Miércoles 29 de agosto de 2001

 

Quiroga va a la Justicia para recuperar una plaza

 

Quiere sacar a ocupantes de un espacio verde en Cumelén

  NEUQUEN (AN) - La municipalidad está dispuesta a cumplir a rajatabla la política de recuperación de los espacios destinados a plazas y parques recreativos de la ciudad, que por distintos motivos fueron afectados a otros fines. En ese plan, las autoridades se presentaron a la justicia para desalojar a una veintena de familias que hace casi 18 años ocuparon ilegalmente una estratégica franja de terreno en el barrio Cumelén.
En contrapartida, los ocupantes de un tramo de más cien metros sobre la calle Juan B. Justo, entre Facundo Quiroga y Miguel Vidal, se movilizaron con celeridad y plantearon su oposición a la medida en la Legislatura y el Concejo Deliberante.
Ahora la palabra la tiene la justicia. Ya hubo un pronunciamiento judicial ordenando a la municipalidad a desalojar a las ocupantes del predio, pero ninguna gestión la cumplió hasta ahora. "Reimpulsamos el desalojo hasta las últimas consecuencias. El tiempo no puede convalidar una ocupación ilegal, la ley es pareja para todos", dijo el subsecretario de Gestión Urbana, Carlos Di Camillo.
El funcionario dijo, no obstante, que están dispuestos a acatar la resolución que emane de la justicia, "pero nuestra obligación es la defender los intereses generales de los vecinos".
Un sector del barrio nunca resignó la recuperación el espacio verde, aún ante la desidia de anteriores gestiones que desoyeron la orden judicial que respaldaba sus reclamos.
La historia de la ocupación de los terrenos se remonta a 1983, cuando al frente del ejecutivo municipal estaba el actual gobernador Jorge Sobisch, cuando un grupo de familias se asentó en el lugar.
La actual gestión municipal notificó a los protagonistas de la ocupación la decisión de recuperar el espacio verde. Las familias buscaron entonces el apoyo de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) y de la Agrupación de Viviendas y Desocupados, quienes los respaldaron para pedir apoyo político en la Legislatura y el Concejo Deliberante.
Ayer, en una reunión mantenida con los concejales, ofrecieron comprar los terrenos pero no se habló de montos ni de tiempos para concretar la operación.
Esta propuesta ya había sido planteada hace unos años, pero los vecinos, a través de la comisión barrial, la rechazaron y no hubo acuerdo. Nada indica que las posiciones hayan cambiado.
Para Di Camillo, la intervención de CTA en el conflicto "es acomodaticia a los tiempos políticos que corren, en beneficio de grupos que violentan el derecho general de la sociedad".
Al margen de ello, el funcionario aseguró que no se piensa dejar a las familias afectadas en la calle y que le había transmitido al abogado de los ocupantes que les otorgará lugares para que construyan sus viviendas en lotes sociales. Pero aseguró que la posición de la comuna ante el problema está definida y que otro proceder lo único que haría es aumentar el descreimiento en las instituciones.
"Una cosa es la necesidad y otra, muy diferente, el abuso", sostuvo el funcionario, para no dejar dudas de la firme decisión del gobierno municipal. Los concejales, por su parte, ayer se comprometieron ante los ocupantes a propiciar un acercamiento con Di Camillo, en la esperanza de encontrar alternativas de solución.
   
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