Empieza el juicio considerado histórico
Con ecos de los recientes atentados en EE. UU., el lunes se iniciará el proceso.
Los jueces Gerardo Larrambebere, Miguel Pons y Guillermo Gordo darán por iniciado un proceso considerado histórico, custodiado por 200 policías y bajo la mirada de 300 periodistas acreditados desde todo el mundo, un veedor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y enviados de Israel.
Todas las partes saben que al juicio sólo llega una pequeñísima porción de la trama que urdió el crimen de 85 personas, perpetrado el 18 de julio de 1994, cuando un cochebomba con 300 kilos de explosivos se incrustró en la puerta de Pasteur 633.
A lo largo de diez meses se intentará dilucidar lo ocurrido hasta el 10 de julio de ese año, diez días antes del ataque, cuando, según acusó el juez federal Juan José Galeano, el reducidor de autos Carlos Telleldín entregó una camioneta Trafic a cuatro policías bonaerenses. Este vehículo, dicen los fiscales Mullen, Barbaccia, Nisman y Romero, se usó como cochebomba en AMIA y quienes lo tuvieron en sus manos supieron siempre a qué fin estaba destinado.
Desde el banquillo de los acusados, el otrora poderoso ex comisario bonaerense Juan Jose Ribelli diseñó una estrategia para poner sobre el tapete lo que, según afirma, será un juicio contra el Estado, que "trabajó para encubrir su inoperancia a la hora de esclarecer el ataque y buscó en él un chivo expiatorio".
Pero Ribelli se negará a prestar declaración indagatoria cuando sea su turno -está segundo después de Telleldín- y sólo hablará si evalúa que todas las pruebas en su contra fueron incorporadas al debate.
Encolumnados tras Ribelli aparecen tres policías con riesgo de recibir perpetua -Anastasio Leal, Raúl Ibarra y Mario Bareiro- y otros imputados por delitos conexos como secuestros extorsivos, falsificación de documento. El quinto acusado, el mecánico y reducidor de autos Carlos Telleldín, librará su propia batalla y es una incógnita si sostendrá la versión que involucró a los policías e intentará beneficiarse con la llamada Ley del Arrepentido para reducir su condena o, una vez más, contará alguna nueva trama sobre cómo sucedieron los hechos. (Télam)
Entre los 1.200 testigos
Un gobernador, funcionarios, legisladores, periodistas y hasta una actriz serán algunos de los 1.200 testigos que declararán en el juicio por el atentado.
Uno de los más notorios de los testigos es Carlos Ruckauf, ex ministro del Interior cuando se produjo el atentado, quien junto al ex secretario de Inteligencia Hugo Anzorreguy deberán responder sobre deficiencias cometidas. La más cuestionada es la SIDE, acusada de haber perdido pruebas claves.
También hablará la actriz Catherine Fulop debido a que Ribelli aseguró que cuando se produjo el atentado él se encontraba en Cataratas en el mismo hotel que la artista, con quien habría dialogado.
Tres jueces con treinta años de carrera
Los tres magistrados que realizarán el juicio por el atentado a la mutual judía AMIA tienen más de 30 años de carrera, nunca ejercieron como abogados y en los tribunales de Retiro se habla de su rigurosidad para evaluar pruebas y, en este caso particular, de la preocupación que mostraron para respetar los derechos tanto de familiares de víctimas como de acusados.
El Tribunal Oral Federal 3 está integrado por Gerardo Larrambebere, Miguel Pons y Guillermo Gordo, quien suplantó al juez Carlos Andina Allende, de licencia por cuestiones de salud; deberán tomar testimonio a lo largo de 10 meses a más de 1200 testigos. (Infosic)
Fiscal de la causa pide absolver a "carapintadas"
La Fiscalía pidió ayer la absolución del ex militar Jorge Pacífico y otros dos imputados en el juicio a "carapintadas" detenidos en el marco de la causa AMIA por acopio de armas, y acusó a los restantes ocho involucrados, para los que solicitó penas de entre tres y cuatro años, por entender que varios de ellos incurrieron en los delitos de "asociación ilícita y tenencia y acopio de material bélico".
El fiscal Miguel Angel Romero tuvo que tomar esta decisión a raíz de las magras pruebas que habían conseguido exponerse durante el juicio oral y que incluso hicieron peligrar la continuidad del proceso, luego de que una de las principales testigos del Ministerio Público quedó detenida por falso testimonio.
