"La exclusión se asimila al genocidio"
Lo dijo Alberto Pedroncini, quien disertó en el Encuentro sobre Derechos Humanos
Pedroncini aclaró que no es abogado de la organización Abuelas de Plaza de Mayo, aunque se dedicó a investigar y a probar el protagonismo de autoridades y funcionarios de las pasadas dictaduras latinoamericanas del Cono Sur de América en el denominado "Plan Cóndor" de exterminio a opositores políticos. Disertó ayer en el III Encuentro Nacional de Derechos Humanos que se desarrolla en la UNC y cuyas conclusiones estarán hoy después del mediodía.
Dijo que la secuencia que comenzó con el blindaje económico durante la gestión de José Luis Machinea y continuó con el megacanje y la ley del déficit cero representa una "expoliación nacional e internacional que condenó a grandes sectores de la población a la exclusión social".
En febrero pasado, un grupo de abogados, de acuerdo con el Servicio Paz y Justicia -Serpaj- que orienta Adolfo Pérez Esquivel y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, decidieron impulsar denuncias en la justicia federal para demostrar que la exclusión social que genera condiciones que ponen en peligro la vida de amplios sectores poblacionales es "genocidio económico" de acuerdo con "el derecho internacional" -y el llamado derecho "de gentes"-. Además, el "saqueo" producido por la "agresión y expoliación" de los grupos económicos, que reduce sistemáticamente a la pobreza y a un "trato inhumano y degradante" a una importante franja de la población es asimilable a la tortura, de acuerdo con el mismo derecho.
Además de esos dos delitos "fundamentales", Pedroncini dijo que se decidió sumar el delito de subversión económica, que tiene por ejemplo las maniobras realizadas por los grupos financieros para "hacer caer el valor de los títulos de la deuda pública argentina".
Respecto del Plan Cóndor, anunció que en la semana próxima el juez Canicoba Corral ampliará la indagatoria al ex presidente Jorge Rafael Videla sobre la desaparición forzada de personas, y recordó que se pudo comprobar delito -que permitió la detención con vistas a extradición- de los generales Augusto Pinochet y Manuel Contreras en Chile; de Adolfo Stroessner -el ex presidente paraguayo exiliado en Brasilia- y los cuatro militares uruguayos "que actuaron en (el campo de concentración Automotores) Orletti".
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