porque implica una estatización indirecta de la deuda pública".

Foto: El presidente De la Rúa y su gabinete avanzaron ayer en los decretos para una rápida instrumentación de las medidas.