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Viernes 26 de octubre de 2001 | |
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Chicos que acusaron a policías terminaron muertos |
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La denuncia la hizo la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, que situó las cifras de menores muertos en "por lo menos 60" en el año último. Reclaman "medidas de contención". Verón dice que "hacen denuncias por deporte". |
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| LA PLATA- Sesenta adolescentes que habían denunciado amenazas y apremios policiales murieron después en supuestos enfrentamientos con policías bonaerenses durante 1999 y 2000, según denunció la Suprema Corte de Justicia bonaerense. Esta situación, podría implicar que policías "ajusticiaron" a esos jóvenes. La titular del Consejo del Menor bonaerense, la ex jueza Irma Lima, pedirá ante la Justicia que se investigue si la muerte de 60 adolescentes responde a un modus operandi por parte de la policía bonaerense. El tribunal exigió al gobierno de Carlos Ruckauf que genere los mecanismos para la reinserción social de esos chicos, mejoras en las condiciones de detención y el estricto cumplimiento de normas internacionales sobre derechos humanos de los adolescentes presos. El tribunal provincial detalló que esas muertes se produjeron en 1999 y 2000, al tiempo que reveló que entre enero y setiembre de este año otros 1.300 chicos fugaron de establecimientos donde estaban alojados y que durante el último año hubo más de un millar de denuncias sobre malos tratos y apremios de chicos detenidos. La Corte advirtió, en ese marco, que hay una "insuficiencia y saturación del sistema" que "pone en riesgo la salud física, psíquica, moral y la vida de los menores". Ante esto, el ministro de Seguridad provincial, el comisario Ramón Verón, admitió que "no existen medios ni instalaciones adecuados", pero advirtió que "hubo muchas denuncias, y parecería que es un deporte, por parte de los menores que hacen presentaciones por apremios en circunstancias de su detención (...) Yo también me podría preguntar por la infinidad de policías muertos y heridos en manos de menores". Según se informó la Suprema Corte de Justicia, en una acordada firmada por sus nueve miembros y el Procurador General, reiteró -por quinta vez- su demanda al gobierno provincial para que garantice las medidas "para prevenir los hechos de violencia institucional que, a consecuencia de acciones u omisiones, violan normas internacionalmente reconocidas relativas a derechos humanos en detrimento de los menores bajo patronato estatal". La acordada fue firmada por los jueces Elías Laborde, Juan Carlos Hitters, Eduar-do Pettigiani, Juan Manuel Salas, Eduardo De Lázzari, Ernesto Ghione, Alberto Pisa-no, Héctor Negri, Guillermo San Martín, y el procurador Eduardo Matías De la Cruz. Los ministros de la Corte pidieron a las autoridades que "efectivicen la tutela de los internados, que, con arreglo a la legislación de fondo, está obligado a brindar el Consejo del Menor en el ejercicio de las potestades concurrentes del patronato, respetando los derechos y la seguridad de aquellos fomentando su bienestar físico y mental". Destacaron que esto se encuentra establecido en las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de menores privados de libertad. Además se indicó que en el último año, desde que funciona el Registro de Denuncias de apremios y sobre tratos físicos o psíquicos en perjuicio de menores tutela-dos, en el marco de la Subsecretaría del Patronato, se superó el millar de denuncias. La Corte confirmó que los niños y jóvenes bajo el patronato estatal muertos en presuntos enfrentamientos policiales durante los años 1999 y 2000 alcanza, al menos, a "60 casos". Según se expresa también en la acordada, "fueron inhabilitados por disposición judicial, durante el primer semestre (de 2001), las comisarías de Villa Elisa, Villa Maipú, Los Hornos, San Miguel, Berisso, Benavídez y Barrancas". A esto se suma, agregaron, que "cuatro menores sufren en tales ámbitos una restricción a su libertad sin recibir tratamiento, limitación que en ocasiones lleva meses a la espera del traslado al correspondiente establecimiento especializado". Entre enero y setiembre de este año, se registraron al menos "1.300 episodios de fugas" de los establecimientos oficiales que albergan a menores por causa penal, "lo que indica un déficit sustancial en la contención, como así también incorrectas y en cierto modo desaprensivas derivaciones". (DyN/Télam) |
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