Sábado 13 de octubre de 2001

 

El Frente Grande denunció la entrega de "partidas de Desarrollo Social"

 

La denuncia presentada por los legisladores Chironi y Wood se fundamentó en la presunta existencia de un depósito donde se estarían repartiendo bienes del Estado nacional.

  VIEDMA (AV).- Una denuncia penal derivó en el allanamiento a un local de esta capital por presunta entrega de elementos del Estado en la campaña electoral. Esa presentación fue elevada por diputados del Frente Grande por la existencia de un depósito existente en un inmueble céntrico y la aparente distribución de lo que serían "partidas de Desarrollo Social".
En oportunidad del allanamiento, el subsecretario de Desarrollo Social, Adrián Torres, se presentó y se habría hecho responsable del depósito de mercaderías de Zatti 77 de Viedma.
Mientras tanto, el dirigente peronista Diego Larreguy, denunció anoche ante la justicia que pese a la veda electoral, en un local de la Alianza en el centro roquense se habría continuado con la propaganda.
En el caso de Viedma, la comitiva policial habría constatado la existencia de mercadería y habría secuestrado registros de entrega. Esos informes serán ahora elevado al juez Jorge Bustamante, quien atiende esa causa iniciada por una denuncia penal de los diputados Eduardo Chironi y Guillermo Wood del Frente Grande.
Los legisladores se presentaron en la fiscalía de Daniela Zágari para denunciar "presunto desvío de fondos" de partidas que estimaban pertenecían a "desarrollo social" o "elementos de propiedad del Estado provincial para ser repartidos en la víspera electoral, incurriendo en prácticas clientelistas, como lo es la compra de votos".
Los diputados consignan el reparto de "mercadería preelaborada, chapas de cartón, colchones y hasta planes de trabajo", que se estaban entregando en un operativo dirigido por un comisario inspector retirado.
El local está ubicado en Zatti 77 pero también tiene salida por Alvaro Barros. La policía comprobó la existencia de mercadería -especialmente azúcar, harina, arroz y legumbres- aunque no existían depósitos de chapas o colchones. Además, los uniformados también habrían comprobado que ese inmueble no pertenece al Estado.
En la presentación, Chironi y Wood estiman que los hechos denunciados se encuadran en "presunto incumplimiento de los deberes funcionarios públicos, defraudación por administración fraudulenta en perjuicio del Estado y asociación ilícita agravada".
Luego, la denuncia destaca que "estas prácticas clientelistas constituyen un insulto a la ciudadanía y al sistema democrático". Se "reparten elementos en medio de una profunda situación de crisis del Estado".
   
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