Miércoles 15 de agosto de 2001

 

Ya es ley el gravamen a las empresas privatizadas

 

El proyecto fue aprobado por unanimidad en segunda vuelta, aunque quedó en evidencia que se gestó sin el apoyo del Poder Ejecutivo y hay dudas sobre su implementación. Hasta último momento el oficialismo debatió sobre la conveniencia de su tratamiento o su postergación para consensuar las reformas introducidas al original. A partir de esta sanción deberán pagar el Impuesto Inmobiliario las petroleras, hidroeléctricas, transportadoras de energía y telefónicas.

  VIEDMA (AV).- La Legislatura transformó en ley el gravamen del tributo Inmobiliario con afectación directa a las concesionarias o las empresas privatizadas de los servicios públicos.
El proyecto fue sancionado por unanimidad pero también quedó demostrado que la legislación se gestó sin respaldo político del Poder Ejecutivo, por lo cual, se multiplican las dudas por su implementación. Incertidumbre en la aplicación que, de por sí, ya preveía el carácter e intereses que afectará esta norma que grava con el Inmobiliario a petroleras, hidroeléctricas, empresas energéticas y telefónicas por los "inmuebles" o "subinmuebles" utilizados por esas empresas para sus servicios.
Como miembro informante, Fernando Chironi explicó que se aceptaron algunas observaciones de Rentas y aclaró que la definición de inmuebles está destinada a los aspectos "catastrales e impositivos".
En cambio, desestimó que el impuesto "no grava a la actividad del patrimonio" y así desestimó "los informes técnicos que argumentan que se trasladará a las tarifas" porque altera la ecuación económica de los servicios.
En la parte final, Chironi reconoció que hay "inseguridad" pero la enmarcó en el carácter de "novedoso y controvertido" del proyecto, que además avanza en fuertes intereses económicos.
Asimismo, el radical insistió en revertir los argumentos de Economía que dicen que "el impuesto gravará la actividad de las empresas" y reiteró que "no se está gravando la renta, lo cual, sí estaría en colisión" con la coparticipación federal y los acuerdos con Nación, que constituían el argumento de Rentas.
Chironi consideró que "la tasa afecta al patrimonio de la persona física o jurídica", alcanzando a "todos los activos que son bienes inmuebles que consecuentemente deben tributar el impuesto inmobiliario como cualquier habitante rionegrino".
Las diferencias del oficialismo en relación al proyecto se repitieron en las últimas horas. Anteanoche, el bloque había postergado el tratamiento, a partir de los demorados dictámenes de Economía. Se había acordado además una convocatoria a los técnicos de Rentas. Aún así, el retiro se reconsideró ayer a partir de la revisión que planteó el vicegobernador Bautista Mendioroz y acompañó el radical Chironi, uno de los autores. Antes, otros dos iniciadores del proyecto, los diputados del Frente Grande, Eduardo Chironi y Guillermo Wood advirtieron que harían público su desagrado por el aplazamiento. El presidente del bloque oficialista, Miguel Saiz no logró zafar del apuro de los radicales. La pretensión del Ejecutivo de la postergación fue defendida anteanoche en el bloque por Saiz, Amanda Isidori y Wálter Azcarate mientras Luis Falcó -otro veranista- no concurrió.
La compulsa sobre los tiempos fue expuesta en la sesión por la justicialista Silvia Jáñez, quien recordó su solicitud para avanzar en "rondas de consultas" y su sorpresa por la celeridad en el tratamiento de la segunda vuelta. La diputada resaltó la advertencia del EPRE que el mayor costo se trasladaría a las tarifas y "ese organismo es el encargado de autorizar ese incremento".

