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Lunes 26 de noviembre de 2001 | |
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La historia del contrato con la Turbine PowerCo. y la cara energía a gas |
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Una central térmica abastece a la provincia que posee grandes ríos.La renegociación del contrato no fue publicada en el Boletín Oficial.Se firmó cuando la privatización de ERSA ya estaba en marcha. |
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| a tarifa que Edersa factura a los rionegrinos tiene componentes históricos que merecen ser descritos en detalle ya que, en alguna medida, no fueron conocidos en su totalidad cuando sucedieron los hechos. A modo de síntesis, podría decirse que el alto costo depende de las condiciones en que, en 1996, fue renegociado el convenio de compra de energía a término que unía desde 1993 a la provincia con la empresa Turbine Power Co. S.A. (TPC), propietaria de la usina térmica Termo Roca. Esa ruinosa negociación fue protagonizada, en representación y costo de los rionegrinos, por el gobierno de Pablo Verani y con Horacio Jouliá en la conducción de la ERSA. Los puntos más objetables de esa negociación son: - Incrementó en forma notoria el precio de compra de la energía por parte de Edersa, que pagan los consumidores y que en cinco años suma 24 millones de pesos. - La provincia pagó 2,5 millones en efectivo por el traspaso de obras de interconexión que habían pasado sin cargo a ella al entrar en servicio la central. - Se compró en efectivo y por 7,5 millones de pesos el 7,5% de la TPC al que ya tenía derecho en forma gratuita la provincia por efecto del contrato original. - ERSA se hizo cargo del pago del impuesto a los sellos por los dos contratos (4,5 millones de pesos) que nunca ingresaron. - Se pagaron 650.000 en Cedern por un concepto inexistente e indebido, además de que se quitaron exigencias al contrato original respecto de la contratación de una reserva fría para casos de problemas técnicos en la usina. Pero veamos cómo sucedieron las cosas: Edersa es una distribuidora y no una generadora (sólo posee unas pequeñas usinas en el canal grande y en poblaciones aisladas). Es por eso que debe comprar la energía que distribuye. Los modos en que las distribuidoras pueden comprar energía son, básicamente, acudir al Mercado Eléctrico Mayorista y comprarla al precio estacional (promedio trimestral de los precios fijados hora a hora) o suscribir un contrato a término con una generadora, en condiciones libremente pactadas por ambas. Esto último es lo que hizo la empresa eléctrica de la provincia de Río Negro en 1993, mucho antes de que existiera Edersa y cuando la distribución estaba a cargo de la ERSE –Energía Río Negro Sociedad del Estado-. La convocatoria a inversores privados para construir usinas térmicas fue publicada el 11 de febrero de 1993 por la ERSE. Ese aviso señalaba el objetivo en forma muy clara: "obtener adecuadas condiciones de compra que mejoren las existentes en el Mercado Eléctrico Mayorista y posibilitar reducir la tarifa al usuario final". Luego se hizo un pliego para construir una usina térmica a gas, en el departamento de General Roca, para reemplazar con su generación toda la energía que Río Negro compraba al Mercado Eléctrico Mayorista. Esta decisión, vista a la luz de los años, resultó inadecuada, ya que una provincia con ríos caudalosos como Río Negro se auto excluía del uso de la energía hidroeléctrica. Sin embargo, al menos, el contrato que se firmó luego con la Turbine Power establecía que el precio de venta no podía ser superior al del Mercado Eléctrico Mayorista e incluso fijaba un beneficio, como mínimo, del 2 por ciento respecto de aquel, además de que se iba adquiriendo por el mismo precio una porción de la central. Esto significa que, desacertada o no, aquella decisión no fue ruinosa, como sí lo fue el precio fijado por el nuevo contrato, en julio de 1996 y que incrementó en el primer mes en un 40% el precio pagado por empresas y consumidores particulares en Río Negro. Contrato original con TPC El contrato con la TPC, único interesado que respondió al llamado de la provincia, fue firmado el 17 de diciembre de 1993. Era gobernador Horacio Massaccesi y Miguel Srur presidente de la ERSE. En él la empresa se obligaba a instalar una central térmica de 123,4 MW y a vender y entregar la energía suficiente para abastecer