Lunes 13 de agosto de 2001
 

Aumentarían las tarifas si les cobran el Inmobiliario
 

El EPRE y Rentas afirman que el impuesto lo pagarán los usuarios.Dicen que las privatizadas podrían trasladar los costos al servicio.La Legislatura debía tratarlo mañana, pero seguramente se postergará.
  VIEDMA (AV)- El Ente Provincial Regulador de la Electricidad y Rentas advirtieron que la aplicación del impuesto Inmobiliario a las empresas o las concesio- nes privatizadas originarían un aumento en el costo de los servicios públicos.
La Legislatura preveía ratificar mañana el proyecto -ya aprobado en primera vuel-ta- que grava con ese tributo a las petroleras, hidroeléctricas, empresas energéticas y telefónicas, a partir de introducir el concepto de "inmuebles por accesión" o "subinmueble" a la totalidad de los elementos utilizados por esas empresas para sus servicios.
Ese segundo tratamiento ahora quedaría pendiente. La inicial aprobación originó un debate público entre Economía y los autores del proyecto, Fernando y Eduardo Chironi, Guillermo Wood e Iván Lazzeri. En la discusión también se trenzó el vicegobernador Bautista Mendioroz.
Un argumento expuesto por el ministro José Luis Rodríguez estuvo relacionado a que los diputados no habían esperado la opinión técnica de su cartera. Por lo pronto, siempre se advirtió la oposición de Economía a la iniciativa.
Esa cuestión quedó reflejada en los dictámenes elevados por organismos relacionados a Rodríguez: el Ente Regulador de la Electricidad y la Dirección de Rentas (ver recuadro). Ambos cuestionan técnicamente la iniciativa y coinciden en una derivación de alto voltaje político, ya que aseguran que el incremento del Inmobiliario será trasladado a los usuarios en el costo del servicio.
El informe del EPRE es concluyente. Con la firma del titular, Enrique Oehrens, el organismo coincide en que "la modificación de la ley no crea un nuevo impuesto" y, además, recuerda que las distribuidoras eléctricas ya pagan Inmobiliario por otros conceptos.
El dictamen -que ingresó el jueves en la Legislatura- aclaró que la "tarifa eléctrica actualmente remunera a las distribuidoras" por el impuesto Inmobiliario, por lo cual, "un eventual aumento de ese mis-mo impuesto o un aspecto no contemplado, también podría ser trasladado a la tarifa. No se advierte -agregó- ningún argumento que justifique darle al aumento del impuesto Inmobiliario un tratamiento tarifario distinto al que se le da al monto que actualmente representa ese mismo impuesto".
Más adelante, el informe reiteró que "el inmobiliario ya está reconocido en la tarifa, entonces cualquier eventual aumento o disminución también debe ser trasladado a la tarifa".
En los fundamentos, el proyecto legislativo establece -dice el dictamen- que "no resultaría procedente" trasladar a las tarifas el mayor costo originado por la readecuación del Inmobiliario pero "no se explica por qué el actual monto del impuesto se reconoce y el eventual futuro aumento del mismo impuesto no debería ser reconocido".
El EPRE entendió que "técnicamente no establece un nuevo impuesto" pero que "sí implica una modificación tributaria, porque amplía la base imponible".
Explicó que "a los efectos económicos", esa medida "puede ser equiparada a un nuevo impuesto y, en cualquier caso, es innegable que se aumenta la carga fiscal". Si bien recordó que "cualquier traslado a la tarifa" es decisión del EPRE, el organismo tendrá facultad "limitada por el principio de razonabilidad". Reiteró que "una mayor carga fiscal" y "el no traslado a tarifas" vulneraría "la construcción de la ecuación económica del contrato de concesión" y "violaría la seguridad jurídica".
Finalmente, el EPRE concluyó que "no hay fundamentaciones" para poder rechazar un traslado a las tarifas por lo que "un incremento de la carga impositiva" la "terminaría pagando el usuario".

Los reclamos judiciales

El dictamen de Rentas -que ingresó el viernes en la Legislatura- pide a los diputados que reformulen el proyecto para que "se mediten concienzudamente las eventuales consecuencias dañosas" por las eventuales "derrotas judiciales en pleitos que podrían tener una gran relevancia patrimonial". Aunque dice que "comparte el espíritu" de la iniciativa. La misiva -que suma 14 páginas, incluyendo un anexo- comienza con una referencia de Rentas que se parece bastante a una chicana política. Dice que "resulta gratificante" evaluar una iniciativa que pretende obtener "recursos genuinos" después de "haber analizado una cantidad no poco importante de proyectos" de exenciones impositivas.
Cuestiona la ampliación de la base imponible porque "resulta confusa" con el "emparejamiento forzado de dos conceptos diversos: inmuebles y subinmuebles".
El estudio explica que el impuesto Inmobiliario es considerado un tributo "sobre la renta de la tierra, con distintos matices". En cambio, la iniciativa legislativa "implica gravar rentas que no son la renta dominial propiamente dicha, ni la renta de los edificios urbanos, ni siquiera la renta agraria, sino las producidas por el ejercicio de la activi-dad que en cada caso ocasionara la ocupación del inmueble o subinmueble".
También advierte que la aplicación derivaría en violar el convenio de régimen de Coparticipación Federal porque se avanzaría en aplicar tributos reservados a Nación.
Coincide con el EPRE que los nuevos costos impositivos se "trasladarán a los usuarios" ya que "el carácter directo del gravamen no impide la trasladación impositiva y, además, está expresamente previsto en los pliegos y contratos". (AV)
   
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