Domingo 12 de agosto de 2001

 

Demoran el tope salarial para los cargos superiores

 

El atraso se debe a una disputa por los órganos de control. En el debate participaron el gobernador rionegrino, Pablo Verani, y el vicegobernador, Bautista Mendioroz. El mandatario incluye en el límite salarial a los integrantes de esos organismos, en tanto que el titular de la Legislatura se opone porque entiende que puede lograr que la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y el Tribunal de Cuentas lo acompañen en el recorte de gastos recién anunciado.

  VIEDMA (AV).- El gobernador Pablo Verani postergó el decreto/ley que establece un tope salarial en los cargos superiores. La demora responde a diferencias en la incorporación o exclusión de los órganos de control en la limitación de los haberes.
El debate fue encabezado entre Verani y su vicegobernador Bautista Mendioroz. El mandatario tenía redactado la norma con techo salarial de un ministro (2.343 pesos netos) para el personal del Ejecutivo, empresas públicas y órganos de control. No incluía a los titulares pero Verani sabía que la quita en empleados y funcionarios exigiría una automática adhesión de las conducciones.
Mendioroz se opuso a ese decreto/ley (que se preveía formalizar con la quita en la Justicia) y argumentó tener el compromiso de acompañamiento del Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. En la Defensoría del Pueblo se advierte menos conflicto por el interinato actual y además no existe legislación salarial.
En cambio, los otros órganos de control tienen directa relación institucional con la Legislatura. Desde un principio, Mendioroz evitó injerencias y sólo reunió al presidente del Tribunal, Pedro Funes y al fiscal de Administración, Carlos Malaspina para ratificar que cada presupuesto debe reducirse en un 12 por ciento. El Tribunal, la Defensoría y la Fiscalía suman algo más de 6,6 millones anuales (sin la deuda), casi el 67 por ciento es costo de personal. La baja para el segunda semestre representaría unos 400 mil pesos y la mitad de la meta corresponde al Tribunal de Cuentas.
Igualmente, Verani -a partir de la iniciativa del ministro Gustavo Martínez- diseñó el decreto/ley que alcanzaba al personal de los organismos de control. Mendioroz -otra vez- logró congelar esa norma y volvió a convocar a aquellas conducciones.
Más consciente del desafío, el vicegobernador insistió en los recortes. Hasta ahora, no hay respuesta oficial. El Tribunal de Cuentas y la Fiscalía se mantuvieron esta semana evaluando alternativas pero, especialmente, esperan la resolución que la Legislatura oficializará el próximo martes.
En la sesión se fijará una reducción del 12 por ciento en las dietas de los diputados y otro 12 por ciento en el gasto de funcionamiento, que se traduce en una caída equivalente a los recursos que manejan los legisladores.
El promedio de los haberes netos por diputados quedará entre 2.200 y 2.300 por recibo (actualmente promedia los 2.500 pesos) y el otro desembolso rondará de 3.050 a 3.200 pesos. Así, el monto total se aproximaría a los 5.500 pesos.
Según trascendió, el Tribunal de Cuentas habría garantizado a Mendioroz una baja del 12 por ciento en los salarios de sus miembros y la derogación de la resolución de "los gastos de representación" que originó un aumento adicional del 7 por ciento (publicada recientemente por "Río Negro"). Esa quita del 19 por ciento recién aproximarían sus haberes a las dietas de los legisladores. Los funcionarios también tendrían bajas en sus remuneraciones.
Igual decisión asumiría el fiscal Malaspina, que promete disminución importante en viáticos y gastos de funcionamiento. Además, ambos organismos aceptarán el pago en vales alimentarios y suspenderán el cobro de los aguinaldos en los cargos superiores, incluso el primero ya fue cedido por los miembros de esos órganos de control.
La Fiscalía de Estado y la Contaduría General -con presupuestos que suman 2,7 millones de pesos- también evalúan sus propias reducciones del 12 por ciento.