Fue por eso que, durante su alegato frente al Tribunal Oral Federal 4, Romero consideró ayer que existió una asociación ilícita que se dedicaba al acopio y tenencia de material bélico, pero no pudo incluir en ella al ex cabo Jorge Pacífico, quien fue simpatizante del MODIN y uno de los principales sospechosos para las querellas en el caso AMIA, ya que había estado en las inmediaciones de la mutual judía cuando se produjo el atentado.
Sin embargo, durante este proceso oral Pacífico justificó su presencia allí y denunció que fue víctima de tormentos por parte del comisario Angel Salguero, quien en ese momento trabajaba a las órdenes del juez Juan José Galeano.
Según su aseveración, la Policía Bonaerense llevó al juez Galeano hacia la denominada "pista carapintada" para que el magistrado no llegara hacia los hombres de esa fuerza que, luego, quedaron seriamente involucrados en la causa AMIA. Además, una de las principales testigos, Mónica Cañete, fue detenida luego de desmentir ante el tribunal las declaraciones que figuraban como suyas en el expediente. Y volvió a salpicar en su testimonio a la figura del entonces comisario Salguero. Con ese duro golpe, el fiscal Romero se vio obligado a precisar a quiénes alcanzaban las pruebas que había en la causa para poder acusar. Y por eso pidió la absolución de Pacífico, Luis Alberto Ferreyra y Rubén Omar Mansilla. (DyN)
Brusa presentó un hábeas corpus
El ex juez de Santa Fe, Víctor Brusa, aseguró ayer "no haber recibido" la orden de detención dictada en su contra por el juez Gabriel Cavallo, en relación con el pedido de extradición en su contra enviado por la justicia española, a la vez que dijo que ayer presentó un habeas curpus preventivo.
Cavallo emitió una orden de detención contra Bruso y junto otras dirigidas a 17 militares por su supuesta participación en la represión ilegal de los años 70.
Por otra parte, siete marinos acusados de cometer violaciones a los derechos humanos fueron detenidos y luego excarcelados por el juez federal Gabriel Cavallo, quien tramita la orden de captura solicitada por su par español Baltazar Garzón contra Brusa y 17 presuntos represores.
Todos se negaron a ser extraditados, tras ser notificados oficialmente de los cargos que le imputa la justicia española, informaron altas fuentes judiciales. Se presentaron detenidos ante Cavallo los marinos José Supicich, Raúl Scheller, Miguel Angel Benazzi, Roberto González, Gonzalo Sánchez, Francisco Rioja y Hugo Enrique De Mario, quienes "desconocieron la jurisdicción del juez Garzón" para investigarlos. (Infosic)
Declaran constitucional artículo del Código Penal
La Corte Suprema de Justicia dictó la constitucionalidad de un artículo del Código Penal que establece la "reclusión por tiempo indeterminado" para los delincuentes que registren "reincidencia múltiple".
La Corte, según un fallo conocido ayer, sostuvo que el artículo 52 del Código tiene validez constitucional, pese a que un tribunal oral había sostenido lo contrario al fallar en un caso de robo agravado. El artículo establece que "se impondrá reclusión por tiempo indeterminado, como accesoria de la última condena, cuando la reincidencia fuere múltiple", y establece una serie de pautas para su aplicación.
Entre esas pautas, figura que el condenado haya tenido "cuatro penas privativas de la libertad, siendo una de ellas mayor de tres años" o "cinco penas privativas de la libertad, de tres años o menores".
La Corte, contrariamente a lo interpretado el Tribunal Oral 9 de capital, sostuvo que la reclusión por tiempo indeterminado no es "una pena", sino "una medida de seguridad justificada en la peligrosidad postdelictual, que da lugar a una mayor intervención penal". De tal forma, un delincuente que haya sido condenado en varias oportunidades, podrá ser obligado a permanecer en cárcel por un lapso superior al que fija la normativa en el caso del delito específico.
El fallo fue firmado por los ministros Nazareno, Moliné O"Connor, Boggiano, López, Belluscio y Vázquez. Los jueces adhirieron a un dictamen en ese sentido del Procurador General, Nicolás Becerra.
El Tribunal 9 había condenado a Marcelo Sosa a siete años de prisión como responsable del delito de robo agravado, ya que utilizó en esa acción delictiva un cuchillo tipo "tramontina". Pero el tribunal dictó en el fallo la inconstitucionalidad del artículo 52, al considerar que en los hechos la pena accesoria que pretendía la fiscalía no tenía "vinculación alguna con el injusto cometido ni con la culpabilidad".
(DyN)
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