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Un proveedor que cobró rápido y en efectivo

Rocafé comenzó a tener un notable aumento en sus ventas a partir de su incursión en el Estado rionegrino, a poco de asumir Verani. Era un proveedor privilegiado, pues cobraba de inmediato y en efectivo.

Rocafé S.A. nació en 1971, pero recién varios años después fue adquirida a la familia Flores por Juan de Dios Rodríguez. Por lo menos es lo que figura en la constitución societaria de los registros de proveedores del Estado.
Su relación comercial con la provincia de Río Negro comenzó en 1996, según reza la solicitud de inscripción entre los proveedores. Pablo Verani estaba por cumplir 12 meses como gobernador.
Ese mismo año, la firma obtuvo del municipio roquense un cambio de ramo comercial. Pasó de "tostadero de café" a "supermercado".
La decisión de participar en las licitaciones estatales sorprendió a los entonces cuadros gerenciales de Rocafé.
"Sucedió virtualmente de un día para otro... La determinación la tomó Juan de Dios Rodríguez y de golpe tuvimos que hacer un curso acelerado en Viedma sobre cómo presentarnos en las compras; toda una maraña de tiras y aflojes", recuerda un estrecho colaborador del empresario. Colaborador que, como el grueso de los empleados de Rocafé, vio contadas veces a Rodríguez. Porque éste no hizo de las visitas a la empresa un hábito.
Hay razones para creer, por ejemplo, que desde 1987 al "97 sólo estuvo en la empresa en tres oportunidades. Durante ese tiempo y hasta febrero de 2000, el timón de Rocafé en Roca estuvo en manos de Rubén Lago, un porteño que exhibe formación cultural y, los fines de semana, el oficio de pastor de la Comunidad Cristiana Evangélica de Roca.
Lago también ha aprendido a cultivar el perfil bajo, como su ex jefe.
"Dediqué 13 años a Rocafé, un tiempo en que creció la empresa y crecí yo. A Juan de Dios Rodríguez lo vi muy pocas veces. Yo no rendía cuentas ante él, sino ante planos gerenciales, en Buenos Aires. Pero no era un esquema de control obsesivo. Es más, me manejaba con mucha autonomía en las decisiones".
Se sabe que tras las entrevistas con el "staff" porteño de Rodríguez, Lago solía regresar desorientado a Roca. Porque, al menos hasta el "97, año en que la empresa comienza a venderle al Estado, no encontraba interlocutores interesados en saber cómo estaban los números de Rocafé.
Sólo una consigna escuchaba en aquellas reuniones: "¡No pida plata para Rocafé..! ¡Manéjese con los recursos de Rocafé!"
Lago se fue aparentemente molesto de allí, ante la ensambladura cada vez más creciente entre la empresa y el gobierno rionegrino que minaba su autonomía de decisión. De todos modos, supo sacar provecho: tras su renuncia, volcó su "know-how" a negocios propios. A los dos meses de irse de la firma de Juan de Dios, abrió en Santa Rosa -y luego en Roca y Neuquén- locales en el mismo rubro que Rocafé desarrolló últimamente: el alquiler de máquinas expendedoras de café y jugo.
La gerencia de Rocafé está ahora a cargo de un íntimo amigo de Pablo Verani, el abogado Carlos Petit. Y todo el manejo concerniente a las licitaciones del Estado está en manos de Daniel Fernández, de Roca, quien integra el círculo íntimo del ex ministro de Salud y Desarrollo Social y ahora segundo de Juan Pablo Cafiero, Daniel Sartor.
Fernández, a quien se acredita un sugestivo crecimiento económico en los años últimos, fue dueño de un restaurante-parrilla de Roca, "El Fortín", que se incendió en dos oportunidades.
Y a partir del "97, la ampliación de rubros y su incursión en el Estado permitieron a Rocafé un notable aumento de ventas.
En 1994, la empresa roquense operó por alrededor de 1.200.000 pesos, según su ejercicio anual al 30 de noviembre. Pero el balance de 1998 evidenció un alza del 133 por ciento, con 2.800.000 pesos vendidos. El nivel se mantuvo en 1999, en que Rocafé facturó más de 1.500.000 sólo a la provincia de Río Negro.
En 1996, Rocafé irrumpió en las contrataciones con el Estado con las máquinas expendedoras de bebidas, que el gobierno enmarcó en la reformulación del servicio de cafetería, buscando un ajuste sobre los números del personal. Pero, salvo desvinculaciones voluntarias, se mantiene todavía el personal que prestaba ese servicio.
Así funciona el negocio de las maquinitas con el Estado: la empresa entrega a los empleados de cada organismo una tarjeta magnética para retirar 40 servicios mensuales. La provincia le abona por cada máquina algo más 1.110 pesos por mes. Algunas empresas u organismos contratan expendios limitados, de modo que los desembolsos van de 500 a 800 pesos mensuales.
En Rocafé se dijo desconocer el número de máquinas que hoy funcionan dentro del Estado. Aun así, sólo en Viedma serían de 25 a 30. Este dato representaría unos 300.000 pesos anuales. Sólo a la administración central (gobernación y ministerios), Rocafé ha facturado 9.647 pesos por mes, aunque se sabe que ha llegado a pasar boletas por 17.000 pesos, monto que sorprendió y objetó un funcionario que fiscalizaba cuentas.
En la contratación de este servicio no aparece ninguna convocatoria a licitación pública.
Es más, se sabe que a los ministerios les llegaba la contratación ya realizada por el servicio de las máquinas, por montos que en algunos casos fueron considerados excesivos.

