Lunes 10 de setiembre de 2001

 

Funcionarios judiciales impulsan un "mani pulite"
 

La mayoría de los funcionarios de la Justicia barilochense elevó una propuesta que apunta a formar un equipo de fiscales que investigue hechos de corrupción en la administración pública rionegrina. La propuesta está en manos del procurador Hugo Mántaras.

  SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- En una propuesta breve pero contundente, 25 magistrados y funcionarios del fuero Penal de Bariloche, con la sola excepción de cuatro, impulsaron la creación de un equipo de fisca-les con facultades para investigar los casos de corrupción en la administración pública en el ámbito de los tres poderes del Estado.
Jueces de instrucción, fiscales, camaristas, secretarios de instrucción y de cámara, defensores oficiales y asesoras de menores, respetaron la vía jerárquica y solici- taron la elevación de la nota a los fiscales de Cámara Enrique Sánchez Gavier y Carlos López, pero el destinatario de la petición para la creación del excepcional instituto es el Procurador General de la provincia, Hugo Mántaras.
La iniciativa apunta a concentrar los esfuerzos de investigación de los fiscales otorgándole al e-quipo facultades para el seguimiento de las causas que se tramitan en las tres circunscripcio- nes y atacar así los problemas de jurisdicción, declaraciones de incompetencia y otros aspectos del proceso ordinario que fatalmente encaminan hacia la prescripción las causas de corrupción en el ejercicio de la función pública.
La propuesta ya fue elevada al Procurador por los fiscales López y Sánchez Gavier, con la sugerencia de que se invite a las demás circunscripciones judiciales, de Roca y Viedma, para adherir a la solicitud.
La inquietud apunta a que se forme un equipo de fiscales con representantes de las tres circunscripciones para que su ámbito territorial se extienda a toda la provincia y que, según el caso, el e-quipo intervenga conjuntamente con los fiscales originales de ca-da expediente.
Este equipo, a juicio de los peticionantes, debería contar con todas las facultades que la ley procesal otorga al Ministerio Público Fiscal, para intervenir en los procesos, tener vista del expediente, sugerir pruebas, controlar su producción, apelar, etcétera, y estar expresamente facultado para impulsar las diligencias preliminares a la promoción de la acción pública. Además, sugieren que se faculte al equipo de fiscales para investigar los sumarios que ya están en trámite y los que surjan en el futuro con motivo del trabajo conjunto.
Uno de los peticionantes, que prefirió no identificarse, expuso que "el Procurador General está habilitado para crear un equipo de fiscales anticorrupción que sistematice un trabajo que la sociedad reclama: meter presos a los corruptos, recuperar el dinero de la gente e impedir que la sigan robando". Otro, con la misma condición de anonimato, agregó que "la ausencia del dinero malhabido por los corruptos mata en nuestros pobres hospitales, crea desocupación, miseria intelectual por falta de educación, desasosiego en los jóvenes que se dro-gan emigran o se suicidan, y cri-sis en las familias trabajadoras".

"Una revolución de la ley"

Los funcionarios judiciales que impulsan la creación del equipo de fiscales anticorrupción hablaron con "Río Negro" con la condición de mantener el anonimato. En ese marco dijeron que quieren investigar, entre otros temas, "cuántos ñoquis hay en la provincia, cuántos funcionarios se enriquecieron en forma ilícita y no pueden justificar su patrimonio, cuántos subsidios se otorgaron a entidades truchas, cuáles son y a quiénes benefician los convenios leoninos con el Ipross, las compras directas o con licitaciones dibujadas y quién las autorizó".
Consideraron a la propuesta como una herramienta eficaz y reclamaron "una revolución de la ley que sacuda la modorra de la justicia y permita perseguir a los impunes corruptos".
Opinaron que el haber sido suscripto por una amplia mayoría del fuero Penal es "sinónimo de esperanza", pero todavía dudan de la voluntad del Procurador para implementarlo, y por eso quisieron hacerlo público.
Lamentan que sigan sin resolución, entre otras, la causa iniciada en Bariloche por la militante radical Patricia Baena, que denunció al ex vicegobernador Edgardo Gagliardi por haber cobrado sus haberes en la Legislatura provincial, de 2.100 pesos mensuales, valiéndose de una autorización que ella le había firmado cuando aspiraba a ser nombrada por el funcionario.
Existen otras causas por el mismo motivo que involucran a honestos vecinos de Bariloche, pero entre ellas se destaca la de Isabel Mellado de Rodríguez, que aseguró que "nunca pedí trabajo, ni cobré, ni autoricé a nadie a hacerlo", pero figuró en el panfleto denominado "Restaurante La Papa", y después en un juzgado de Viedma le presentaron recibos de pago a su nombre por sueldos que oscilan entre 1.600 y 1.800 pesos.
También lamentan que continúe sin sentencia firme la causa que concluyó con una condena al escribano Raúl Echevarría por 32 casos de defraudación contra la administración pública, y que siga sin movimiento otra que lo involucra en 64 hechos. (AB)
   
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