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Lunes 1 de octubre de 2001 | |
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Proyecto para evitar abusos laborales en el Estado |
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La idea de prevenir y sancionar cualquier tipo de abuso en las dependencias del Estado, fue plasmado en un proyecto de ley. Se realizó tras una inquietud que salió desde el gremio de UPCN, ya que había antecedentes de denuncias pero que no tuvieron una respuesta satisfactoria. El proyecto no sólo tiene alcance a los abusos de carácter sexual, sino a cualquier tipo de agresión psicológica que se lleve a cabo utilizando la mayor jerarquía. |
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| VIEDMA (AV)- Un proyecto de ley intenta controlar abusos laborales en la administración pública rionegrina. No sólo contempla el abuso sexual sino las diferentes acciones que implican el ejercicio de la violencia en el trabajo. Tiene la finalidad de establecer un marco normativo para prevenir, sancionar y erradicar ese tipo de hechos en los organismos estatales y dar respuestas en ese sentido. Para ello se tuvo en cuenta la propuesta de UPCN con el propósito de generar el debate sobre estas temáticas que han generado denuncias por parte de empleados, pero que no han tenido una respuesta satisfactoria. Por lo general el denunciante se ha visto obligado a dejar su habitual espacio laboral, ante la falta de una sanción, en caso de comprobarse un hecho de violencia de parte de algún directivo o funcionario. En los fundamentos de la iniciativa presentada por la comisión legislativa de Estudio de la Problemática del Género que preside la diputada de la Alianza María García, se destacó que la violencia laboral es un término novedoso que encuentra sustento en la Constitución, en el marco de lo establecido sobre la protección integral de las personas a través del control de acciones discriminatorias, y las destinadas a promover la igualdad y dignidad de las personas. Se añadió que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se ha ocupado con especial atención del tratamiento de esta temática y ha considerado que la violencia relacionada con el trabajo constituye un problema de seguridad y salud laboral. Además la OIT sostiene que si bien estadísticamente son las mujeres las que padecen en mayor medida este tipo de violencia, la realidad impone que tanto hombres como mujeres puedan reclamar la protección necesaria. La investigación previa realizada sobre esta problemática permitió a los legisladores autores de este proyecto, concluir en que los hechos de violencia en los ámbitos laborales tanto públicos como privados son más frecuentes de lo que se cree, lo que reafirmó la necesidad de contar con los instrumentos legales necesarios para prohibir, sancionar y erradicar la violencia laboral en el ámbito público. Puntualizó que si bien en el país se avanzó en establecer el "acoso sexual" como un delito -propiciando la reforma del Código Penal o incorporando esa figura como una falta grave a los estatutos de empleo- resulta necesario definir las diferentes posibilidades de violencia que se puedan producir. La iniciativa define la violencia como abuso de poder, como la acción del más fuerte sobre el más débil con el objeto de someterlo, en una actitud discriminatoria ligada a pautas culturales o modos de comportamiento que son socialmente "aceptadas". Trasformado este proyecto en ley se intenta legislar acerca de los diferentes aspectos que caracterizan a la violencia laboral como el maltrato físico, psíquico y social y acoso sexual. Además contempla las obligaciones, deberes y responsabilidad del Estado y el procedimiento para presentar la denuncia. Uno de los artículos se refiere a la garantía que se le ofrecerá a los denunciantes y testigos para evitar que sufran perjuicio personal alguno, pero el proyecto también incluye sanciones para quien presente falsas denuncias y sanciones desde apercibimientos hasta exoneraciones para quien trasgreda esta ley. |
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