Un mes después, la Justicia allanó Rocafé

A raíz de la investigación publicada por "Río Negro", una fiscal había pedido 25 medidas. La jueza solicitó autorización al Superior Tribunal y le dijeron que no tenía que pedir permiso.

ROCA (AR).- Recién un mes después de que la fiscal Ana Benito promoviera acción de oficio tras la investigación publicada por "Río Negro", la empresa Rocafé fue allanada por la justicia rionegrina.
Durante diez horas y con colaboración de una analista de sistemas y un contador, la secretaria del juzgado de Instrucción 6, Ana Bejar, revisó exhaustivamente las oficinas de la contratista del Estado, en Brasil y Don Bosco. Minutos antes de las 2 de la madrugada de ayer se retiró con nueve CPU de computadoras, dos equipos informáticos completos, cuatro cajas con libros de balances y una caja con diskettes, que comenzaron a ser analizados para determinar la existencia de delitos en el manejo de la empresa perteneciente a Juan de Dios Rodríguez.
La secretaria del juzgado a cargo de Margarita Carrasco arribó con la experta en informática Alejandra Peschueta y el contador público Diego Pérez Soto pasadas las 16 del lunes. Junto a ellos, un móvil policial custodió que el allanamiento se realizara sin impedimientos.
Los sospechosos movimientos de fondos con financieras, otras empresas del grupo y la firma Valle Montuoso S.A. -propietaria de Rocafé en los papeles pero que en los hechos no existe en su domicilio de Uruguay- motivaron la intervención de la fiscal Benito. Sin embargo, trascendió que en total fueron 25 las medidas que solicitó al juzgado, que abarcan desde la investigación contable hasta las licitaciones públicas ganadas por Rocafé en Río Negro, pasando por los contratos directos para la provisión de máquinas expendedoras de café en los edificios públicos de la provincia.
Fuentes allegadas a la causa aseguraron que tanto en el Superior Tribunal de Justicia como en la Fiscalía 3 se expresó disconformidad por la lentitud para llevar adelante tal vez el procedimiento más importante de la investigación judicial, solicitado 30 días atrás en la promoción de acción del ministerio público.
El valioso tiempo perdido, durante el cual la empresa podría haber ocultado información crucial para comprobar algún delito, fue eje de los cuestionamientos a la jueza Carrasco.
Este diario confirmó ayer que la magistrada envió una nota al STJ el 28 de septiembre, en la que solicitaba autorización para contratar a los dos profesionales que colaboraron en el allanamiento, pero en la que también "se infería la necesidad de que el máximo cuerpo judicial de la provincia avalara el inicio de los procedimientos que solicitaba la fiscal", según indicó una alta fuente. Carrasco además habría detallado las 25 medidas solicitadas por la Fiscalía, también cuestionado por la posibilidad de que se filtre información durante el envío a Viedma del escrito.
La misma fuente agregó que el 3 de octubre, los jueces del STJ aprobaron la contratación de los peritos, pero dejaron en claro que no les correspondía a ellos inmiscuirse en la actividad propia del juzgado, temas que son potestad de su titular, en este caso la doctora Carrasco.
Consultada la magistrada acerca del prolongado tiempo transcurrido, respondió que el allanamiento no fue primera medida llevada a cabo a partir de la iniciativa de la fiscal Benito.
"Hay muchas que ya se ejecutaron. Es una cuestión de exclusiva responsabilidad del Juzgado cuándo va a ordenar las medidas. No hay primera, segunda, ni tercera. Son todas importantes", agregó Carrasco, quien no quiso detallar resultados sobre las acciones previas.
En tanto, desde la Fiscalía 3 fue poco lo que se indicó sobre la investigación. Benito sólo precisó que en la tarde del lunes la notificaron sobre los allanamientos y que el expediente -caratulado como "Rocafé sobre denuncia"- pasará la semana próxima a la fiscalía a cargo de Luis Galeano, quien se encontraba en goce de licencia.
Por otra parte, ayer se negó que en el procedimiento judicial haya participado personal de la AFIP-DGI, que el 10 de octubre y tras la primera publicación de la investigación de "Río Negro", inició una verificación integral a Rocafé, ante la seria sospecha de evasión impositiva por parte de la firma roquense y otras empresas vinculadas con Juan de Dios Rodríguez .

Sigue adelante la investigación de la AFIP-DGI

Al margen de la investigación judicial, los registros contables de Rocafé son analizados por la AFIP-DGI desde que este diario publicó la investigación en la que se advirtieron insólitos y sistemáticos movimientos en las cuentas bancarias de la empresa.
A 24 horas del primer informe de "Río Negro", personal de la división Fiscalización Externa de la Regional Neuquén del organismo se presentó en las oficinas de Rocafé.
De la misma manera que lo hicieron los funcionarios judiciales hasta ayer, exigieron los registros contables en los que se asentó el Impuesto a las Ganancias, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a la Ganancia Mínima y el correspondiente a Seguridad Social pagados por la empresa, ante la sospecha de evasión.
En ese mismo momento dieron 15 días de plazo a los responsables de la firma para reunir los datos y exhibirlos.
En este sentido, el titular de la Regional Neuquén, Bartolomé Silva, confirmó ayer que Rocafé presentó la documentación requerida y que la verificación integral seguía adelante.
Silva aseguró que el organismo no participó de los allanamientos iniciados el lunes, pero había posibilidad de que solicitaran datos a la justicia para incorporarlos a la investigación de AFIP-DGI, que concluirá en un plazo no menor a seis meses dada la complejidad de la información a verificar. (AR)

Una vinculación sintomática

Uno de los intereses de la justicia es determinar si existe conexión entre la amistad del gobernador Verani con Juan de Dios Rodríguez y las licitaciones públicas ganadas por Rocafé en los últimos años.
Un dato advertido por este diario en su investigación fue el cobro en efectivo y a pocos días, algo impensado para otros proveedores. En este sentido, una fuente confirmó ayer que en los últimos días la firma recibió un cheque oficial por 84.000 pesos, generados en la compra de alimentos.
La misma fuente indicó que durante el allanamiento del lunes, el gerente de Rocafé, Carlos Petit, no se encontraba presente y agregó que no está en la ciudad desde hace dos semanas. También se mencionó un llamado de Verani a la empresa, quien habría manifestado su preocupación por la investigación.
En esos días, Petit firmó una solicitada -publicada el 4 de octubre pasado- en la que se expresa la total predisposición de la empresa a brindar toda la documentación requerida.
Trascendió que durante el tiempo desde la investigación de este diario hasta el allanamiento del lunes, en dos ocasiones se habrían quemado papeles en dependencias de la empresa, que ya nunca se sabrá qué contenían. (AR)

Foto: Pasada la medianoche, un móvil custodia frente a Rocafé mientras los funcionarios judiciales buscan documentación.