Anticorrupción: crece la iniciativa
Jueces y funcionarios judiciales de Viedma y Roca se interesan por la propuesta
En forma paralela, se plantean interrogantes respecto de la posibilidad de implementar un cuerpo de fiscales con injerencia interjurisdiccional porque no existe una legislación expresa que lo autorice, pero el Procurador Hugo Mántaras opina que, con las limitaciones del caso, es probable conformar un equipo que entienda en las causas de corrupción ocurridas en la administración pública rionegrina.
Algunos fiscales de Bariloche afirman que los artículos 215 y 218 de la Constitución provincial, referidos al ministerio público, citan una ley que nunca fue creada por los legisladores, y una política de persecución penal que tampoco ha sido delineada.
Mántaras reconoció la inexistencia de esa ley específica, pero aclaró que "la Ley Orgánica del Poder Judicial tiene un extenso capítulo referido al ministerio público en el que muchas facultades de los fiscales son obvias".
Otra de las limitaciones objeto del reclamo del fuero Penal barilochense es la imposibilidad de investigar que sujeta a los fiscales.
Sobre este aspecto el procurador expuso que "no pueden investigar sin un juez porque el sistema no lo permite", señaló.
Y acotó: "El fiscal puede pedir pruebas, pero si el juez no las acepta su decisión no es apelable, y habría que cambiar el sistema para que puedan investigar por propia iniciativa", aclaró.
Si bien el procurador Mántaras aseguró que todavía no había tomado una resolución, subrayó que estaba trabajando en el tema y estudiando la posibilidad de realizar un relevamiento de causas de corrupción en la provincia "para ver en qué estado están".
En una reflexión confesada a este diario expuso que "una de las posibilidades es seleccionarlos a los fiscales y agruparlos de manera de lograr una especialización, pero como es imposible hacer que todos trabajen juntos tendrían que reunirse cada tanto para establecer pautas, líneas de trabajo y estrategias".
Mientras tanto, en esta ciudad reverdecieron las causas que involucran a vecinos de la ciudad como supuestos beneficiarios de importantes sueldos abonados por la Legislatura durante el período en que la presidió el actual senador Edgardo Gagliardi.
En esa extensa lista de presuntos "ñoquis", con sueldos que oscilan entre 1.250 y 3.150 pesos, figura Antonio Santiago, un hombre de 85 años que se encuentra internado en Buenos Aires y que, sin saberlo, habría sido favorecido con 45 puntos y una remuneración mensual de 2.250 pesos por su desempeño en la Legislatura.
Las causas por los "ñoquis" de la Legislatura están reunidas y en manos del juez de instrucción de Viedma Jorge Bustamante, el mismo que integrará el tribunal que juzgara a los sospechosos de haber "vaciado" el ex Banco de la Provincia de Río Negro, entre ellos varios integrantes de un ex directorio de la institución.
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