 |
||
 |
Domingo 14 de octubre de 2001 | |
|
Pagaron anticipos, pero ahora no se los reconocen |
|
Vecinos de un barrio construido en Bariloche entre la CGT y el IPPV presentarían un amparo administrativo porque el organismo provincial no les toma en cuenta lo abonado al sindicato. |
||
| SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Más de 250 vecinos del barrio construido en Bariloche por el IPPV y la CGT se niegan a acordar nuevos planes de pago con el organismo provincial porque no les reconocen los anticipos ya abonados a la central obrera, que según los casos van de los 6.000 a los 9.000 pesos. Según la vocera del grupo, Mirta Ferrario, todos los reclamos que plantearon hasta ahora chocaron con el silencio del IPPV, "que está desconociendo el convenio marco que en su momento firmó con la CGT". Ahora estudian la posibilidad de acudir a la justicia con un "amparo administrativo". Los vecinos "autoconvocados" fueron víctimas de distintas irregularidades durante el proceso de construcción y entrega de las viviendas, en el que tuvieron como interlocutor en un primer momento al representante de la CGT, Víctor Franco. Según lo convenido, los adjudicatarios pagaron varias decenas de cuotas por el terreno y el "mejoramiento" de las viviendas, de las que se hacía cargo la confederación sindical, porque con recursos del Fonavi sólo se financiaba la "cáscara" de las construcciones. El precio total según el plan convenido era de 23.500 pesos por unidad habitacional. Cuando recibieron las llaves surgió el primer conflicto, ya que el IPPV les dijo que debían pagar un monto total de 44.000 pesos. Luego de largas negociaciones el organismo provincial aceptó adecuar los valores, fijando el precio de cada unidad en 22.356 pesos, pero se negó a reconocer los pagos previos hechos a la CGT. Los vecinos se quejan de que ahora el IPPV los "presiona" para firmar el plan "Consolidar", que los obligaría a pagar lo adeudado. Pero lejos de aceptar esas condiciones, los adjudicatarios reclaman que se les descuente lo ya pagado, que en algunos casos alcanza al 40% del valor de las casas. En los últimos meses enviaron todos los antecedentes del caso al legislador por la Alianza Hugo Castañón, quien -según aseguraron- les reconoció que habían sido "víctimas de una estafa". "Hoy no se nos quiere reconocer el anticipo que pagamos y nos dicen que la CGT se lo guardó, pero nunca fue reclamado por el IPPV a la CGT, para cumplimentar el financiamiento acordado", aseguran en la nota en cuestión, que también presentaron en el Deliberante local. Refirieron que "hay sin duda una actitud cómplice" del IPPV, ya que en el convenio firmado en 1990 con la central obrera delegaba de alguna manera el cobro de las cuotas pero sin desligarse de la última responsabilidad. Los vecinos expresaron su preocupación "por la negligencia evidente" de los funcionarios del IPPV. Uno de ellos, José Luis Fulkes, pareció darles la razón cuando desde Viedma dijo que no había recibido ningún reclamo del barrio IPPV-CGT de Bariloche y que "si le pagaron a la institución (por la CGT), seguramente no se les reconocerá el dinero, como ya ha pasado con otras entidades intermedias". Pedido del Banco Hipotecario cosechó rechazos en Río Negro VIEDMA (AV).- La indefinición del Banco Hipotecario despertó múltiples críticas en Río Negro. El vicegobernador Bautista Mendioroz, el presidente del bloque oficialista, Miguel Saiz y la Comisión de Perjudicatarios coincidieron -en expresiones individuales- en la falta de ofrecimientos concretos de quitas a beneficiarios de créditos. Mendioroz salió al cruce del presidente del Banco Hipotecario, Marcelo Kiguel, rechazando mediante el envío de una nota sobre que la ley provincial que permite a "perjudicatarios" demandar a esa institución por créditos considerados onerosos, haya sido concebida "como un elemento de presión o amenaza ni como parte de una estrategia de negociación". Al rechazar las acusaciones de "antijuridicidad" destacó que "es el producto del consenso unánime de todas las fuerzas políticas representadas en el parlamento rionegrino, en respuesta a la demanda generalizada de los adjudicatarios de créditos del banco anteriores a 1991". Resaltó que "la ley goza de todos los elementos formales que hace a su vigencia". Señaló además que "el gobierno provincial hizo los máximos esfuerzos para que la suspensión de la ley tuviese efecto y en un marco de soluciones generalizadas eventualmente se pudiera desembocar en su derogación". Kiguel había reclamado recientemente a la Legislatura la eliminación de la ley provincial 3.504, que posibilita litigar sin costos judiciales a quienes se consideran damnificados por decisiones del BH vinculadas con créditos hipotecarios, los inmuebles, su valuación y trámite de ejecución, ya sea en carácter de actor o de demandado. La norma mencionada fue sancionada el 15 de marzo y promulgada el 6 de abril de este año, y luego modificada por el decreto-ley 2/01, que prorrogó su entrada en vigencia por 180 días, con la intención de otorgar un plazo prudencial para que se alcanzase un acuerdo entre partes. Junto con la pretensión de eliminar la norma, el directivo sumó la calificación de "antijurídica", a menos de tres semanas de que la ley entre en vigencia como consecuencia del fracaso de las negociaciones por quitas a "perjudicatarios". Por otra parte, representantes de "perjudicatarios" recomendaron a los beneficiarios de créditos que no firmen el convenio individual para aplicación de la quita especial por cuanto se trata de un "engaño" y "no nos favorece". |
||
|
® Copyright Río Negro Online - All rights reserved
|
||
|
Ediciones anteriores | Editorial | Artículos | Cartas de lectores || El tiempo | Clasificados | Turismo | Mapa del sitio Escríbanos || Patagonia Jurásica | Cocina | Guía del ocio | Informática | El Económico | Educación |
||
 |
|
|
 |
||