Jueves 30 de agosto de 2001

 

Enjuician a Carassale por la venta de terrenos en Las Grutas

 
  VIEDMA (AV)- El exintendente de San Antonio, Carlo Carassale, volvió a Tribunales. Esta vez por la venta de terrenos en el balneario Las Grutas durante su gestión a un precio menor al establecido por una ordenanza municipal. "Los valores fueron menores porque esos lotes no tenían servicios y quedaba claro que de ellos se harían cargo los frentistas una vez que se instalaran", dijo Carassale al destacar que "me siguen juzgando por ocho lotes cuando vendí 1.500, háganlo por 600 porque la mayoría no tenía luz ni agua".
Ante la consulta de la presidenta del Tribunal, Susana Milicich de Videla, sobre si pidió la modificación de la ordenanza para que especificara un valor menor para aquellos terrenos que no tenían servicios, el imputado respondió que "era costumbre hacerlo así. Todo pasaba por el Tribunal de Cuentas y nunca nadie me objetó nada. Sólo se me preguntó por los valores y expliqué que era porque no tenían servicio".
Agregó que en el `93 cuando se preadjudicaron la mayoría de estos terrenos "nadie dijo nada" pero en el `95 "cuando me fui empezaron a aparecer los puros".
En su extensa declaración indagatoria Carassale criticó el rol de la prensa y en especial a "Río Negro" por la difusión de ésta y de las otras causas en las que estuvo imputado. Además involucró al fiscal de Cámara, Juan Ramón Peralta, en un comentario que le hizo durante el proceso de esta investigación referido a la influencia de la prensa sobre los jueces.
El exintendente también objetó la pericia realizada sobre la nivelación del terreno que adquirió el diputado Alfredo Lasalle, mientras se desempeñaba como funcionario municipal de San Antonio que consideró fue la causante de este nuevo juicio que debe enfrentar a pesar de ese peritaje "erróneo".
El Tribunal integrado por Susana Milicich de Videla, Roberto Maturana y Ernesto Rodríguez escuchó durante más de una hora a Carassale y luego a los tres testigos que estaban citados para ayer.
Se le imputan al exintendente sanantoniense los delitos de "incumplimiento de los deberes de funcionario público en forma continuada", "negociación incompatible en concurso con estafa a la Administración Pública bajo la modalidad de administración fraudulenta", y en concurso ideal con "negociación incompatible con el ejercicio de la función pública".
   
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