Etica pública: "Desapareció un capítulo completo"
Como se dijo, la ley de Etica Pública se aprobó pero ocultando para la prensa y la población algo muy importante: la posibilidad de conocer el estado patrimonial de los hombres con cargos públicos. Hablan los autores del proyecto.
Guillermo Grosvald y Eduardo Chironi se refirieron ayer a la norma, impulsada por el primero hace más de tres años y presentada nuevamente meses después por el legislador del Frente Grande.
"Un capítulo completo desapareció. Es el que preveía la conformación de un consejo provincial de ética pública, integrado por gente ajena al Estado", sostuvo Grosvald, quien informó sobre la eliminación de esa parte durante el trabajo de comisiones.
El diputado del MPP agregó que también se modificaron objetivos de algunos artículos referidos a los administradores de la información. En tanto, se supo que el bloque de la Alianza no fundamentó en sesión la decisión de eliminar los capítulos nombrados por Grosvald.
Por su parte, Chironi se refirió en San Antonio Oeste a la ley, manifestando que a pesar de la necesidad de mejorarla se trataba de un avance en la legislación provincial referida a las cuestiones patrimoniales de los funcionarios públicos.
Cabe recordar que la Ley 3.550, publicada en el Boletín Oficial el 22 de este mes, sostiene en su artículo 16 que "el Tribunal de Cuentas deberá preservar la confidencialidad de los datos obrantes en las declaraciones juradas. Excepcionalmente tendrá el deber de informar en los siguientes casos: a pedido del propio interesado, a requerimiento de autoridad judicial, a requerimiento de comisiones investigadoras designadas por autoridad competente, a requerimiento de organismos impositivos, a requerimiento del gobernador de la provincia, presidente de la Legislatura o del Superior Tribunal de Justicia, respecto de funcionarios de su dependencia". Como se observa, en ningún caso la prensa tiene acceso a esta información.
Ante esto, Grosvald indicó que "la ley está referida en esencia a contar con más argumentos a la hora de verificar las diferencias en el estado patrimonial de un funcionario y por eso no se previó la publicidad de la información". Más allá de esto advirtió que el proyecto original establecía que -conformado el consejo provincial de ética- el organismo tenía la posibilidad de evaluar la conveniencia de dar acceso a la prensa o un particular sobre los datos, o sea que no existía una restricción total.
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