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Domingo 12 de agosto de 2001 | |
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El martes será aprobada la ley de ética pública |
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| VIEDMA (AV).- Los diputados, jueces o funcionarios de los Poderes de Río Negro deberán ser investigados cuando se advierta un "incremento desproporcionado" de su patrimonio. Esta acción está planteada en el proyecto de "ética e idoneidad de la función pública" que el martes aprobará la Legislatura. El mismo ratifica la exigencia de los funcionarios en presentar ante el Tribunal de Cuentas una declaración jurada de bienes, con la posibilidad de suspenderse su haber público si no se cumple con esa obligación. La elevación de la declaración jurada está contemplada en la legislación actual pero no se cumple. Aún así, la iniciativa conserva la "confidencialidad de los datos" patrimoniales de los funcionarios públicos ya que sólo se podrá acceder a esa información -según el proyecto- por "pedido del propio interesado" o por solicitud de autoridad judicial, por comisiones investigadoras, por organismos impositivos o por los titulares de cada Poder respecto de funcionarios de su dependencia. La norma obligará a las autoridades de la administración pública a presentar la declaración pública en un plazo de 30 días a partir de su vigencia. Por eso, deberán confeccionarse formularios donde se pueda obtener en forma precisa y circunstanciada el patrimonio del declarante y del grupo familiar. Esta obligación alcanzará al gobernador, vicegobernador, ministros, secretarios y subsecretarios, legisladores, jueces y funcionarios judiciales, funcionarios de empresas del Estado, policías desde la jerarquía de subcomisario hasta jefes de dependencias, y miembros de los órganos de control. También algunos agentes públicos También serán incluidos los agentes públicos con categoría no inferior a la de subdirector, personal de conducción o equivalente, que presten servicio en el sector público o toda aquella persona que administre fondos públicos. Si la autoridad de aplicación advierte que el patrimonio del declarante se incrementó desproporcionadamente a los ingresos conocidos durante el ejercicio de su cargo, y sin que medien causas atendibles para ello, deberá poner el hecho en conocimiento del titular del Poder al que pertenezca su organismo al que el declarante hubiera pertenecido y al Fiscal de Investigaciones Administrativas, a los fines de que se adopten las medidas a que hubiere lugar. El proyecto presentado en coautoría por el Frente Grande y el Movimiento Patagónico Popular establece una serie de incompatibilidades. Así, ningún integrante de la función pública podrá ser proveedor del Estado, cuando "de ellos dependa directa o indirectamente la correspondiente contratación. Esta incompatibilidad alcanzará hasta el tercer grado de parentesco". Tampoco podrá tener cargo o relación con empresa privada que sea beneficiaria de concesiones o cualquier adjudicación pública. |
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