Viernes 17 de agosto de 2001

 

Proyectan nuevas desvinculaciones en Río Negro

 

Los estatales que opten por este sistema cobrarán una indemnización en bonos o efectivo -en cuotas- o con propiedades del Estado. A diferencia de la Ley anterior que abonó dos sueldos por cada año, este proyecto propone sólo uno.

  VIEDMA (AV)- El gobierno rionegrino intenta un nuevo sistema de desvinculación.
El Ejecutivo envió ayer a la Legislatura un proyecto de ley para que lo faculte a abonar en títulos públicos provinciales o en pesos, al contado, en un máximo de 20 cuotas o en especies la indemnización de aquellos agentes públicos que opten por desvincularse del Estado, a través de los sistemas previstos en el artículo 5º de la Ley Nº 3.135.
Mientras tanto, a su regreso a Viedma, el gobernador Pablo Verani confirmó que no aplicará el descuento del 13 por ciento en la readecuación al régimen nacional de las asignaciones familiares. Así, esos aportes se liquidarán desde los haberes de agosto con la escala nacional anterior a la última reducción que estableció el ministro Domingo Cavallo.
A diferencia a lo establecido por esta ley que fijó dos sueldos por año de servicio, en este proyecto se ofrece una indemnización fija equivalente a un sueldo por cada año de antigüedad que acredite el agente. Definió como sueldo la remuneración bruta mensual, regular y habitual percibida por el agente, excluidas las asignaciones familiares y conceptos como pagos por única vez, retroactivos, horas extraordinarias, viáticos de cualquier tipo, reconocimiento de alquiler, adicional o compensación por vivienda. Además incluirá sumas remunerativas y no remunerativas, adicionales inherentes al cargo y adicional por título, todos ellos siempre y cuando hubieran sido percibidos, por lo menos, durante 12 meses.
El proyecto definió como antigüedad a cada año de servicios remunerados prestados en el ámbito del Estado provincial y destacó que la fracción superior a seis meses se computará como un año.
Los agentes podrán optar por la desvinculación individual o la tercerización. A este último podrán acceder no sólo los que revisten en la planta permanente sino aquellos que hayan sido contratados como personal temporario y que cuenten como mínimo con un año de antigüedad. Pero para adherir al sistema individual el agente deberá revistar en planta permanente, no estar sometido a proceso penal o sumario administrativo que pueda derivar en cesantía o exoneración ni encontrarse en condiciones de acceder al beneficio jubilatorio o que le falten cinco años para reunir la edad y servicios para ello.
Podrán optar por percibir en especies el 100% o una parte de la indemnización para lo que se les trasferirán bienes o activos del Estado.
El proyecto establece que los estatales que hayan solicitado su desvinculación en el marco de la Ley 3.252 y que aún no cobraron la indemnización correspondiente podrán desistir de ella y adherir a la nueva fórmula de cálculo y forma de pago.
Por la Ley 3.135 se fueron por el sistema individual 1.200 agentes públicos que representaron un ahorro bruto anual de 12.500.000 pesos que se reasignó en un porcentaje importante a la seguridad, salud y educación, según el proyecto. En tanto por la tercerización se aprobaron 191 solicitudes en limpieza y servicio general de portería de escuelas en Viedma; cocina, lavadero, ambulancia, mucama, mantenimiento y horno patológico de hospitales públicos e imprenta y publicación de los talleres gráficos y Boletín Oficial.
Al continuar con la tercerización de servicios públicos complementarios se logrará contribuir con el objetivo de desarrollo de la reforma al ser provistos los mismos a través de una producción privada más eficiente y llevada adelante por ex-empleados públicos desvinculados voluntariamente.