la curva de carga de la distribuidora ERSE. Y a transferirla sin cargo a la finalización del plazo de ejecución del contrato, en la proporción de la capacidad puesta a disposición que hubiera sido adquirida efectivamente por la distribuidora. La ERSE se obligaba a recibir y pagar mensualmente la capacidad puesta a disposición y la energía eléctrica necesaria para satisfacer la demanda en la provincia, salvo la generación hidráulica propia y el futuro aprovechamiento Salto Andersen. El plazo del contrato serían 20 años desde la fecha de puesta en marcha. La TPC se obligaba a construir obras de interconexión para unirse al Sistema Interconectado. Se preveía que el abastecimiento de la curva de carga de la distribuidora podría hacerse con la energía generada por la central térmica o comprando al Mercado Eléctrico Mayorista. En cuanto al precio de compra, el contrato estipuló un valor integrado por dos ítems: $19,975 el MW/h de potencia instalada y puesta a disposición, valor que se actualizaría anualmente por el Indice de Precios de Estados Unidos; y $11,745 el MW/h de energía eléctrica entregada, valor a ajustar con el costo del combustible. Una cláusula del contrato establecía que el precio, en total, no podría superar en ningún caso la facturación de referencia de la energía eléctrica para el nodo Río Negro. La TPC se obligaba a contratar una reserva fría, para el supuesto de tener inconvenientes técnicos en la provisión y dotar de seguridad al sistema. La empresa construyó la Termo Roca con un crédito de 50 millones de pesos otorgado por el Galicia Capital Markets SA, liderado por el Banco de Galicia y Buenos Aires, el Banco de Crédito Argentino, el Banco Quilmes, el Medefin, el Banco del Sud y el Sudameris. Comenzó a operar el 16 de marzo de 1995, lo que determinó el inicio de aplicación del contrato. El marco regulatorio En el marco de la ola de privatizaciones a nivel nacional, la provincia sancionó por ley 2.902 su Marco Regulatorio Eléctrico y lo reglamentó por decreto N°1.291. Esa misma ley 2.902 previó liquidar la ERSE y crear en su lugar el Ente Provincial Regulador Eléctrico y la ERSA como sociedad anónima, y poner en venta el 90% de sus acciones. El Marco Regulatorio Eléctrico y su reglamentación están vigentes desde el 9 y desde el 23 de octubre de 1995 respectivamente. En lo que respecta al precio de las tarifas que se apliquen a los usuarios, la ley señala que deberá guardar relación con las que rigen en el Mercado Eléctrico Mayorista. El decreto reglamentario es más preciso: establece en su artículo 41 inciso c): "En el caso de compra de energía y potencia en el Mercado Eléctrico Mayorista –Sistema Estabilizado o Mercado a Término- o abastecimiento por centrales propias que no son administradas por el Organismo Encargado de Despacho, se considerará el costo real de provisión, el cual no podrá ser superior al precio que por igual suministro rija en el Mercado Eléctrico Mayorista". El contrato original cumplía con este requisito, pese a que había sido firmado antes de la aprobación del Marco Regulatorio Eléctrico. En cambio, el nuevo contrato renegociado con la TPC por el gobierno de Verani y la gestión de Jouliá nunca lo cumplió, y a la diferencia la pagan los rionegrinos. El pedido de la Turbine El 31 de agosto de 1995, cuando el gobierno de Horacio Massaccesi llegaba a su fin sumido en la cesación de pagos y en un grave conflicto social, el presidente de la Turbine Power Co., Sergio Quattrini, le remitió una nota pidiendo medidas tendientes a restablecer una ecuación económico-financiera de la empresa que consideraba vulnerada desde el momento mismo de la primera facturación. Invocaba urgencia, ya que se hablaba de la pronta privatización de la ERSE. Responsabilizaba de las pérdidas de la firma a la caída de los precios en el Mercado Eléctrico Mayorista y el aumento del precio del gas, entre otros puntos, y virtualmente acusaba al Estado de enriquecerse a su costa. En octubre de ese mismo año, el vicepresidente de la TPC, Rodolfo Costantini, formula una propuesta concreta: la empresa aumentaría la potencia instalada montando un sistema de ciclo combinado -el mismo que acaban de anunciar- de 60 MW, en los siguientes cuatro años. Ofrecía que, en ese lapso, la ERSE le pagara un 15% más de su facturación en concepto de compra anticipada de energía, monto que generaría un interés del 3% anual sobre saldo a favor de la distribuidora