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Viernes 31 de agosto de 2001 | |
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Neuquén le reclamará diferencias a Casino Magic |
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El municipio asegura que la casa de juego le debe entre 1,5 y 2 millones. Esta sería la suma que la empresa habría evadido pagar a la comuna. |
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| NEUQUEN (AN).- El gobierno municipal neuquino le reclamará a Casino Magic entre 1,5 y 2 millones de pesos por el impuesto al ingreso a la sala de juegos. Se trata del monto que la empresa habría evadido pagar al fisco comunal, pese a que la fiscalía archivó el expediente por entender que el ilícito no constituye un delito penal. Sin embargo, el subsecretario General Marcelo Inaudi advirtió que se reclamará "hasta el último peso" a la empresa estadounidense. No descartó que la cifra final pueda ser más importante porque "faltan hacer los números finos" y remarcó que de la documentación secuestrada por la justicia en las oficinas de la firma "surgen diferencias sustanciales". Tales diferencias están referidas al número de apostadores informados por la Casino Magic en las declaraciones juradas presentadas al municipio -que sirven de base para fijar el monto del impuesto al juego- y los jugadores que realmente ingresaron. Esta situación pone en jaque el acuerdo de estabilidad tributaria que goza la empresa desde hace poco más de un mes. El intendente Horacio Quiroga se la otorgó a cambio del pago de una suma fija mensual de 40.000 pesos en la creencia de que hacía un buen negocio para la ciudad. La empresa habría declarado cifras "tres o cuatro veces menores a las reales", dijo Inaudi. Las declaraciones juradas de Casino Magic consigan que en los primeros cinco meses del año en curso ingresaron a la sala de juegos 28.585, 28.727, 31.623, 32.165 y 31.357 personas, respectivamente. El reclamo dinerario de las autoridades municipales es independiente a la decisión del fiscal Pedro Telleriarte de archivar la causa por entender que el ilícito no constituyó un delito penal. Una fuente explicó que el magistrado descartó una posible defraudación tras descartar la existencia de ardid, es decir, maniobras de muy difícil dilucidación por parte de la víctima, en este caso el municipio que no hizo los controles pertinentes. En todo caso, de probarse, habría una simple mentira, o sea, el municipio se habría sido sorprendido en su incredulidad y la mentira no es un delito penal por el cual la justicia intervenga, más allá de existir un ilícito. Esta situación no libra a la empresa de pagar al municipio si determina que las declaraciones juradas fueron falseadas. El Ejecutivo Municipal tiene el camino abierto para actuar. Inaudi, quien se constituyó en querellante en la causa impulsada originalmente por el síndico Ariel Kogan, dijo textualmente: "constaté en la documentación secuestrada en la fiscalía diferencias abismales entre los montos liquidados y la cantidad de apostadores, de acuerdo a los propios registros de la empresa". Indicó que dará intervención a la oficina de Gestión Tributaria para que emita de oficio un certificado de deuda contra la firma. Previamente "requeriremos a la empresa las explicaciones del caso", un paso obligado que da lugar a la defensa empresaria y que cumplimentado permitirá al municipio cobrar la deuda por vía judicial, de ser necesario. Inaudi indicó que las cifras "reales" se desprenden de "los relevamientos que hace la empresa, día por día, de los apostadores y cantidad de fichas vendidas, de cuya veracidad dan cuenta las firmas del gerente y del tesorero de la empresa. La diferencia con las declaradas al municipio es abismal", subrayó. |
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