Hallan más elementos en contra del jefe de la alcaidía de Bariloche

La situación del comisario Gabriel Capsi, a cargo de la alcaidía de Bariloche, se complica con el correr de las horas. Ayer allanaron el taller de la cárcel y secuestraron 17 aberturas que eran acondicionadas por presos. Serían para su casa. Separaron a otros dos policías de sus cargos.

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La justicia ya habría reunido suficientes elementos para instar el procesamiento del comisario Gabriel Capsi por los presuntos delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos. Sin embargo, no se descarta la realización de otros allanamientos, dado que también fueron separados de sus funciones dos suboficiales y una oficial que se desempeñaban en la alcaidía policial de Bariloche, a órdenes de Capsi.
La situación tomó estado público durante el fin de semana, con motivo de la visita de los familiares de los detenidos, pero la investigación se inició el martes pasado por la mañana, cuando todos estaban atento a los dramáticos sucesos que ocurrían en Nueva York.
El primero en enterarse que el interno Jorge Fabián Oyarzo estaba internado en la sala de cuidados intermedios del hospital, por haber sufrido una caída desde el techo de la vivienda que construía Capsi en el barrio Belgrano, fue el camarista César Lanfranchi, a través de un llamado anónimo.
Lanfranchi no pudo lograr que el informante formalizara la denuncia, pero le trasmitió sus sospechas al juez de turno, Juan Manuel García Berro, y éste decidió investigar de oficio.
Cuando el magistrado se interesó sobre el estado de Oyarzo, éste ya había sido dado de alta y estaba nuevamente alojado en la alcaidía, pese a que aún se encontraba dolorido por el golpe.
Oyarzo fue citado a declarar y trató de hacer valer una versión fantástica sobre el accidente que había sufrido, pero no tardó en quebrarse y admitir que se había caído del techo de la casa que construía el jefe de la alcaidía. Después fueron citados Hernán Lovera, Juan Ignacio Andrade y Leonardo Gutiérrez, también ocupados en la ambiciosa construcción de dos plantas, y ampliaron con sus testimonios los elementos que ya había aportado Oyarzo.
Entre otras cosas, dijeron que un familiar de los detenidos los había fotografiado mientras trabajaban en esa propiedad, pero las fotografías todavía no habían sido agregadas a la causa.
Los internos declararon que aproximadamente un año antes del accidente comenzaron a trabajar de 10 a 12.30 y de 14 a 17, de lunes a viernes, y solamente por la mañana los sábados y domingos. Agregaron que eran trasladados a la construcción, ubicada a unos dos kilómetros de la alcaidía, en un auto particular que conducía un asistente de Capsi, y que quedaban a cargo de otro suboficial, presuntamente encargado del mantenimiento en la unidad carcelaria.
En el allanamiento realizado en la carpintería de la alcaidía, el juez secuestró 17 aberturas que presuntamente iban a ser utilizadas en la casa del comisario. También tratan de establecer si los bloques utilizados para la construcción fueron confeccionados en un taller a cargo de los internos, y en ambos casos de dónde procedían los materiales utilizados y cuál debió haber sido su destino. Además, el juez García Berro secuestró toda la documentación contable de la unidad policial, para investigar cómo habían sido utilizadas las partidas presupuestarias previstas para alimentos, combustible, muebles y útiles y mantenimiento del vetusto e inadecuado edificio donde se alojan 120 internos.
No fue posible ubicar a Capsi para que formule su descargo y ofrecerle el derecho a réplica.

La deuda del Estado con los presos

/La ley 24.669, de ejecución de la pena privativa de la libertad, fue reglamentada con el decreto 396/99 que preve las pautas de progresividad del régimen penitenciario. Según esas normas la progresividad del régimen, consiste en un proceso gradual y flexible que posibilite al interno, por su propio esfuerzo, avanzar en forma paulatina hacia la recuperación de su libertad.
Entre los principios básicos se establece que el tratamiento deberá atender a las condiciones personales y a los intereses y necesidades del condenado durante su internación, y muy especialmente para el momento de su egreso.
Estos tratamientos individualizados, sin embargo, no pueden concretarse en una alcaidía como la de Bariloche, donde la necesidad obliga a encerrar en una celda a 12 internos, sin posibilidades de capacitación, recreo o actividad laboral, si bien en algunos casos los jueces echaron manos a institutos no previstos para alcaidías en beneficio de los condenados.
Oyarzo ya cumplió casi un tercio de la condena a 10 años de prisión que le impuso la Cámara Primera por homicidio. Gutiérrez, con la misma condena por otro homicidio, lleva cuatro años de permanencia en la alcaidía. Lovera fue condenado a ocho años de prisión, también por un homicidio, y Andrade a siete años de prisión por una violación.
La falta de cumplimiento del Estado con el Servicio Penitenciario Federal obstruye la concesión de vacantes en el sistema nacional, y algunos condenados terminan por cumplir penas de hasta 13 años de prisión sin lograr el traslado a una unidad penitenciaria, donde debería ser sometido a las distintas fases del tratamiento. (AB).

Foto: Ayer se hizo un allanamiento en la cárcel de Bariloche