Por el Inmobiliario, la Legislatura pide explicaciones

Según el proyecto, lo pagarán firmas privatizadas. Quieren que el EPRE funde su oposición.

VIEDMA (AV).- La Legislatura rionegrina desplegó toda su acción contra el Ente Provincial Regulador de Electricidad en defensa del cobro del impuesto Inmobiliario a las empresas privatizadas.
Oportunamente, el EPRE desestimó esa legislación porque el "nuevo impuesto terminaría pagándolo el usuario". La Legislatura pidió una urgente explicación técnica porque ese análisis "no aparece fundado". La nota fue remitida en los primeros días de setiembre pero el EPRE dispone formalmente de un plazo de 30 días para la respuesta.
Mientras tanto, la ley todavía no se instrumentó y no hay reglamentación. No es novedad de la oposición del gobierno de Pablo Verani a esa carga tributaria al entender que modifica la actual estructura y que tendría serias objeciones judiciales.
En esta dirección, el EPRE -como también Rentas- observó el proyecto cuando se había aprobado en primera vuelta. En la Legislatura se cuestionó el informe del ente porque su rechazo no tenía fundamentación técnica.
Esa posición se reflejó en el pedido de informe que remitió el vicegobernador Bautista Mendioroz, a partir de una nota firmada por los cuatro autores del proyecto -Fernando Chironi, Guillermo Wood, Iván Lázzeri y Eduardo Chironi- y otros nueve diputados del oficialismo y la oposición.
La polémica legislación pretende que las petroleras y concesionarias eléctricas y telefónicas abonen los respectivos impuestos inmobiliarios por los activos que representan pozos o las diferentes instalaciones necesarias para las prestaciones de los servicios.
En su inicial evaluación técnica, el EPRE admitió su imposibilidad de "rechazar el pedido de traslado a tarifas del mayor monto que representaría este nuevo impuesto, bajo riesgo de violentar irrazonablemente la construcción de la ecuación económica del contrato". Concluye que un incremento impositivo "terminaría pagándolo el usuario".
Ahora, la Legislatura solicitó la más variada información que está destinada a precisar el real control del EPRE y, también, los bienes y los beneficios que obtienen las empresas energéticas.
El requerimiento legislativo requiere "el costo actualizado de los activos de las empresas bajo la regulación del EPRE y el valor estimado del impuesto inmobiliario a pagar por cada empresa".
Además, el pedido trata de "confirmar cuáles son los flujos de fondos descontados de las empresas, con o sin el impuesto Inmobiliario, proyectados para el lapso de los próximos 10 años". Requieren que los "flujos no deberían contener los cargos de intereses financieros y amortizaciones y deberían ser abiertos por rubros de ingresos y egresos".
También, piden precisiones sobre "los vales Actuales Netos (VAN) de ingresos y egresos de cada empresa y las Tasas Internas de Retorno (TIR) resultantes, con y sin el incremento del impuesto inmobiliario". Al final, el informe incluye interrogantes destinados al presidente del EPRE, Enrique Oherens, que firmó la nota inicial del organismo. Las consultas son las siguientes: ¿por qué considera que es un nuevo impuesto?. ¿Por qué considera que las empresas no consideraron el impuesto inmobiliario cuando calcularon las ecuaciones económicas originales que fundamentaron sus presentaciones en los procesos licitatorios?".

Foto: El diputado Fernando Chironi es uno de los autores del proyecto que pretende cobrar el Inmobiliario a las empresas privatizadas.