Miércoles 15 de agosto de 2001

 

Denuncian al decano de Roca por pagar sin descuento
 

El abogado José O"Reilly presentó una denuncia contra el decano de la Facultad de Roca, Sergio Barotto, por haber pagado los salarios sin descuento, utilizando fondos con otro destino.
  ROCA (AR).- La decisión de afectar dinero de otras partidas presupuestarias para que los docentes y no docentes de la Universidad Nacional del Comahue cobren sus haberes sin el recorte del 13 por ciento, generó una verdadera polémica.
Sin embargo, la oposición más grande se produjo ayer cuando el abogado José O"Reilly presentó una denuncia penal contra el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Sergio Barotto.
Para O"Reilly, se debe investigar si la conducta de Barotto recae en abuso de autoridad y malversación de los caudales públicos.
"El Congreso de la Nación ha dictado la ley que establece una quita del 13 por ciento de los salarios de los empleados públicos y jubilados, no obstante las disposiciones expresas de la citada norma legal, el denunciado (por Barotto) como integrante del Consejo Superior de la Universidad Nacional del Comahue, mediante la ordenanza Nº0885 del 2 de agosto del año 2001, dispuso rechazar el ajuste dispuesto por el gobierno nacional y abonar los salarios del mes de julio de todo el personal docente y no docente de la UNC, sin aplicar descuento alguno", manifestó el denunciante en su escrito presentado en la justicia.
De todos modos, O"Reilly aclaró que "comparto los motivos que pueda tener Barotto como fundamento de su conducta, ya que el suscripto (O"Reilly) en su calidad de jubilado, también va a sufrir el mismo perjuicio al momento de cobrar sus haberes jubilatorios, por cuya razón iniciará las acciones legales correspondientes, con las necesarias medidas cautelares, para impedir una quita que, a mi criterio implica un despojo y un avasallamiento de derechos adquiridos. Pero ello no autoriza al decano a ejercer justicia por mano propia", manifestó.
Los artículos del Código Penal que O"Reilly pidió que se investiguen, son el 248 y el 260.
El primero de ellos establece que será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales, o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existente o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere.
El artículo 260 establece que será reprimido con inhabilitación especial de un mes a tres años, el funcionario público que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella a que estuvieron destinados. Si de ello resultare daño o entorpecimiento del servicio a que estuvieran destinados, se impondrá además al culpable, multa del veinte al cincuenta por ciento de la cantidad distraída.
El cuestionamiento de O"Reilly es que para realizar el pago sin descuentos, se utilizan partidas de dinero destinadas para otro fin. Además, no existiría la posibilidad de recupero, ya que desde octubre la universidad entraría en cesación de pagos. "Es por ello que tal conducta queda englobada en malversación de caudales públicos", manifestó el denunciante.
Paradójicamente, O"Reilly es el defensor de Ricardo Martín, un ex funcionario de la facultad roquense que está siendo juzgado por desviación de partidas de fondos presupuestarios. En esta causa, el querellante es precisamente Sergio Barotto.ROCA (AR).- La decisión de afectar dinero de otras partidas presupuestarias para que los docentes y no docentes de la Universidad Nacional del Comahue cobren sus haberes sin el recorte del 13 por ciento, generó una verdadera polémica.
Sin embargo, la oposición más grande se produjo ayer cuando el abogado José O"Reilly presentó una denuncia penal contra el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Sergio Barotto.
Para O"Reilly, se debe investigar si la conducta de Barotto recae en abuso de autoridad y malversación de los caudales públicos.
"El Congreso de la Nación ha dictado la ley que establece una quita del 13 por ciento de los salarios de los empleados públicos y jubilados, no obstante las disposiciones expresas de la citada norma legal, el denunciado (por Barotto) como integrante del Consejo Superior de la Universidad Nacional del Comahue, mediante la ordenanza Nº0885 del 2 de agosto del año 2001, dispuso rechazar el ajuste dispuesto por el gobierno nacional y abonar los salarios del mes de julio de todo el personal docente y no docente de la UNC, sin aplicar descuento alguno", manifestó el denunciante en su escrito presentado en la justicia.
De todos modos, O"Reilly aclaró que "comparto los motivos que pueda tener Barotto como fundamento de su conducta, ya que el suscripto (O"Reilly) en su calidad de jubilado, también va a sufrir el mismo perjuicio al momento de cobrar sus haberes jubilatorios, por cuya razón iniciará las acciones legales correspondientes, con las necesarias medidas cautelares, para impedir una quita que, a mi criterio implica un despojo y un avasallamiento de derechos adquiridos. Pero ello no autoriza al decano a ejercer justicia por mano propia", manifestó.
Los artículos del Código Penal que O"Reilly pidió que se investiguen, son el 248 y el 260.
El primero de ellos establece que será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales, o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existente o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere.
El artículo 260 establece que será reprimido con inhabilitación especial de un mes a tres años, el funcionario público que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella a que estuvieron destinados. Si de ello resultare daño o entorpecimiento del servicio a que estuvieran destinados, se impondrá además al culpable, multa del veinte al cincuenta por ciento de la cantidad distraída.
El cuestionamiento de O"Reilly es que para realizar el pago sin descuentos, se utilizan partidas de dinero destinadas para otro fin. Además, no existiría la posibilidad de recupero, ya que desde octubre la universidad entraría en cesación de pagos. "Es por ello que tal conducta queda englobada en malversación de caudales públicos", manifestó el denunciante.
Paradójicamente, O"Reilly es el defensor de Ricardo Martín, un ex funcionario de la facultad roquense que está siendo juzgado por desviación de partidas de fondos presupuestarios. En esta causa, el querellante es precisamente Sergio Barotto.

