Jueves 9 de agosto de 2001

 

Jueces exigen al STJ que rechace la baja salarial

 

Una sensación de verdadero malestar se podía advertir ayer en ámbitos judiciales, luego de que el gobierno rionegrino anunciara el decreto que faculta a rebajar salarios del Poder Judicial hasta el 12 por ciento. Los jueces no se pronunciaron oficialmente, pero el titular del Colegio de Magistrados reclamó al STJ que defienda la independencia de la Justicia en Río Negro.

  ROCA (AR).- El decreto ley firmado por el Poder Ejecutivo para lograr el ajuste en la Justicia rionegrina generó un profundo rechazo entre los jueces, que ayer plantearon un virtual "quiebre" en la relación entre el Colegio de Magistrados y Funcionarios y el Superior Tribunal de Justicia.
La introducción de cambios a la Ley Orgánica en el decreto, entre otras reestructuraciones en el funcionamiento del Poder Judicial, provocaron un marcado malestar en el ámbito judicial rionegrino, con jueces que ayer hablaban de una "traición" por parte del STJ.
Estas expresiones tienen relación con posturas acordadas en las reuniones previas entre los integrantes del Poder Judicial, que a la hora de sentarse con el Ejecutivo no fueron respetadas, según indicaron.
Convencido de que se trata de una norma inconstitucional, el presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios, Edgardo Albrieu, exigió al STJ que "retome la función que representa en un poder independiente y se manifieste públicamente diciendo que el Poder Ejecutivo ha vulnerado la división de poderes".
"Parecería que en Río Negro hay un solo poder. Es fundamental para seguir creyendo en la justicia que el Superior Tribunal de Justicia se manifieste en contra del decreto de ajuste", señaló el titular de la entidad.
Este diario consultó ayer a varios jueces en Roca, que recordaron su predisposición a realizar un aporte económico para afrontar la crisis, pero advirtieron que "con el decreto firmado por Verani quedó en claro que en Río Negro se está buscando una justicia obediente al Poder Ejecutivo, con un marco de acción cada vez menor y sólo posibilitada de resolver cuestiones vecinales, que no son precisamente las que molestan al gobierno".

"Jueces obedientes"

"Se está desjerarquizando el Poder Judicial de una manera notoria. Parece que el objetivo es tener jueces de 2.500 ó 3.000 pesos y cuando al gobierno no le gusta uno lo saca y pone otro a su antojo. Lo peor es que usan a la ciudadanía y a los medios diciendo que los jueces no se quieren bajar los sueldos y por abajo introducen cambios en contra de esa misma ciudadanía", reflexionaron ayer dos magistrados del fuero penal roquense.
Oficialmente se supo ayer que se hará una reunión de comisión directiva en las próximas horas para definir una postura oficial del colegio que agrupa a jueces, fiscales, secretarios y defensores oficiales en la provincia.
"Entiendo que (el decreto) es inconstitucional desde el momento en que sus artículos plantean cambios a la Ley Orgánica. Yo no veo que una norma de este tenor sea de necesidad de urgencia y signifique un peligro grave a la sociedad para que el Ejecutivo pueda actuar y resolver sobre ello. Esto y el resto de las reformas tendrían que haberse planteado por Legislatura", opinó ayer Albrieu.
El titular del Colegio de Magistrados agregó que "es el STJ el que debe plantear los proyectos para cambios y no el Ejecutivo. Se está violando la independencia del Poder Judicial y se trata de una injerencia muy notable y grave".

