Jueves 4 de octubre de 2001

 

Investigación en crisis por una firma

 

La causa del corralón Limay podría anularse. Comenzó en el "99 y está para ir a juicio.

  NEUQUEN (AN).- Una investigación que lleva más de dos años, por la que hay varios detenidos y que está a punto de llegar a juicio oral, podría ser declarada nula por una firma. Se trata de la causa del corralón Limay, como se denomina a la presunta estafa por dos millones de dólares cometida por ese comercio en 1999 contra empresas de todo el país. El defensor de uno de los imputados pidió que se anule la elevación a juicio del expediente argumentando que está firmada por un fiscal adjunto, y una Cámara penal ya dijo que es inconstitucional la ley que permite a los fiscales adjuntos cumplir roles reservados a los titulares.
El pedido del defensor recayó en la Cámara Primera, la misma que decretó varias veces por mayoría la inconstitucionalidad de la ley. En el curso de esta semana, los jueces deben decidir si siguen manteniendo su criterio.
Si lo hacen, toda la causa retrocederá hasta antes de la elevación a juicio. Si encuentran una forma de subsanar el defecto, el expediente seguirá su camino rumbo al debate oral.
Como ha informado "Río Negro", hay una gran polémica judicial en torno de la constitucionalidad de la ley que permite a los fiscales titulares delegar tareas en los adjuntos. Esa norma, sancionada por la Legislatura a fines del año pasado, permitió descongestionar el trabajo de las fiscalías pero según dos jueces de Cámara, se contrapone con la letra de la Constitución provincial.
El fiscal Ricardo Mendaña apeló las resoluciones de los camaristas Roberto Fernández y Jorge Sommariva, y ahora es el Tribunal Superior de Justicia el que debe dar la última palabra.
Mientras tanto, los camaristas deben resolver otra vez si la ley tiene vigencia o no. Es a raíz de un pedido del abogado marplatense Víctor Brond, quien defiende a Gustavo Hedo, uno de los imputados en la causa del corralón Limay.
Brond advirtió que la elevación a juicio de la causa está firmada por Wálter Trincheri, quien era fiscal adjunto cuando la suscribió. A su criterio, debía estar suscripta por el titular.
Hedo es uno de los siete imputados que tuvo la investigación, algunos de los cuales están detenidos esperando el juicio.
La investigación sobre las actividades del corralón comenzaron hacia mediados de 1999, cuando algunos comerciantes del ramo se extrañaron porque esa firma estaba haciendo un gran acopio de materiales de construcción comprándolos en todo el país.
En varios depósitos, tenía acumulada mercadería por unos dos millones de dólares pero se descubrió que la habían pagado con cheques sin fondos. Proveedores de varias provincias se presentaron en Neuquén para hacer la denuncia y explotó el escándalo.
En una serie de allanamientos dirigidos por el juez Eduardo Badano y concretados por el departamento Delitos Económicos de la Policía se logró recuperar casi todo el material adquirido por corralón Limay, y uno a uno fueron deteniendo a los presuntos responsables de la maniobra.
   
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