Vuelta a clases con polémica en Derecho

ROCA (AR).- La Facultad de Derecho fue el centro del debate universitario el lunes por la tarde en una asamblea de interclaustros que convocó a profesores, personal no docente y administrativo, el decano y alrededor de 300 alumnos en el aula magna. Un sector consideró "absurdo que los profesores tomen finales cuando no sabemos si dentro de dos meses vamos a tener la facultad abierta".
Por otra parte, varios alumnos ingresantes se preguntaban si debían asistir o no a las clases y mesas finales. El decano Sergio Barotto, a su turno, sostuvo que "es perfectamente compatible una excelente lucha política sin causar más perjuicios al alumnado".
De cualquier manera, el mandato de la asamblea fue suspender las clases y exámenes hasta el viernes y adherir a las medidas de fuerza de la multisectorial Roca".
Sin embargo, el desconcierto fue mayor porque a pesar de la postura de todos los claustros de la facultad, "hubo profesores que ayer siguieron con las clases y ni siquiera tocaron el tema del recorte en el aula", señalaron los alumnos.
Esta actitud fue repudiada por militantes estudiantiles y algunos profesores quienes no descartaron "difundir los nombres de todos los docentes que persisten en que toman exámenes y que no llevan el debate a las aulas, tal como lo votó el Consejo Directivo".
"No nos parece que esta sea la forma de enfrentar el ajuste. Si en una asamblea que estamos todos los claustros se decide que no se toman exámenes, queda a consideración de cada uno de hacerlo o no. Pero es la votación de una mayoría", planteó un docente
Hace 10 días el Consejo Directivo de UNC de Roca había resuelto que los alumnos y profesores vuelvan a las aulas una semana antes de los previsto para debatir las incidencias en las arcas de la UNC del recorte ejecutado por el gobierno.
Por su parte, el decano Sergio Barotto explicó en la oportunidad los alances de la ley 25.453 "Déficit Cero". Subrayó que "en ninguna parte del texto hay un tope de recorte en la ley. ¿Podría el estado recortar en cualquier mes el 100% de las jubilaciones y salarios? En teoría sí podría".

   
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