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Domingo 5 de agosto de 2001 | |
Horas decisivas |
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Por Julio Rajneri |
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| Como las precipitaciones pluviales no parecen dar respiro a las saturadas cotas de las represas que conforman el sistema hidroeléctrico del Comahue, y la cantidad de nieve acumulada en la cordillera, muy superior a los registros del año pasado, puede prolongar las inundaciones y causar daños irreparables a una proporción considerable de las mejores tierras de cultivo de los valles rionegrinos, comienzan a surgir interrogantes respecto de si se están implementando las medidas más adecuadas para la peor crisis hídrica producida desde la construcción de los diques, si funciona el organismo adecuado para calibrar alternativas que contemplen adecuadamente la magnitud de los intereses en juego y si existen previsiones para conjurar parte de los efectos que pudieran producirse, considerando el peor escenario posible en la inminente iniciación de la primavera. Desde luego que existe una comisión, la Autoridad de Cuencas, cuya función consiste precisamente en recomendar medidas que custodien la seguridad del sistema y la adopción de niveles de escurrimiento que limiten, en lo previsible y posible, el daño futuro. Pero aquí se trata de evaluar alternativas que implican decisiones cuya magnitud excede la responsabilidad de un organismo de carácter técnico y que involucra el destino de miles de personas y de su patrimonio, cuya eventual pérdida puede evaluarse en decenas y tal vez centenas de millones de pesos y cuya perentoriedad requiere decisiones inmediatas. Para la zona afectada y afectable de las plantaciones, es indudable que es mejor aumentar los niveles de las actuales salidas autorizadas de las represas en momentos en que el daño a los cultivos puede ser mínimo y conseguir así una mayor capacidad regulatoria para el momento en que la actividad vegetativa de las plantas las transforme en altamente vulnerables a los excesos de agua y permita, al mismo tiempo, tener mayor capacidad de respuesta para la amenazante eventualidad del crecimiento del nivel de los ríos, durante el período de deshielo. También reduciría los efectos letales sobre las plantaciones una vez iniciado el período vegetativo, que se alternara días de altos niveles, con períodos de cauce normal que impidieran la asfixia radicular de las plantas. Pero al mismo tiempo, mayores caudales supondrían la inundación de muchos barrios y asentamientos urbanos, que hasta ahora no han sido afectados por la crecida y el consiguiente drama que se suscita con la evacuación de miles de personas y el daño a las viviendas afectadas, un panorama que seguramente desvela a las autoridades de la región y que requeriría esfuerzos denodados para aminorar el problema social que generaría. La situación, como se ve, es sumamente compleja y perturbadora y una decisión equivocada podría destruir buena parte de la estructura productiva de la región, sin evitar, tal vez finalmente, que pueda involucrarse a los sectores urbanos. En definitiva, es preferible una programación ordenada ahora y no una compulsiva más adelante. Una primera aproximación comparativa permite suponer que los costos por trasladar a familias y resarcir los eventuales daños a las viviendas serían considerablemente menores a la catástrofe que significaría la pérdida de superficies cultivadas, cuyas secuelas se prolongarían durante años, tal vez varios lustros, y que provocarían, además de la ruina de los directamente afectados, el desempleo y la pobreza para miles de personas que dependen de la producción para su subsistencia. Los plazos angustiosos en que se deben tomar las decisiones y la magnitud de los intereses en juego no permiten vacilaciones ni postergaciones. Una demora de pocas semanas, tal vez solamente de días, haría inviables soluciones que hoy son todavía posibles. Y lamentablemente la coexistencia de jurisdicciones provinciales y nacional sobre la cuenca y la falta de un organismo "ad hoc" para enfrentar la crisis perturban la toma de decisiones que, dadas las circunstancias, deberían ser adoptadas con la mayor celeridad. |
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