Jueves 13 de setiembre de 2001

 

Otro amparo por las pésimas condiciones de detención

 

El juez Lanfranchi impuso un nuevo recurso de hábeas corpus por el hacinamiento de presos en la alcaidía de Bariloche. Una celda fue clausurada y los presos fueron redistribuidos.

  SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- En respuesta al reclamo interpuesto por varios internos de la alcaidía barilochense, el juez César Lanfranchi dictó un nuevo hábeas corpus e intimó al Poder Ejecutivo Provincial para que ejecute de inmediato los actos necesarios para restituir a los presos las garantías negadas.
Como consecuencia de la obstrucción de la cloaca de la celda 20, presuntamente en forma intencional, ahora en la celda 17 se alojan siete internos que comparten un sólo sanitario y dos de ellos deben dormir en el piso. Del mismo modo, la celda 18 está habitada por doce internos, con tres durmiendo en el suelo y también compartiendo un único baño, privados de las mínimas normas de higiene y sin espacio para moverse.
El juez Lanfranchi apuntó que "a ello se suma que las graves carencias -la imposición de pernoctar con muchos otros, hacinados, en sistema de provisión de alimentación típico de los usos de los humanos con los integrantes de los grados inferiores de la escala zoológica, el acopio de basura en el mismo sitio de alimentación y estadía, con colchones y frazadas mojados, escasa calefacción, sin suficiente salida a patio de recreo-, como fueran hallados los de la protesta, presentan un cuadro inmundo. De allí que deba sostenerse que es la ausencia de respuesta eficaz del Estado, no la voluntad de los que soportan este encierro de características aberrantes, la causa de los males anotados", reprochó el magistrado.
Desde principio de mayo de este año a la fecha Lanfranchi atendió numerosos amparos impulsados por internos de la alcaidía y ordenó medidas al Ejecutivo que fueron cumplimentadas a medias sin resolver la cuestión de fondo, que es la imposibilidad de albergar en ese edificio a 117 internos sin privarlos de sus derechos fundamentales.
Por eso intimó al Ejecutivo a cumplir diversas decisiones, entre ellas la "urgente evacuación de porción significativa del internado", pero sus órdenes fueron reiteradamente desoídas por el gobierno.
El comisario Gabriel Capsi, jefe de la alcaidía, informó al magistrado que la celda 20 estaba ocupada por el grupo más conflictivo y agresivo de cuantos se alojan en la cárcel. Refirió que "se negaban a la limpieza y obstruían intencionalmente el sanitario con el objetivo de ser reubicados en el pabellón general y continuar sometiendo a los más débiles que no pertenecen a su grupo".
Según Capsi, ese grupo agrede a los internos que se encuentran alojados en el sector de autodisciplina, "ya que estos, y fundamentalmente sus familias, han sido objeto, de insultos, groserías, diversas actitudes provocativas e inclusive en algunos casos de agresiones más concretas por medio de agua caliente y otras sustancias como agua sucia, yerba, y hasta orina".
Destacó que la actitud asumida por este grupo, formado por siete peligrosos delincuentes, viola una de las fundamentales reglas de convivencia establecida por los propios internos, que es el absoluto respeto a las visitas de cada detenido.
El Servicio Penitenciario Federal confirmó el otorgamiento de vacantes para Pedro Iberra, Néstor Aguerre, Pablo Aguayo, Lucas Silva y Gustavo Alfonso, y restan las solicitadas para Roberto Liempe y Darío Jaen.
   
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