Jueves 4 de octubre de 2001

 

Paran a tiempo otra jornada violenta en UOCRA

 

Una frustrada asamblea fue el eje de la discusión en la que se habrían mostrado armas

  ROCA (AR).- Poco faltó ayer para que las disputas internas en la UOCRA de Río Negro volvieran a dirimirse con violencia.
A más de dos meses de que la oposición al secretario general, Alberto Castillo, mantuviera tomada la seccional roquense y un hombre resultara baleado durante un enfrentamiento, las últimas horas volvieron a cargarse de tensión para los obreros de la construcción.
Pasadas las 8 de ayer y cuando habrían salido a relucir algunas armas, lo que intentó ser una asamblea extraordinaria para sacar del cargo a Castillo se transformó en un enfrentamiento verbal, que no llegó a mayores por la presencia anticipada de la Policía en la sede gremial de la calle Córdoba.
Con el secretario general y su gente dentro del edificio, un grupo conformado por más de 40 obreros llegó a la puerta con la intención de ingresar y llevar adelante la reunión. Sin embargo, el acceso les fue impedido porque -según Castillo- "no había ninguna comunicación oficial sobre la asamblea".
De acuerdo a lo expresado más tarde por el responsable de la UOCRA en la provincia, los obreros que intentaron sacarlo del cargo ayer no son los mismos que realizaron la violenta toma meses atrás.
A pesar de esto, los modos de limar las asperezas iban por el mismo camino que a fines de julio. Incluso hay quienes aseguran que se produjo una rencilla, aunque Castillo y los propios policías que custodiaban la seccional lo negaron.
Lo cierto es que sin poder destituir al secretario general, los disidentes se trasladaron hacia la comisaría Tercera y allí lo denunciaron por amenazas. Sin embargo, fueron más allá y -con pruebas en sus manos- lo acusaron por corrupción en el manejo del sindicato y la obra social de los obreros de la construcción.
"No puede ser que haya cientos de desocupados en toda la provincia y Castillo haga arreglos por abajo con las empresas, pidiéndoles plata como ayuda social y quedándose con todo, sin repartir nada", dijeron ayer los opositores al gremialista, liderados por Daniel Parón.
El grupo también denunció que el estatuto de la UOCRA prohíbe en forma terminante pedir colaboraciones a las empresas privadas y Castillo incurría en una grave falta "al enviar notas a las constructoras y petroleras para que entreguen dinero si no quieren paros o piquetes". (ver aparte)
Por su parte, el gremialista se defendió asegurando que existe un trasfondo político y no descartó que los hechos de la víspera tengan que ver con las elecciones legislativas del 14 de octubre.
Además, indicó que entre los que intentaron realizar la asamblea "había muy poca gente del sector obrero y los responsables de la actividad son unos pocos que incitaron al resto de los compañeros para que generen problemas.
Consultado sobre la repetición de acusaciones a su administración en el sindicato, Castillo afirmó que "el problema no es con nosotros sino que la gente no tiene trabajo y se desespera. Si a eso le sumamos los que aprovechan políticamente la situación para sacar rédito todo se hace muy difícil".

Exigen urgente auditoría

Además de la denuncia por amenazas, los obreros que se oponen a que Alberto Castillo siga al frente de la UOCRA mostraron pruebas sobre supuestas irregularidades en el manejo del sindicato y la mutual.
"El estatuto prohíbe en forma terminante pedir colaboraciones a las empresas y Castillo lo sigue haciendo. Como se trata de ingresos que no pueden ser blanqueados hace lo que quiere con la plata", sostuvieron ayer los disidentes.
Consultado sobre esto, el secretario general admitió que las solicitudes de fondos no están permitidas, pero las justificó en "la gran necesidad de los afiliados desocupados".
Castillo negó la pertenencia de bienes que le atribuyeron y aseguró que los únicos ingresos familiares son los 400 pesos que cobra como secretario general y los 350 que percibe su esposa, que se desempeña en la mutual obrera.
En tanto, la sede del sindicato fue allanada anoche por orden del juez Rubén Norry luego de las denuncias para verificar la presencia de armas en el lugar. (AR)

Foto: Los opositores a Castillo cuestionaron que el secretario general pida ayuda a las empresas, como muestra la nota.

   
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