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Las tropas de EE. UU. ya operan junto a la Alianza del Norte
Revisarán el ingreso sin visa de argentinos
Entre las medidas para mejorar la seguridad, EE. UU. reduciría la cantidad de países cuyos habitantes pueden entrar al país sin visa: actualmente son 29. En el primer lote de seis estados bajo estudio estará la Argentina. Aunque la Cancillería y la embajada de EE.UU. aseguran que es "rutina", el Departamento de Estado admite que la elección "no fue casual".
"Estados Unidos estudia periódicamente estos programas, y en esta ocasión le tocó a la Argentina y a un grupo de países, pero eso no quiere decir que nos vayan a sacar el beneficio", explicó a "Río Negro" un vocero de la embajada argentina en Washington.
También en la embajada estadounidense en Buenos Aires minimizaron el impacto que la noticia había originado en un principio, y dijeron que por lo pronto el sistema vigente continuará funcionando sin modificaciones.
"Nosotros seríamos los primeros en enterarnos de una medida repentina. Y todavía no nos dijeron nada, así que por lo pronto el programa continúa vigente", aseguró un vocero.
Pero el anuncio se da en coincidencia con el lanzamiento de nuevas medidas para restringir el ingreso de visitantes e inmigrantes al país y el refuerzo del control fronterizo tras los atentados terroristas.
El vocero del Departamento de Estado, Richard Boucher dijo desconocer las razones por las cuales Argentina y otros cinco países fueron elegidos para esta primera revisión del programa, pero admitió "que la selección no fue al azar".
En Cancillería explicaron que junto con la Argentina, también se estudiará el funcionamiento del programa -denominado Visa Waiver- en otros cinco países: Bélgica, Italia, Portugal, Eslovenia y Uruguay.
Según informaron, la comisión que estudiará el caso argentino llegará al país a mediados de noviembre y en enero se expedirá sobre el tema. El Visa Waiver funciona en 29 países del mundo, pero la Argentina comenzó a instrumentarlo recién hace cinco años.
El análisis apunta a ver si los países en cuestión cumplen con las condiciones de seguridad básicas en la elaboración de la documentación y otros tramites de identificación de las personas.
El Departamento de Estado evalúa la seguridad de los pasaportes, el grado de cooperación entre las fuerzas del orden, la efectividad de los controles fronterizos, la historia de rechazo de visados y las condiciones de las relaciones bilaterales.
Al dar un adelanto de la revisión, el Washington Post señaló que entre las razones que pueden mover al gobierno estadounidense a revisar la inclusión de un país en el programa "waiver" se incluyen las crisis económicas y los fraudes y robos de pasaportes.
Denuncian la detención "en secreto" de más de mil personas
WASHINGTON (EFE/ ANSA) - Más de mil personas están detenidas o arrestadas en Estados Unidos en relación a los atentados terroristas del 11 de setiembre sin que, en la gran mayoría de los casos, se conozcan sus identidades o paraderos.
La situación creó gran preocupación entre las principales organizaciones de derechos civiles de Estados Unidos, entre ellas Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la American Civil Liberties Union (ACLU), que presentaron ante el Ministerio de Justicia un reclamo basado en la ley de libertad de información para que se de a conocer la identidad de los detenidos.
"Estamos profundamente desilusionados con la negativa del gobierno a responder a nuestros reclamos y a divulgar la información que asegure al público estadounidense que esta crucial investigación se está llevando adelante en respeto de las garantías básicas que concede la ley", dijo Gregory Nojeim, uno de los directores de la ACLU.
Las irregularidades en las detenciones encontraron ayer eco en la prensa .
El New York Times, por ejemplo, señaló que "los arrestos estuvieron envueltos en la confusión y el secreto" y que el Ministerio de Justicia "declinó, en muchos casos, proveer nombres y detalles" de las detenciones.
Las fuerzas policiales estadounidenses iniciaron los arrestos tras los atentados terroristas del 11 de setiembre, cuando un grupo de 19 secuestradores, presuntamente fundamentalistas islámicos, se apoderó de cuatro aviones comerciales y logró hacer estrellar tres de ellos contra el Pentágono y las torres gemelas de Nueva York, matando a miles de personas.