provincial, que recibiría desde el quinto año la energía pre comprada y, desde el noveno año, un 20% de ahorro por la reducción del precio de generación resultante del ciclo combinado. En el último punto de la nota, reclamaba al gobernador la realización de estudios conjuntos para establecer una banda tarifaria que corrigiera la ecuación económica financiera. Una comisión técnica de la ERSE creada al efecto recomendó a Srur no acatar este último pedido, por entender que ningún cambio imprevisto había sucedido desde el contrato original, que los precios pagados a la TPC eran los que hubiera pagado a su proveedor natural, el Mercado Eléctrico Mayorista, y que la variación en las utilidades obedecía al riesgo propio de toda actividad privada. En cuanto a la instalación del ciclo combinado, señalaban que con el precio del gas imperante en ese momento no resultaba económicamente rentable la inversión. Por último, abría la posibilidad de poner fin al contrato, en caso de que la TPC lo considerara inconveniente a sus intereses. El fiscal de Estado dio su conformidad con este dictamen, pero sugirió concertar un nuevo marco tarifario. El convenio adicional Como resultado de estos intercambios, el 21 de noviembre de 1995 la ERSE y la TPC firmaron un convenio adicional al contrato original. En él se estableció que la empresa instalaría el ciclo combinado con las pautas que había propuesto en cuanto a la compra anticipada de energía por parte de la ERSE, su interés, la devolución y el ahorro a partir del noveno año. Se establecía también que el Ejecutivo debía convalidar por decreto el acuerdo adicional y fijaría el plazo y la forma para establecer una banda tarifaria atendiendo a las pretensiones de las partes. La última resolución que sobre el tema toma el gobierno de Massaccesi es la primera de una seguidilla de desaciertos cuyas consecuencias siguen pagando los usuarios rionegrinos. La nueva tarifa Por decreto del 24 de noviembre de 1995 el Ejecutivo virtualmente consideró legítimo el reclamo de nueva banda tarifaria pedido por la Turbine Power y estableció que si en diez días las partes no se ponían de acuerdo, la fijaría el gobierno, para dar por terminado el diferendo en vísperas de la privatización de la empresa estatal. Srur pidió que se derogara parte del decreto, pero no tuvo éxito. Contrariamente, el 5 de enero de 1996 –ya estaba en el gobierno Pablo Verani- apareció publicado el decreto 21/96 que no sólo aceptaba el pedido de la Turbine sino que le fijaba a la energía un valor aún mayor al que ésta había solicitado: la nueva banda tarifaria tenía un piso de $31,19 y un techo de $32,20 el MW/h. El primer mes de vigencia de esa nueva banda tarifaria significó el primer mes más de medio millón de pesos de incremento en los ingresos de la Turbine. Para hacer aún más notorio el salto, puede señalarse que ese mes el precio medio que se hubiera pagado con el contrato original (el 98% del precio fijado por CAMMESA) hubiera sido de $23,14 el MW/h, y los rionegrinos pagaron $32,40 el MW/h, lo que significó un 40% de incremento. Ante las críticas generalizadas, el gobierno pretendió neutralizar la medida dictando el decreto 271/96 pero la Turbine Power no lo aceptó, y finalmente el Ejecutivo dio su conformidad para no aplicarlo, en el texto del nuevo Acuerdo Marco firmado con la generadora. El nuevo Acuerdo Marco De mal en peor, el nuevo Acuerdo Marco firmado el 5 de julio de 1996 alteró en forma sustancial el contrato original con la TPC y causó un grave perjuicio a los rionegrinos y al Estado. Aquel 5 de julio de 1996 Horacio Jouliá, en representación de la ERSA, firmó con la Turbine Power un nuevo contrato de abastecimiento. Al incrementar el precio que ERSA debía pagar por la energía, este acuerdo modificó el valor de la empresa provincial cuando la privatización ya estaba en marcha y los pliegos en la calle, y nunca fue publicado en el Boletín Oficial, con lo cual fue un misterio para el común de los rionegrinos. Por él, las partes rescindieron el contrato original firmado el 17 de diciembre de 1993 y el adicional del 21 de noviembre de 1995, y desistieron de las acciones legales que pudieran corresponderles. La ERSA compró en $7.500.000 el 7,5% del capital de la Turbine Power Co. Como hacía 18 meses de la vigencia del contrato, la provincia había generado ya un derecho sobre la propiedad de la TPC equivalente a la energía instalada efectivamente