Cobro rápido y en efectivo

En los últimos años, Rocafé acentuó su presencia como proveedor de alimentos al Estado provincial, especialmente al ministerio de Salud y Desarrollo Social.
Según los expedientes de Suministros, en 1999 el Estado compró alimentos a Rocafé por 1.133.929,65 pesos para los programas Pronur, Pronono y Peñi, entre otros.
Los pagos a la empresa totalizaron ese año 1.162.010 pesos, incluyendo los servicios de las máquinas. Hubo rapidez en los pagos y, además, no hubo cancelación con bonos, como ha ocurrido con otros proveedores.
Un repaso de las licitaciones del primer semestre de 2000 indica que Rocafé fue adjudicataria de varias, por 714.580 pesos. Participó en cinco licitaciones, de las cuales ganó tres. En una fue desestimada su propuesta por falta de garantía (pagaré sin firma) y la restante perdió con su oferta.

Falta de rendiciones a Nación

Una auditoría nacional dejó en evidencia la estrecha relación de la provincia con Rocafé S.A., y algunas desprolijidades vinculadas al clientelismo.
El ministerio de Desarrollo Social de la Nación cuestionó una rendición de fondos. Dudó ante la "falta de documentación de la entrega de módulos por parte del proveedor", que resultó ser Rocafé. En buen romance, dudó de que la mercadería pagada hubiera sido debidamente entregada.
El tema fue investigado, pero la desafectación de una parte del gabinete de la ex ministra Graciela Fernández Meijide -que incluyó a funcionarios que cuestionaban la política social rionegrina- liberó a la cartera que ocupaba hasta hace unos días Daniel Sartor de la presión nacional y del reclamo de la falta de rendición.
Efectivamente. La ex delegada rionegrina de Acción Social, Diana Pizá, se encargó de dejar en claro que tuvo que irse por "fuertes presiones" de Sartor y su segundo, Carlos Peña. Alertó: "No podemos continuar con esas prácticas" (la distribución de cajas sin control).
A su vez, Sartor difundió un comunicado de Fernández Meijide que desmentía la existencia de conclusiones y reproches a la aplicación de los programas en Río Negro. Algo que, por lo que se ve, no fue cierto.
El informe ministerial de Nación fue firmado por el subcoordinador de Monitoreo y de Control, Alejandro Donadio. Se originó en la falta de rendición de fondos de una compra por algo más de 82.000 pesos.
El folio 90 del expediente Nº 45.240 del 18 de febrero de 2000 incluye facturas de Rocafé "curiosamente no computarizadas y extendidas a mano y con su dirección figurando la calle Brasil sin mencionar numeración". La primera factura por 68.695 pesos del 4 de mayo de 2000 es la Nº 0001-00001790 y la segunda factura por 13.739 pesos del 31 de mayo de 2000 es la Nº 0001-00001793. A partir de esos datos, el informe advierte con extrañeza que "la firma proveedora entre el 4 y 31 de mayo efectuó sólo dos transacciones comerciales fuera de las mencionadas".
En otra parte, la auditoría precisa que no hay "constancia de recepción de los módulos entregados, ni los recibos de cobro que debieron ser extendidos por el mismo (proveedor) con la conformidad de los fondos netos percibidos luego de las retenciones de Impuesto a las Ganancias y sobre los Ingresos Brutos practicados". Se agrega que "el recibo oficial del proveedor contra entrega de los fondos es condición indispensable a nivel de organismos gubernamentales, sin cuya extensión no se efectúa ningún pago".
En sus conclusiones, el auditor nacional afirmó que Río Negro "no ha demostrado debidamente la aplicación de los fondos transferidos, ni la distribución de los módulos Prani supuestamente adquiridos con los mismos".
Especialmente, se explicitó "la falta de constancias de entrega de módulos por parte del proveedor y su recepción por los responsables de depósitos". Además, cuestiona que no existen los "listados de distribución primaria y secundaria de módulos adquiridos".
La provincia da sus explicaciones: "Las cajas habían sido sido distribuidas fuera del padrón por razones de extrema necesidad ante la grave crisis social padecida por la provincia".

Foto: Las maquinitas de Rocafé. Un negocio conectado también a organismos del Estado.