Una de las voceras del Ministerio de Justicia, Mindy Tucker, afirmó que todos los detenidos tuvieron acceso a un abogado. Sin embargo, las organizaciones de derechos civiles reclamaron días atrás al ministro John Ashcroft por la situación de varios de los detenidos que, afirmaron, no pudieron contactarse con sus familias ni con sus representantes legales.
"Mientras algunos aspectos de la investigación del FBI deben ser mantenidos en secreto -dijo el Center for National Security Studies en un comunicado-, nosotros no vivimos en un país donde el gobierno pueda mantener en secreto el nombre de las personas que arresta, su paradero o los cargos en su contra".
Para la organización, otra de las firmantes del reclamo formal presentado ante el Ministerio de Justicia, "la detención en secreto de más de 800 personas en las últimas semanas es una práctica inquietantemente cercana a la "desaparición" de personas en América Latina".
En el reclamo elevado ante el ministerio, las organizaciones de derechos civiles reclamaron que las fuerzas policiales den a conocer la identidad, nacionalidad y circunstancia del arresto de todas las personas detenidas, así como el nombre y la dirección de sus abogados.
También exigieron que se difundan los detalles de los procesos judiciales y de los lineamientos que el ministerio impuso a sus funcionarios en estos casos.
Gran parte de los detenidos son personas de origen medioriental, destacó Khalil Jahsan, dirigente del Arab-American Anti-Discrimination Committee
Según Jahsan, además de estar en el anonimato, muchos de los detenidos todavía siguen sin estar procesados ni recibieron cargos en su contra. "Es difícil establecer números claros", agregó el dirigente árabe-estadounidense, quien señaló que las organizaciones de derechos civiles estiman que son más de mil los detenidos y que otros 200 o 300 fueron ya liberados.
Uno de los arrestados, un paquistaní de 55 años que estaba en custodia en una cárcel de Nueva Jersey, murió el martes de la semana pasada en prisión. Según las autoridades judiciales locales, Muhammed Butt murió por complicaciones cardíacas.
Butt, que había sido detenido el 19 de setiembre por estar en condiciones migratorias irregulares, vivía en Nueva York y no se le conocía familia ni empleo, dijeron entonces voceros del FBI.
Entre los arrestados de los cuales se conocen las identidades figuran cuatro salvadoreños, sospechosos de haber colaborado con la fraguación de los papeles migratorios de algunos de los terroristas, aunque -aseguran- desconocían sus intenciones.
Uno de ellos, Herbert Villalobos, se declaró el lunes inocente ante un tribunal del estado de Virginia (ANSA).
Historia: La lección de la Corte
La redada de japoneses comenzó en la costa oeste de los Estados Unidos en la noche del 8 de diciembre del "45.
Pocas horas habían corrido desde el ataque a Pearl Harbor, y menos aún desde el momento en que Estados Unidos declarara la guerra al Imperio del Sol Naciente.
Decidido a tener férreamente bajo control su frente interno, el gobierno de Franklin Roosevelt ordenó aquel día de diciembre que todo ciudadano japonés que viviese en territorio norteamericano fuera internado en centros que, sin llamarse de detención, implicaban encierro.
Primero fueron concentrados en unidades de la Guardia Nacional, estadios deportivos e instalaciones portuarias. Luego se crearían verdaderas ciudades para alojarlos y con el tiempo el sistema de control se flexibilizó.
Pero en aquellas primeras horas de guerra, ante el despliegue y dinamismo que adquiría la operación internación, la Corte Suprema de los Estados Unidos brindó una digna demostración de sus histórica consustanciación con el Estado de derecho.
Así, le advirtió al gobierno que avalaría toda decisión destinada a asegurar las fronteras de los Estados Unidos y garantizar el triunfo en la guerra.
Pero también le dijo que no permitiría violaciones a los derechos individuales de cualquier ciudadano.
Y a modo de bocado final recordó que incluso siendo Japón el enemigo común de todos los norteamericanos, los nipones que vivían en el país merecían un total respeto, aun internados. Máxime cuando muchos de ellos eran padres de ciudadanos norteamericanos. (AR)
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