| |
VIEDMA (AV).- El bloque de diputados oficialistas está dividido en el proyecto de emisión de los bonos para los aguinaldos.
El sector no veranista quiere limitar esa autorización a los aguinaldos del actual ejercicio -que rondará los 20 millones- mientras los alineados al gobernador Pablo Verani defienden el proyecto original de una emisión de 70 millones, que también permitirá contar los bonos para el 2002 y 2003.
Este proyecto será tratado en la sesión prevista para mañana aunque esta convocatoria podría complicarse si hoy una asamblea de empleados legislativos decide medidas de fuerza por la demora en el pago de los salarios de setiembre. Además se conoció una propuesta del gremio para suspender la entrega de tickets y transformar ese pago en suma "no remunerativa" para que la provincia mantenga el ahorro por aporte previsional. (ver aparte)
Aquella diferencia del bloque de la Alianza por la habilitación de los bonos ya se formalizó en despachos de tres comisiones legislativas -Económico, Constitucionales y Presupuesto- ya que existieron resoluciones propios entre veranistas y disidentes. El presidente del bloque, Miguel Saiz confía en lograr hoy un criterio común en la reunión convocada para las 19.
La alternativa sería acotar la emisión de los bonos Río 4 necesarios para cumplir con los aguinaldos de este año. Esa obligación exigiría 15 millones en títulos ya que se pagó una parte del primer aguinaldo (una de seis cuotas), que la policía cobra en efectivo y que no cobrarán funcionarios y autoridades de los tres Poderes. Igualmente, la Legislatura autorizaría una emisión de 20 millones.
En la reunión de ayer de Labor Parlamentaria se acordó el tratamiento de ocho proyectos del Ejecutivo.
El orden del día prevé la iniciativa que "declara de interés económico y social el desarrollo del proceso de licitación para la explotación del complejo minero de Sierra Grande", procurándose "la incorporación directa de mano de obra local".
Entre otras iniciativas del Ejecutivo, la Legislatura evaluará "la creación del Fondo Fiduciario Rionegrino de Infraestructura y Vivienda", como también. "el proyecto que fija nuevos aranceles por los servicios que presta la Dirección de Registro Civil".
Asimismo, originada en la Comisión de Educación y Cultura, la sesión contempla el análisis del proyecto de reformas de la Ley 2444, esencialmente aquello referente a la educación de gestión privada.
Mayores diferencias entre diputados y Economía
La pulseada oficialista por los bonos tiene razones técnicas y políticas. El sector no veranista se muestra, cada vez, más alejado de Economía. Pero, el ministro José Luis Rodríguez parece esforzarse en darle motivos: en esa cartera se "demoró" por varias semanas un pedido legislativo al Ente Regulador de Energía por mayores precisiones de su posición por la aplicación del impuesto inmobiliario a las empresas de servicios. Llegó al EPRE recién un día antes del vencimiento del plazo para contestar ese informe.
En contrapartida, los diputados no veranistas aportan sus propias chicanas. La semana pasada, el presidente del bloque, Miguel Saiz convocó a los titulares de cada comisión legislativa a una reunión en Economía para evaluar el proyecto de bonos. Según lo acordado en una reunión del critico sector "Agenda", el diputado disidente, Fernando Chironi llegó con Guillermo Wood, que no preside ninguna comisión permanente pero, en cambio, origina contrarias reacciones en cadena en el equipo de Rodríguez. (AV)
La Legislatura evalúa la suspensión del pago salarial con tickets
VIEDMA (AV). La Legislatura evalúa suspender la entrega de tickets y transformar ese pago en monto no remunerativo, manteniendo así el ahorro previsional que prevé el gobierno provincial.
Esa posibilidad fue planteada ayer en Labor Parlamentaria por el secretario general del gremio legislativo, Alejandro Gatica. El vicegobernador Bautista Mendioroz adelantó que analizará legalmente esa posibilidad, que habría tenido un respaldo de los presidentes de los bloques. El gremio legislativo propuso que se pague en efectivo y se pase a suma "no remunerativa" -que no realiza aportes previsionales- con el objetivo que se mantengan el ahorro proyectado por Economía. La posibilidad se debe analizar pues Río Negro ya tiene aportes en negro aunque siempre Nación reclama su normalización. Pero, esa suma puede transformarse en "refrigerio o bonificación" que la ley permita el no aporte previsional.