Comienza hoy el cronograma de julio con el pago al sector policial

VIEDMA (AV).- Río Negro comenzará hoy con el cronograma de julio, previéndose los depósitos a los policías. El anuncio oficial sólo contempló ese pago aunque el próximo martes se haría lo propio con los agentes de Salud Pública.
Economía no logró ayer precisiones de eventuales transferencias desde Nación y las cancelaciones salariales se afrontarán con recursos propios y un anticipo del Banco Patagonia SA.
Mientras tanto, el gobernador Pablo Verani afirmó que la provincia logró una refinanciación de los vencimientos de capital con los bancos Galicia y Nación que operarán hasta fin de año. Sólo la entidad privada tenía previsto retener de la coparticipación casi 17 millones de los 71 que Río Negro deberá afrontar por ese concepto de las entidades bancarias. Así, Economía procura postergar esos compromisos para el año próximo ante la situación actual del mercado financiero.
Por su parte, el mandatario ratificó que la Nación ofrece los bonos LECOP que servirán para pagar impuestos nacionales. Aunque habló bien de esos títulos, Verani manifestó que aún no resolvió si la provincia recibirá la propuesta, que oscilará de 25 a 30 millones.

Piden liquidar empresas

VIEDMA (AV)- Un proyecto de liquidación de las empresas estatales Edhipsa, Aeronor y EMFOR tomó estado parlamentario propiciado por las legisladoras justicialistas Silvia Jáñez y María de Costa.
La presentación se adelantó a la decisión del Poder Ejecutivo provincial que "hizo el anuncio pero no envió ninguna iniciativa" de ese tenor a la Legislatura, según argumentaron las legisladoras.
Tanto la petrolera Edhipsa, como la aeroportuaria y la forestal "son empresas de papel", indicaron en una conferencia de prensa.
Luego denunciaron que en la actualidad el Estado provincial tiene un déficit de 12.168.130 pesos mensuales, por lo tanto consideraron que la reducción del 12% en el marco del Plan Déficit Cero "es mentirosa". Estimaron que esto implicaría eliminar 134 millones de pesos.
A su criterio, el gobierno debería "poner el acento en un tratamiento de la abultada deuda, en lugar de expoliar" a los trabajadores. Expresaron la pretensión de medidas "menos traumáticas" como la eliminación de gastos sociales "improductivos" con que se mantienen "el aparato clientelar", de erogaciones de empresas públicas o disminución de rubros que no tienen discriminación "cierta".
En este marco, Jáñez y Costa cuestionaron que la crítica situación que atraviesan las finanzas provinciales influyó en una reducción de la calidad de los servicios que presta el Estado en la Educación, Salud y Seguridad.
Propiciaron la derogación de todos los decretos de naturaleza legislativa por los que el gobierno pretende imponer medidas de ajuste argumentando que el Ejecutivo "eliminó el parlamento" al abusar del mecanismo de "necesidad y urgencia. Nosotros pretendemos que se traten las medidas como proyectos para introducirles mejoras", concluyeron.

Promueven amparo

VIEDMA (AV)- Un mandamus contra la Fiscalía de Estado presentaron ante el STJ diputados justicialistas. Encabezados por el presidente de esa bancada, Eduardo Rosso, los legisladores plantearon este recurso ante la falta de respuesta del Fiscal de Estado, Sergio Ceci, sobre un pedido formulado apenas se conocieron las medidas nacionales vinculadas a las reducciones de los haberes jubilatorios.
En la presentación judicial los diputados pidieron a los jueces del Superior Tribunal de Justicia el libramiento de mandamiento de ejecución a efectos de exigir judicialmente que el fiscal de Estado cumpla de inmediato el deber legal y concreto de ejecutar en base a lo que establece la Constitución provincial, "accionando judicialmente contra el Estado nacional en defensa de los derechos emergentes del convenio de trasferencia del sistema de seguridad social a la Nación". Destacaron que esos derechos se encuentran actualmente vulnerados por la ejecución de la Ley nacional Nº 25.453 en cuanto dispone la reducción de los haberes de los jubilados y pensionados rionegrinos cuya integralidad está garantizada como derecho adquirido por las cláusulas de ese acuerdo "lesionado con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta los derechos que la provincia incorporó a su patrimonio y que tienen como correlato las obligaciones que asumiera con la Nación.
Con esta presentación se pretende que el Fiscal promueva acción de amparo contra la Nación para que se declare la inaplicabilidad de la reducción en los haberes de los pasivos.

   
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