Antecedentes en favor y en contra de la intangibilidad

VIEDMA (AV)- La discusión sobre intangibilidad de los sueldos de los jueces en épocas de crisis tiene antecedentes judiciales en Río Negro.
Un Superior Tribunal de Justicia "ad hoc" integrado por los abogados Mauricio Yearson, Mario César Corres y Rolando Simone hicieron lugar en 1997 a un recurso de amparo interpuesto por jueces y funcionarios contra un intento de reducción salarial del 14% que el STJ natural había dispuesto a través de una acordada, en base a un decreto de necesidad y urgencia que fijó una disminución presupuestaria para el Poder Judicial en el marco de la crisis que afectaba entonces a Río Negro. En un extenso fallo Yearson y Corres hicieron lugar al recurso, mientras que Simone se abstuvo de opinar.
La diferencia con la situación actual radica en que, esta vez, el Ejecutivo rionegrino dictó un decreto-ley en el que fijó una reducción salarial a los jueces de hasta un 12% y avanzó en la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, recomendando hasta la tercerización de servicios y la aplicación del Régimen de la Función Pública que implica la pérdida de la estabilidad laboral.
Resta ahora que el STJ que preside Víctor Sodero Nievas defina como instrumentará esa normativa.
En el `97, Tomás Rébora en calidad de Procurador General "ad hoc" se pronunció por rechazar el amparo, fundamentando que ante la crisis generalizada todos estaban obligados a la reducción salarial "aunque no fueran responsables de ella". Pero adjudicó responsabilidades al Poder Judicial por "no haber tomado las providencias correspondientes ante el cúmulo de presuntas irregularidades administrativas detectadas y denunciadas públicamente o ante los funcionarios judiciales". Consideró "absurdo" que la Justicia quedara excluida del ajuste porque de lo contrario "se crearía una clase privilegiada". Aclaró que la situación exigía un sacrificio de todos y añadió que "lo último que debe abandonar un juez es su dignidad", aconsejando que la reducción salarial debía aplicarse a funcionarios y magistrados. De lo contrario se atentaría contra el principio de igualdad". Sobre la intangibilidad opinó que "cede ante situaciones de índole general (crisis financiera y económica), debiendo ser soportadas igualitariamente por todos".
Los jueces "ad hoc" Yearson y Corres coincidieron en hacer lugar al amparo en esa oportunidad planteado por magistrados contra la reducción salarial, fundamentando la intangibilidad de esos haberes que implica una garantía que asegura la independencia de la Justicia. Yearson interpretó que los jueces no son empleados del gobierno sino que integran uno de los tres Poderes que lo constituyen y "el más débil de ellos" porque "son los otros dos quienes, vía regulación del presupuesto tienen a su merced al Judicial". A diferencia del entonces Procurador opinó que "sufre las consecuencias de la crisis sin haber participado en su origen y agravamiento".
En términos similares se pronunció Corres en el `97, quien sostuvo que la intangibilidad "no importa una inmunidad o privilegio personal" sino que reafirma la independencia técnica del Poder Judicial, "garantía que no es de orden general para todos los funcionarios, sino especial, por lo cual ninguna interpretación puede conducir, a la asimilación de lo que la Constitución distingue".

Habrá nuevos bonos federales

VIEDMA (AV/ASA).- El mandatario rionegrino Pablo Verani se reunirá esta semana con gobernadores de la Alianza para compartir y consensuar reclamos ante los nuevos bonos que la Nación anuncia cederá a las provincias. Además, participará el martes de otra reunión de mandatarios para "decidir las nuevas autoridades del Consejo Federal de Inversiones".
"Hay que definir cuáles son los caminos a recorrer en función de que se crearán dos bonos federales pero todavía no estamos muy enterados de cómo funcionan", dijo el viernes en San Antonio.
Dijo que un título "sería por la deuda de 1.200 millones que la Nación tiene con las provincias por el aumento del IVA, pero no sabemos cómo vendrá ni para qué servirá". El secretario de Hacienda, Pablo Verani estimó que "nos corresponderían unos 30 millones".
El gobernador afirmó que el otro bono sería un título "sin intereses en parte de los mil millones del Fondo Fiduciario que sirve para pagar impuestos".

   
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