Pidieron prisión para una docente por cortar una ruta

En un extraño debate oral, casi sin público, la docente Marina Schifrin fue juzgada por un corte de ruta en Bariloche en reclamo por la educación. Ocurrió en 1997 y duró 90 minutos. Pidieron 3 meses de prisión.

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La docente Marina Schifrin se convirtió ayer en la manifestante que enfrenta un juicio oral y público por un corte de ruta realizado en esta ciudad y podría enfrentar una condena de tres meses de prisión, si el juez federal Leónidas Moldes acepta lo pedido por la fiscalía.
Pero el dato destacado de la jornada fue la importante movilización de apoyo a la imputada en la puerta del juzgado federal y -en contraste- la inexplicable actitud de Moldes, quien realizó el debate en un pequeño despacho de unos 20 metros cuadrados, de modo que estuvo vedado el acceso al público y hubo severas restricciones para el trabajo de la prensa.
Schifrin fue llevada a juicio oral por un corte de la ruta 237 que los docentes, padres y alumnos en compañía de otros trabajadores estatales realizaron el 21 de marzo de 1997 sobre el puente del arroyo Ñireco.
La interrupción del tránsito duró apenas 90 minutos y como no había vías alternativas para salir de la ciudad varias personas debieron sortear la manifestación a pie, ya que de lo contrario hubieran perdido micros y aviones.
La docentes llegó a la instancia de ayer porque, a diferencia de otros manifestantes que también fueron procesados, no aceptó pagar multas ni acogerse a la "probation".
Durante la audiencia oral Schifrin prestó declaración indagatoria (no lo había hecho en la instrucción) y reconoció que aquel día participó de la movilización y llevaba un megáfono "para amplificar la voz del reclamo popular".
Recordó que la protesta era en defensa de la escuela pública y contra la rebaja salarial que acababa de imponer el gobierno provincial. También aseguró que al manifestarse sobre la ruta ejercieron "un derecho democrático importantísimo" y que no quisieron afectar a nadie.
A la hora de la presentación de pruebas, el elemento decisivo fue el video de casi una hora aportado por Canal 6, que incluye algunas discusiones con automovilistas y pone en evidencia el protagonismo de Schifrin y de otros muchos dirigentes y activistas.
También aparecen el entonces delegado de Educación, Daniel Dell´Era, diciendo que no habría revisión alguna de la rebaja salarial y el ex intendente César Miguel, quien les aseguró a los manifestantes que compartía su lucha y les pidió dirigirla contra el gobierno provincial.
Como testigos declararon luego los comerciantes Raúl Salomón, Rubén Cortés y Roberto García, quienes relataron los pormenores del corte de ruta y los perjuicios sufridos, y los gendarmes Fabián Barrandegui y Daniel Diverto. De todos, sólo este último (un suboficial que cumplía tareas de inteligencia) mencionó a Schifrin como una de las participantes del corte.
A la hora de los alegatos el fiscal Jorge Bagur Creta destacó "la intencionalidad manifiesta de impedir el paso" que tenían los manifestantes y consideró probado que la docente imputada "incitaba al resto" y era una de las "cabecillas".
Entendió que el delito cometido está penado por el artículo 194 del código penal (que reprime la interrupción o entorpecimiento de medios de transporte) y aclaró que en su opinión el derecho de peticionar no puede estar por encima del que garantiza el libre tránsito "porque para la Constitución todos los derechos son de igual jerarquía".
Precisamente en este punto se planteó la diferencia crucial de interpretaciones, ya que el abogado defensor -Luis Prytula- dijo que el reclamo era en definitiva por la educación "y por el hambre de los chicos" y a su juicio "existen derechos con privilegios", porque la Constitución Nacional y los Pactos Internacionales "están por encima del artículo 194".

Un reducido recinto judicial

Más de doscientos manifestantes cortaron la avenida San Martín con banderas y bombos para expresar su apoyo a Marina Schifrin, pero al estrecho recinto donde se desarrolló el juicio apenas pudieron entrar cinco periodistas (sin cámaras ni grabadores) y tres familiares de la imputada. De esta manera, la mayoría del trabajó fue incómodo.
En abierto desafío a la repercusión del caso y a la presencia de medios de prensa nacionales, el juez Moldes prefirió recluirse en el mismo ámbito donde se realizan juicios de menor cuantía y no usar la sala de audiencias que la justicia federal tiene en la calle Gallardo.
El secretario general de Unter Río Negro, Aurelio Vázquez, y los dirigentes de la Corriente de Militantes por los Derechos Humanos Carlos Segovia y Hugo Piucill entraron a la limitada sala de audiencias dispuesta por Moldes, pero se retiraron tras dejar sentado que no estaba garantizadas las condiciones para un juicio oral y público.
Al cierre de la audiencia, el juez dialogó con los periodistas sobre las condiciones de trabajo para el día de la lectura del fallo, pero al preguntársele por qué realizó en un lugar tan chico un juicio de esa importancia dijo que no iba a hacer más declaraciones porque no estaba en una conferencia de prensa.

El fallo se conocerá el próximo martes

En la defensa Prytula también citó jurisprudencia de la Cámara Federal de San Martín y doctrina del constitucionalista Germán Bidart Campos para abonar su postura y pidió la absolución de su defendida.
Los manifestantes esperaron más de cuatro horas el final del juicio y mantuvieron varios roces con los efectivos de Gendarmería, Prefectura y policía federal que custodiaban el edificio, que terminó con un par de vidrios rotos. Los uniformados eran más de 30 (también había personal de civil) y algunos filmaron y fotografiaron a los activistas desde el interior del juzgado.
No obstante, y pese a la amplia repercusión que tuvo el caso, no había policías ni inspectores de tránsito que orienten a los desprevenidos automovilistas sobre el bloqueo de la calle San Martín, la principal avenida que utilizan centenares de automovilistas hacia el oeste de la ciudad.

Foto. Marina Schifrin es juzgada por participar en el corte de la ruta de acceso a Bariloche.