Suspenden juicio de una causa conexa del doble crimen
Iban a ser juzgados cuatro policías.
La incertidumbre sobre el juzgamiento de los cuatro policías imputados se planteó cuando el fiscal de Cámara, Edgardo Rodríguez Trejo, pidió la nulidad del auto de elevación a juicio firmado por la fiscal de Instrucción, Ana Benito, a la luz de la nueva jurisprudencia fijada por el Superior Tribunal de Justicia en materia de asociaciones ilícitas.
La agente fiscal pidió el juzgamiento de los policías - el comisario inspector Héctor Almendra, el comisario Rodolfo Bohlman y los suboficiales Reynaldo Pérez y Viterbo Castro- por considerarlos responsables de conformar una asociación ilícita que traficaba, faenaba y comercializaba supuestamente en forma clandestina.
El delito de la asociación ilícita prevé un castigo de 3 a 10 años de prisión. Así lo fija el artículo 210 del Código Penal, que estipula esa pena para quien "tomare parte en una asociación o banda de tres o más personas destinada a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación", y agrava el mínimo de pena a cinco años "para los jefes y organizadores" de la asociación.
La pena es superior a la prevista para los delitos si fueran cometidos individualmente y, por lo tanto, también se prolonga el plazo de extinción de la acción penal.
Recientemente, al analizar el recurso de casación presentado por la defensa del ex secretario privado de Pablo Verani en el municipio de Roca -Gustavo Heredia-, el STJ determinó que, salvo que existiera una declaración explícita de adhesión a la asociación ilícita, resulta necesario probar cada delito en forma separada y luego integrar con ellos la figura mayor.
Basándose en ello, y para evitar una anulación de una eventual condena, Rodríguez Trejo optó por pedir la nulidad del auto de elevación a juicio, lo que podría determinar que el juicio oral nunca se hiciera, ya que la fiscal de Instrucción no podría acusar ahora por delitos menores que se encontrarían prescriptos si son analizados en forma individual.
El juicio de la causa por asociación ilícita es la más importante de las investigaciones paralelas al asesinato de los jóvenes Sergio Sorbellini y Raquel Lagunas.
Los acusados son cuatro policías que tuvieron activa participación en la primera parte de la investigación del doble crimen. Los cuatro efectivos estuvieron detenidos sesenta días en el año "98 porque el juez Juan Torres consideró que habían tenido una "participación primaria" en el doble homicidio. Sin embargo la Cámara Primera consideró en su momento que no había pruebas suficientes como para sostener esa acusación si bien también sembró dudas sobre el extraño accionar policial durante la instrucción. Quedaron en libertad pero se mantuvo el procesamiento por asociación ilícita.
Vale consignar que también estuvo detenido el ex-subcomisario Juan Carlos Moyano, aunque quedó libre con falta de mérito en ambos delitos.
En ese sentido, vale mencionar que el contrabando de ganado fue una de las hipótesis del móvil del doble crimen, que aunque con intermitencias, se barajó desde el comienzo mismo del caso.
Por otra parte, de acuerdo a las investigaciones efectuadas en los últimos años, se supo que en la primera parte de la investigación del hecho se hicieron actas "truchas" y desaparecieron otras, se borraron y plantaron huellas en el escenario del crimen, se cambió la bombacha de Raquel por otra para su peritaje y se pusieron pelos de la víctima en una camioneta para incriminar a inocentes.
En el juicio oral y público se esperaba que la ventilación de los presuntos negocios ilegales con el ganado por parte de los policías pudiera arrojar alguna luz sobre la causa principal.
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