utilizada, es decir que compró algo sobre lo que ya tenía derechos. Por añadidura, al valuar en $7,5 millones el 7,5% de las acciones, la provincia reconoció que la TPC valía $100 millones cuando, como ha sido dicho, construir la central costó $50 millones, lo que implica duplicar el valor de la empresa. La ERSA pagó $2.500.000 dólares más IVA por la interconexión que había realizado la TPC y que, según el contrato original, ésta ya le había cedido sin cargo a la empresa provincial. Es decir que pagó por algo que ya le pertenecía en su totalidad desde el momento en que la central había comenzado a funcionar. La ERSA reconoció a la TPC $670.000 más IVA y se lo pagó en Cedern en concepto de "diferencia de potencia", concepto que ni siquiera existía en el contrato original. Las partes ratificaron la vigencia de la banda tarifaria dispuesta por el decreto 21/96, sin aplicar el decreto 271/96 que había pretendido modificarlo. Este precio implica para los rionegrinos que ya no rige el "techo" del precio fijado por el Mercado Eléctrico Mayorista. En rigor, el precio pagado por Edersa en todo este tiempo nunca fue menor que el del MEM en igual período y proyecciones de expertos afirman que nunca será. Por el nuevo acuerdo, la TPC puso a disposición de la distribuidora una potencia instalada de 125,3 MW (curiosamente ya no de 123,4 MW) y se compromete a vender y entregar toda la energía que ésta requiera para satisfacer la curva de carga "real" (y no la declarada ante CAMMESA, que permitía una variación de hasta el 5%). Se prorrogó el vencimiento del contrato al establecerlo en 19 años desde la privatización de Edersa. Acerca de la reserva fría, previó que no se exigirá hasta el fin del octavo año o hasta que se construya la cuarta línea y, desde entonces, quedará a criterio de un consultor. Esto significa que se reduce la calidad del servicio. Y, además, se quitó a TPC la obligación de pagar impuesto de Sellos por varios millones. Privatización y después... Para cuando esto ocurría, ya estaba en marcha la privatización. El 24 de junio de 1996 había sido publicado el decreto Nº530 que constituyó Edersa y llamó a concurso público internacional para la venta del 90% de su capital, aprobando el pliego de bases y condiciones. Por lo tanto, el nuevo contrato de abastecimiento firmado once días después con la Turbine Power fue agregado a los pliegos por circular 8 Anexo XI, y nunca fue publicado en el Boletín Oficial. Con ese solo hecho, el valor real de la empresa Edersa acababa de cambiar en unos cuantos millones, en perjuicio del Estado provincial y de sus ciudadanos. Para ese momento, aquel texto del primer llamado a interesados para construir centrales térmicas con el objetivo de lograr condiciones "que mejoren las existentes en el Mercado Eléctrico Mayorista" era sólo un recuerdo. Las condiciones del contrato original habían sido alteradas, siempre en perjuicio de la provincia y de sus habitantes, se pagó por cosas sobre las cuales ya se habían generado derechos y se comprometió un precio que hoy es determinante para condicionar la competitividad de nuestra fruticultura y de cualquier industria o actividad económica en Río Negro. Las decisiones fueron tomadas por funcionarios, algunos de ellos elegidos por el voto popular. Otros no. Estaban en funciones la Legislatura provincial, la Fiscalía de Estado y todos los órganos de control interno y externo que prevé la Constitución, y todos los estamenos de la Justicia, incluyendo aquellos cuya función es accionar la acción penal ante perjuicios ilícitos, estaban en su pleno ejercicio. Un amparo y una denuncia ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas presentados por la oposición legislativa, no tuvieron eco. Pablo Verani sigue siendo gobernador. Y Horacio Yamandú Jouliá nunca fue interpelado por este tema ni debió responder ante nadie. Hoy conduce el Consejo Federal de la Energía Eléctrica. Vive en Buenos Aires y su situación económica es mucho más holgada que cuando comenzó su actividad como abogado en reparticiones públicas de Río Negro. Nunca tuvo la notoriedad de un Daniel Sartor, pero tampoco sus problemas. Nunca fue consultado ante las cámaras del país. Casi no viaja a Río Negro. Alicia Miller (*) (*) Para esta nota se consultó al cdor. C.Celeste y al abogado J. P. Bohoslavsky, consultores de la Federación de Entidades Empresarias. |
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