Nuevas pautas de ética e idoneidad para la función pública

VIEDMA (AV).- Río Negro avanzó ayer en un nuevo marco de pautas de "ética e idoneidad de la función pública" ya que la Legislatura aprobó un proyecto que actualiza una ley sancionada hace 43 años con igual propósito. Esa vieja legislación (bajo el número NÂș 7, aprobada el 10 de julio de 1958) ya preveía la presentación de las declaraciones juradas. Pero, en realidad, casi no existe cumplimiento de la normativa.
Ahora, la iniciativa -aprobada por unanimidad- incorpora que los integrantes de los Poderes serán investigados cuando se advierta un "incremento desproporcionado" de su patrimonio. Las declaraciones deberán presentarse en un plazo de 30 días en el Tribunal de Cuentas. La obligación alcanzará al gobernador, vice, jueces, ministros y funcionarios, como también, a miembros de empresas del Estado y órganos de control. También se establece un grupo de incompatibilidades para quienes que cumplen funciones en la administración pública.
El diputado Eduardo Chironi, autor de uno de los proyectos originales, afirmó que "es necesario reafirmar el compromiso de establecer los marcos legales para garantizar transparencia e idoneidad en el manejo de las cosas del Estado".
A su turno, otro gestor del proyecto, el legislador Guillermo Grosvald del MPP desarrolló las "fundamentaciones filosóficas, doctrinarias y prácticas de la iniciativa porque la ética es el marco básico para la lucha contra la corrupción".
Asimismo, Grosvald aportó ejemplos de hechos gubernamentales que se enmarcarán en la legislación que "no son ilegales" pero "no son éticos". El diputado habló de un "funcionario invitado" a un viaje y que después se originó un subsidio en favor de la empresa (no hizo mención pero sería el director de Transporte, Oscar Villani que participó en la misión de Sapsa que fue a Estados Unidos a buscar una aeronave) y otro aporte similar para un empresario de una entidad (sería el otorgado a Miguel Miquel de CAFI para viajar a Italia) aunque éste, difundida la cesión, desistió ese pago pero los funcionarios siguen en sus cargos, dijo Grosvald. Otro hecho expresado fue la contratación a 2.500 pesos mensuales de médicos extranjeros (cubanos), con vacaciones, alojamientos y servicios públicos pagos, cuando simultáneamente existían concursos para médicos residentes por 700 pesos, sin viviendas". Remarcó que "no son ilegales pero no son éticos".
El justicialista Sigifredo Ibáñez acompañó la iniciativa mientras advirtió de su cumplimiento. Una advertencia que es válida ya que las declaraciones juradas que exige la vigente legislación de 1958 no son cumplidas.

Río Negro no aplicará la reducción de las asignaciones familiares

VIEDMA (AV).- El gobierno de Río Negro no aplicará la disminución del 13 por ciento en las asignaciones familiares. Sólo adecuará el regimen provincial a la nacional pero no implementará la baja anunciada por la Nación, que preveía también su implementación en la administración pública rionegrina.
Mientras tanto, no hay precisión del inicio del cronograma salarial de julio, previéndose que el viernes se comenzaría con la cancelación de haberes a la policía. El equipo de Economía que permanecía anoche en Capital Federal tenía expectativas sobre la concreción de un desembolso de 10 millones de pesos.
Por su parte, el bloque de legisladores del justicialismo adelantó acciones en la Justicia contra los decretos de "necesidad y urgencia" que recientemente firmó el gobernador Pablo Verani para instrumentar las nuevas medidas de ajuste.
El presidente de la bancada, Eduardo Rosso, definió "como falaz la argumentación de declaración de emergencia económica ya que se extiende por más de 10 años y ha dejado de ser una situación emergente para ser una consecuente de una reiterada actitud del Ejecutivo para reducir gastos".
Además, el justicialista adelantó que se presentará un mandamus para obligar al fiscal de Estado, Sergio Ceci, al cumplimiento de las acciones en defensa de los intereses de la provincia.
Esa bancada había solicitado actuaciones frente a la quita en los haberes previsionales de jubilados rionegrinos transferidos a la Nación.
En relación al pago con tickets la oposición rechazó esa metodología porque "desnaturaliza la esencia de su creación que es un beneficio adicional y no un elemento en desmedro de los salarios".
Asimismo, el Consejo de la Función Pública habría formalizado una decisión de Verani: la aplicación del regimen de asignaciones familiares de Nación pero sin contemplar la quita del 13 por ciento que desde agosto aplicará el gobierno federal.
Esa determinación licuaría la reducción en los haberes que inicialmente se originaban con un doble impacto: la eliminación de algunas asignaciones por la implementación del régimen nacional y la simultánea reducción de los montos de las mismas.
La adhesión al sistema nacional determina directamente que medio millar de estatales no cobren más esos beneficios (perciben más de 1.800 pesos) y, entre otras eliminaciones, desaparece el pago de 30 pesos por cónyuge.

   
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