Peligro de colapso en la Justicia Penal neuquina

Declararon inconstitucional una ley que permitía a los fiscales delegar sus funciones. Si la resolución queda firme, y si otros tribunales se pronuncian en términos similares, "el sistema colapsará", advirtió una camarista. Un fiscal dijo que la medida tiene segundas intenciones: "crear el caos". En medio de la disputa, la calidad del servicio se pierde.

NEUQUEN (AN)- La Cámara Criminal Primera declaró la inconstitucionalidad de una ley que permitía a los fiscales de Cámara delegar facultades en los adjuntos. Si otros tribunales dictan resoluciones similares y quedan firmes, el sistema penal se volverá "caótico" y "colapsará", según alertaron ayer dos funcionarios judiciales de primer nivel.
El efecto práctico de la declaración de inconstitucionalidad se percibirá bajo la forma de dos trastornos: por un lado, muchas causas en las que intervinieron fiscales adjuntos podrían ser anuladas y habría que hacer todo de nuevo; por el otro, los fiscales titulares volverán a estar desbordados de trabajo porque no podrán delegar tareas en los adjuntos. En ambos casos, la prestación del servicio se resentirá.
Detrás de esta cuestión estrictamente jurídica no son pocos los que ven otro capítulo de la larga y sorda guerra en la que están enfrentados dos sectores dentro de la justicia, y que ha tenido, entre otros campos de batalla, la reforma del Código Procesal y la competencia en causas correccionales.
La ley ahora cuestionada tiene vigencia desde fines del año pasado, y su objetivo fue permitir una mejor organización del trabajo de las fiscalías. En los hechos, prácticamente equiparó las atribuciones del fiscal adjunto con las del titular, por ejemplo: presentar escritos, formular requerimientos, dar instrucciones a la policías, ofrecer pruebas e intervenir en los juicios orales.
La Cámara Primera, con los votos de Jorge Sommariva y Roberto Fenández, dijo que esa ley es inconstitucional. "Se pueden propiciar las reformas que se quieran, pero no es correcto actuar como si la ley no existiera o pasar por encima de ella", dijo el camarista Fernández. "¿Cómo puede creerse que la suprema y terminante prohibición constitucional a los funcionarios para delegar sus funciones (según el artículo 7 de la Constitución provincial) admita ser arrumbada y menospreciada cuando se trate de reglamentar las funciones de los fiscales?", se preguntó el camarista Sommariva.
Su colega Cecilia Luzuriaga votó en disidencia y quedó en minoría. Para ella, la ley es constitucional.
Si los jueces de Instrucción y el juez correccional también declararan la inconstitucionalidad, el problema será más grave. "El sistema colapsará", dijo sin vueltas Luzuriaga. Además, aseguró que "los fiscales de Cámara utilizan criteriosamente la delegación de funciones, y si lo hicieran mal yo sería la primera en pedirles el juicio político por mal desempeño".
Para Sommariva, en cambio, los fiscales titulares recurren (o podrían recurrir) a los adjuntos para eludir responsabilidades en casos complejos. Fernández dijo, en tanto, que la declaración de inconstitucionalidad "blanquea una situación que no podía seguir adelante; las consecuencias son harina de otro costal".
Ricardo Mendaña, fiscal de Cámara, criticó con dureza la declaración de inconstitucionalidad. "Tiene segundas intenciones: provocar una situación caótica", afirmó.
Anticipó que tratarán de apelarla para que el Tribunal Superior de Justicia se expida sobre el tema, y anticipó que a su criterio "desde lo constitucional, es una declaración pobre e infundada".
Y además les hizo una sugerencia a los camaristas: "sería saludable que vean si en el desempeño de los jueces no hay delegación de funciones. Quisiera saber si son los jueces los que toman declaraciones testimoniales e indagatorias o si eso lo delegan en los empleados. Y eso sí que está prohibido".
Por otra parte, Mendaña minimizó el impacto de la declaración de inconstitucionalidad con una frase desprovista de ingenuidad: "las Cámaras tienen muy poco trabajo, hacen pocos juicios, así que podemos ocuparnos los fiscales titulares sin necesidad de delegar".

Otro capítulo de una larga puja

NEUQUEN (AN)- La declaración de inconstitucionalidad de una ley que facilitaba el trabajo de las fiscalías promete un debate jurídico apasionante, que posiblemente se termine de dirimir en el Tribunal Superior de Justicia. Pero también puede leerse como una escaramuza más en la larga guerra que sostienen dos sectores del fuero penal.
Las batallas han tenido otros escenarios, por ejemplo el proyecto de reforma del Código Procesal Penal. Ahora se han apaciguado porque el proyecto duerme en la Legislatura (y todo indica que seguirá así por mucho tiempo), pero es notoria la división entre reformistas y antirreformistas.
Otro escenario ha sido la justicia correccional. Como está desbordada de expedientes, se propuso que las Cámaras se avocaran a tratar causas correccionales hasta descongestionarla. Los camaristas pusieron el grito en el cielo, invocaron la ley de subrogancias vigente y se opusieron.
Pero los fiscales encontraron otro camino: endurecieron sus pedidos de penas y de esta manera, muchas causas que tenían destino de juzgado correccional fueron a parar a las Cámaras.
Para entenderlo mejor: la justicia correccional se ocupa de aquellos delitos castigados con menos de tres años de prisión, y las Cámaras de los delitos con más de tres años de prisión. En aquellos casos que podían hacerlo, los fiscales pidieron penas superiores a tres años para que más expedientes vayan a las Cámaras y menos al juzgado correccional.
"Esta es una réplica a esa mecánica", dijo sin dudarlo un encumbrado funcionario judicial cuando se enteró de la declaración de inconstitucionalidad.

Foto: Por mayoría, una Cámara declaró la inconstitucionalidad de una ley que era herramienta fundamental para los fiscales.