Sabado 20 de octubre de 2001

 

Acusan al EPRE de ponerse del lado de Edersa

 

Un grupo de legisladores se reunió con Oeherens en Cipolletti.Dicen que el presidente del ente prejuzgó en favor de la empresa.

  CIPOLLETTI (AC).- Un grupo de legisladores disidentes desembarcó ayer en el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) para hacerle sentir a su presidente, Enrique Oeherens, su presión y molestia por la falta de respuestas a un pedido de informes sobre el impacto del impuesto inmobiliario sobre las distribuidoras de energía, especialmente Edersa. El titular del organismo argumentó que recién el jueves había recibido la comunicación.
Los diputados provinciales están sumamente molestos porque, en una opinión anterior, Oeherens había cuestionado la extensión del impuesto con el argumento de que "terminaría pagándolo el usuario".
Mientras el vicegobernador Bautista Mendioroz estaba en viaje hacia El Anfiteatro, un paraje en la margen sur del río Limay, los diputados del grupo denominado Agenda Legislativa Fernando Chironi, Víctor Medina, Juan Muñoz, Olga Massaccesi (del radicalismo) y Guillermo Wood (Frente Grande), más los peronistas Eduardo Rosso y Ebe Adarraga, y Guillermo Grosvald (del MPP), ingresaban al edificio del ente y eran recibidos por un cortés Oeherens.
"No queremos que la aplicación del impuesto inmobiliario repercuta en las tarifas", explicaron los legisladores luego de la reunión.
La Legislatura había pedido una explicación técnica sobre aquella opinión del presidente del EPRE.
El pedido de informes fue enviado a principios de setiembre. El EPRE disponía de 30 días para la respuesta, pero el plazo se cumplió y no hubo contestación. Por ello, los legisladores viajaron a Cipolletti, donde tiene su sede el ente. Oeherens les explicó que la nota había llegado recién el jueves y, como prueba, mostró el sello de la mesa de entradas.
Wood, uno de los autores del proyecto, dijo a este diario que se calcula que con la modificación del esquema tributario, las empresas de servicios públicos privatizadas deberían aportar al Fisco rionegrino unos 50 millones de dólares anuales, que es el 70% del déficit provincial presupuestado para este año.
Como el ente regulador actúa como un juez, los diputados consideran que la opinión de su presidente sobre el traslado del gravamen a la tarifa significa un prejuzgamiento.
La posición de Oeherens está en sintonía con la resistencia del gobierno de Pablo Verani al nuevo esquema tributario.
Con esta nueva legislación se pretende que las petroleras y concesionarias eléctricas y telefónicas abonen los respectivos impuestos inmobiliarios por los activos que representan pozos, tendidos de redes o las instalaciones necesarias para las prestaciones de los servicios.
El EPRE había dicho que era necesario "rechazar el pedido de traslado a tarifas del mayor monto que representaría este nuevo impuesto, bajo riesgo de violentar irrazonablemente la construcción de la ecuación económica del contrato".
   
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