Mientras tanto, un empleado público presentó un amparo a la Justicia por la liquidación de los vales alimentarios. Desde los haberes de agosto, el personal de la administración pública de Río Negro -salvo el Poder Judicial- cobra una parte en tickets pero con el reparto de los recibos se originaron dudas ya que al previsto pago en vales se sumó otra inscripción de retención bajo la denominación "decreto 5/2001".
Inicialmente, UPCN advirtió en relación a esta cuestión y el Consejo de la Función Pública aportó una respuesta técnica. Esas quejas se transformaron un reclamo por un aporte adicional en tickets que luego logró un compromiso gubernamental de 10 pesos en los agentes con remuneraciones menores. Promesa todavía no cumplida por parte del gobierno provincial.
Simultáneamente, un empleado presentó un amparo, lo cual, requirió que el juez Juan Bernardi pidiera información al Consejo de la Función Pública. En la misma, el organismo -que conduce Carlos Oliva- manifestó que en "el cálculo del porcentaje en vales alimentarios" se partió de dos premisas: el sueldo neto desde agosto "más los vales alimentarios -en ningún caso- puede ser inferior" al neto anterior (julio 2001) y "el porcentaje de vales alimentarios no debe superar en ningún caso el 20 por ciento del nuevo imponible del recibo de haberes".
Esas premisas se generan a partir del decreto 5/2001. Esos cálculos determinan que el porcentaje de los vales es del 16,2 por ciento de la suma remunerativa anterior (monto imponible) pero también -según la explicación técnica- se fija un coeficiente del 0,02749 por el imponible anterior que "es el monto que por sobre los vales alimentarios es necesario reducir el imponible anterior para cumplir", siempre centrada en el cumplimiento de las dos premisas: mantener el neto salarial (efectivo y tickets) y que la aplicación de los vales no supere el 20 por ciento de nuevo imponible. Además, el gobierno provincial -sin mención en el decreto- prevé que la aplicación de los tickets no origine mayores gastos de la masa salarial.
Sin cronograma y con "bronca" de UPCN
VIEDMA (AV).- El gobierno provincial se mantiene sin posibilidad de anunciar el cronograma salarial de setiembre y sólo intenta postergar los vencimientos de los servicios.
En este escenario hoy será jornada no laborable para los estatales al celebrarse el Día del Empleado Público. La UPCN hizo pública su "bronca" por la falta de un cronograma mientras el gobernador Pablo Verani pidió comprensión en su salutación.
Un documento firmado por el secretario general Juan Carlos Scalesi señala que "esta bronca se transforma en indignación cuando vemos la situación de los hospitales, al borde del cese de sus actividades por falta de recursos con trabajadores castigados con el pago parcial en tickets, de sus guardias y horas extras, sin avisar ni consultar".
Advirtió que "estamos peligrosamente al borde de un abismo, ya que la profunda recesión, producto de las sucesivas medidas de ajustes que están llevando a los ciudadanos al no pago de sus impuestos, con el consiguiente perjuicio para los empleados publicos, ya que nuestros salarios salen de allí".
También amenazó con que "es necesario encauzar nuestra bronca, para no paralizarnos ante la falta de sentido común y el desprecio por nuestros esfuerzos".
Por su parte, el gobernador envió una salutación instando a su comprensión por las dificultades financieras que afectan a las provincias y al país.
El mandatario señaló que nadie más que él es consciente de la coyuntura difícil por la que atraviesa el país, ya que "diariamente debe trabajar en Buenos Aires por las respuestas nacionales que permitan tanto a Río Negro como a otras provincias.
Fallo judicial contra la quita
VIEDMA (AV)- La Cámara del Trabajo de esta capital hizo lugar a una nueva demanda promovida por empleados de Salud por los descuentos salariales.
Este fallo es uno de los últimos en esta instancia judicial ya que el Superior Tribunal está completando la primer resolución en esta cuestión salarial, que acumula más de 140 páginas. Existen otros 400 expedientes por iguales reclamos de casi 12 mil estatales.
Mientras tanto, la Cámara del Trabajo ordenó a la demandada a que reintegre a los agentes la sumas descontadas desde junio de 1996.
Los jueces laborales fundamentaron que las normas produjeron en los empleados una "mengua" en sus haberes públicos "encontrándose ausente en la norma en análisis el principio de temporalidad que permita mantener el estado afectatorio dentro de un límite". |
