Jueves 30 de agosto de 2001 | ||
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Allanaron la Casa de Gobierno por Argemofin |
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La Justicia neuquina se instaló en oficinas de diversos organismos en busca de antecedentes de las operaciones de compra venta de títulos públicos que el Estado realizó con Argemofin. |
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NEUQUEN (AN) - Funcionarios de la Justicia provincial se instalaron en la Casa de Gobierno y allanaron oficinas de diversos organismos, en busca de antecedentes de las operaciones de compra-venta de títulos públicos que el estado provincial realizó con Argemofin SA, la financiera que en el preinforme que elaboró la comisión del Congreso Nacional, quedó sospechada de haber actuado en las operaciones de lavado de dinero . La visita de los oficiales de justicia se prolongó durante dos jornadas y comprendió, según fuentes judiciales que confirmaron la especie, a "numerosos allanamientos llevados a cabo en procura de lograr pruebas que se estiman de significativa importancia para el proceso". La fuente no aludió puntualmente a Argemofin SA y, en cambio, dijo que "se investigan diversas operatorias", sin acotar el ámbito investigativo a ninguna firma en particular. Autoridades de la Contaduría General de Gobierno, una de las dependencias donde se llevó a cabo la diligencia, dijeron que los investigadores recabaron documentación respaldatoria de las operaciones que la financiera llevó a cabo con la provincia. Se trata de las comercializaciones con los bonos de consolidación de deudas que emitió la Nación para regularizar sus cuentas con las provincias productoras de hidrocarburos. De acuerdo al preinforme de la comisión que lidera la diputada Elisa Carrió, Argemofin fue la intermediaria en las operaciones que las provincias patagónicas desplegaron para vender los títulos y, según el informe Carrió, en esas negociaciones presuntamente plagadas de irregularidades, Neuquén sufrió una pérdida de alrededor de 72.000.000 de pesos. Cabe recordar que la provincia había recibido en concepto de regalías hidrocarburíferas mal liquidadas, según el informe de la comisión, 787.689.514 pesos. Esos montos los percibió en 1993 a través de bonos públicos, que luego se encargó de negociar el Banco de la Provincia de Neuquén (BPN). El agente financiero que se encargó de las operaciones, al menos parte de ellas, fue Argemofin SA. "Hubo un fiscal de justicia y otros auxiliares, pero se limitaron a verificar información que nosotros ya habíamos suministrado oportunamente, de manera que no creo que deba dársele a esta diligencia judicial una entidad que no tenga. Muchos menos que se la relacione con gestiones de la comisión del lavado de dinero", dijo Jorge Bonaiuto, jefe de la Contaduría General de Gobierno. Ante la consulta, el funcionario dijo que el allanamiento fue ordenado por el juez José Luis Cartolano, pero relativizó que haya sido puntualmente ese organismo el investigado, "ya que diligencias en el mismo sentido se llevaron a cabo en oficinas de Hacienda y otros organismos oficiales", dijo Bonaiuto. Añadió que la actuación de la justicia se limitó a pedir el soporte informático y documental de informaciones que sobre el tema ya habían sido brindadas con anterioridad. "Son datos que están contenidos en ejercicios de años anteriores. Incluso ya los habíamos dado cuando lo habían solicitado. No creo que deba dársele a esta diligencia judicial un matiz que bajo ningún aspecto tiene", opinó Bonaiuto. La investigación de las operaciones que Argemofin SA realizó con la provincia están a cargo del fiscal Mario Rodríguez Gómez y del juez Cartolano. La causa se encuentra en pleno desarrollo. "En estos momentos se siguen llevando a cabo diligencias", enfatizó una fuente consultada. |
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