Lunes 24 de setiembre de 2001

 

Buscan llenar el vacío legal que hay sobre el PCB

 

La Legislatura rionegrina debatirá sobre control de operaciones, plazos para la descontaminación, prohibición de utilizarlo como derivado, ingreso y destrucción en la provincia.

  xxxxxxVIEDMA (AV)- El uso en transformadores y equipamientos eléctricos del refrigerante tóxico conocido como PCB no tiene contención legal, por lo tanto la Legislatura de Río Negro se apresta a debatir mecanismos destinados a acotar los peligros. La necesidad de cubrir los "baches" legales apunta también a brindar pautas vinculadas con el traslado y eliminación.
Las finalidades planteadas por una iniciativa del Frente Grande prevén el control de operaciones, establecer plazos para la descontaminación o eliminación de aparatos, la prohibición de utilizarlo como derivado, ingreso y destrucción en el territorio provincial.
El Consejo Provincial de Ecología y Medio Ambiente (Codema), en su carácter de autoridad de aplicación, deberá fijar plazos perentorios para descontaminar suelos u objetos que contengan o hayan sido contaminados con el mencionado líquido.
El Codema deberá llevar un registro de los poseedores, usuarios, lugares de almacenaje, de todo proyecto que contenga el policlorado y comercializadores o fabricantes si los hubiere.
El Ente Regulador de la Electricidad (EPRE) y el Codema deberán ordenar en un plazo no mayor de 12 meses a los poseedores de PCB a analizar el material tóxico, como asimismo fiscalizar el estado de conservación y mantenimiento de los aparatos que lo contengan.
En caso de que se detecten pérdidas de aceite o manchas de filtraciones acaecidas en el pasado o bien se encuentren en condiciones de mantenimiento insuficientes ordenará al responsable, su inmediato remplazo de los aparatos en un término no mayor a 48 horas.
El reemplazo de todos los transformadores, sin excepción, deberá hacerse efectivo en un plazo de 12 meses.
En los plazos señalados, el manipulador deberá realizar un análisis del suelo y del agua en los lugares y características que estipule en cada caso el organismo de aplicación, en su exclusivo cargo.
Ese análisis deberá estar realizado por un laboratorio habilitado.
Ante el menor indicio de escapes, fugas o pérdidas, el poseedor deberá instrumentar medidas correctivas y preventivas para reparar el daño ocasionado, evitar los riesgos hacia las personas y medio ambiente e impedir que el incidente o accidente vuelva a ocurrir, haciéndose cargo de los costos económicos emergentes.
Las sanciones a los operadores que incumplan esta norma se extienden entre los apercibimientos, multas de 10 sueldos mínimos de la administración pública a 1.000 veces su valor, embargos, inhabilitaciones por tiempo indeterminado y clausuras.
Los autores de la iniciativa Eduardo Chironi y Guillermo Wood aclararon que independientemente de esta norma, el PCB -ya sea usado o en residuos- siguen alcanzados por la normativa específica de residuos peligrosos.
La propuesta tiene un profuso basamento en leyes nacionales y decretos, inclusive del ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación que contempló una serie de procedimientos en cuanto al método de trabajo que se debe tomar en cuenta en el manipuleo diario de equipamientos que contenga ese tóxico.

Los efectos sobre la salud humana

Según investigaciones médicas el PCB puede ingresar en el cuerpo humano por medio del contacto con la piel, inhalación de vapores o por ingestión de alimentos que contengan residuos del compuesto.
El efecto más común es el "chloracne", una condición dolorosa que desfigura la piel, similar al acné adolescente. También pueden provocar daños en el hígado, en la vista y en el sistema respiratorio. Con todo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) comprobó además que es cancerígeno.
Vinculado a esta cuestión, el caso más resonante es el del fallecido concejal de Sierra Grande, Fidel Arce, ex trabajador del complejo minero de Hiparsa donde se encontraban transformadores eléctricos de ese tipo. Antes de morir de leucemia en mayo pasado, expresó su voluntad de que su cuerpo sea examinado para que su caso sirva a la comunidad y a sus compañeros que aún siguen trabajando en el complejo.
El entonces defensor interino Daniel Ayala inició con posterioridad una investigación de oficio que derivó en una denuncia penal contra directivos de la firma por su posible responsabilidad en la utilización, manejo, acopio y la vinculación con la cuestión de Arce.
Chironi y la abogada Magdalena Odarda presentaron sendos recursos de amparo contra esa empresa y el EPRE para que retiren todos los equipos, y en esos planteos judiciales, las demandadas se defendieron sosteniendo que no existe legislación vigente que ordene el remplazo de transformadores o depósitos, amén de disposiciones de los ministerios de Trabajo y Salud.
No obstante, el EPRE estableció plazos perentorios a las distribuidoras eléctricas e Hiparsa para retirarlos en 12 y 36 meses, según el grado de contaminación. (AV)

   
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