Hoy analizarán el decreto de recorte

VIEDMA (AV)- Los jueces del STJ se reunirán hoy para analizar el decreto-ley que fijó el ajuste para la Justicia. Ese cuerpo podría tomar definiciones respecto de cómo implementar la reducción presupuestaria, incluso a partir de los nuevos criterios de la baja salarial para los magistrados.
Simultáneamente, el ministro de Coordinación, Gustavo Martínez , estimó que no sería conveniente para la sociedad que existan reacciones judiciales de los magistrados. Entendió negativo que se generen "acciones contra las medidas -que a nadie le gustan pero que son imprescindibles, insoslayables e imposibles de evitar- en momentos que otros, en peores situaciones, deben tolerar medidas más graves. Esa actitud afectaría la necesidad de confiar que tiene la gente en aquellos que imparten justicia", afirmó Martínez.
Por su parte, el STJ mantuvo ayer el hermetismo que lo caracterizó en las dos semanas transcurridas desde los anuncios del gobernador Pablo Verani. El Poder Judicial se mantenía a la espera de una norma que fijara esa disminución del presupuesto del 12 por ciento, que constituye un ahorro aproximado a los 2.700.000 pesos. Ese marco legal se formalizó el martes con un decreto/ley. Ese ajuste no tiene otra posibilidad que recaer sobre la masa salarial judicial, si se tiene en cuenta que este rubro significa el 95% del presupuesto.
No obstante, aquel decreto ley firmado por Verani, con el acuerdo político de los jueces del máximo órgano judicial de Río Negro, avanzó en la modificación de la Ley Orgánica de ese Poder y estableció instrumentos para concretar el ajuste. Entre otras opciones fija la alternativa de la tercerización de servicios que, en principio, incluiría el servicio de maestranza del Poder Judicial.
En los considerandos de esta norma se destacó que ante la actual situación de la provincia con las medidas dispuestas "no se está excediendo el marco constitucional, toda vez que lo que se proponen son decisiones si bien extremas, aparecen como únicos y escasos remedios para aliviar las obligaciones que periódicamente debe absorber el exhausto erario provincial".
Fundamentó que estas medidas se deben adoptar ante la necesidad de "no poner en riesgo la viabilidad del Estado rionegrino y que en ese marco se brindaron los instrumentos legales necesarios para que la Justicia aplique la reducción hasta el límite del 12% en las retribuciones intangibles, bajo el carácter de contribución general".

Trascendió la provincia

La discusión por el ajuste en el Poder Judicial rionegrino y el mecanismo legal elegido para llevarlo adelante traspasó ayer los límites de la provincia. Extraoficialmente se informó que las autoridades de la Federación Argentina de Magistrados se instalarían en Viedma la semana próxima y mantendrían reuniones con el STJ y otros funcionarios de la Justicia para evitar que se concreten las reformas previstas por el decreto ley firmado el martes.
Consultado por este aspecto, el presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios, Edgardo Albrieu, sólo confirmó que recibió numerosos llamados telefónicos desde colegios y asociaciones de todo el país, en las que se expresó "mucha preocupación por el avance del poder político sobre la Justicia en Río Negro". (AR)

Gadano anticipó la postura de los abogados

"La inamovilidad de los jueces y la intangibilidad de sus haberes son los dos pilares en que se sustenta la independencia del Poder Judicial, y no hay mejor garantía para la gente que tener un Poder Judicial independiente". Con estas palabras, Carlos Gadano, presidente del Colegio de Abogados de Roca, mostró su claro rechazo al recorte de sueldos y otras medidas que piensa instrumentar el gobierno provincial y se sumó así a la ola de críticas que se escuchó ayer desde todos los sectores relacionados a la justicia.
A pesar de que el Colegio de Abogados recién se reunirá el próximo viernes para evaluar las medidas y emitir una opinión oficial, Gadano aseguró que "se nota el descontento en todos los círculos y como todo es muy reciente aún no se sabe si se van a entablar medidas judiciales o se va a tolerar el ajuste".
Gadano no descartó que en los próximos días se presente una medida de inconstitucionalidad argumentando que "para salir de la crisis no debe recurrirse a atajos violatorios de la Constitución, sino a la reafirmación y el respeto irrestricto del marco normativo vigente". "Resulta muy peligroso que nos acostumbremos cotidianamente a que se diluyan las garantías y a que nuestros derechos constitucionales se bastardeen, sobre todo cuando la causa de tanto despropósito sea la incondicional satisfacción de los intereses de los acreedores de la Nación".
Para Gadano que el pedido de achique provenga de amplios sectores de la sociedad es un error y de acuerdo a su opinión "el esfuerzo no tendría que pasar por el Poder Judicial sino por los que realmente detentan la riqueza en el país y que no son precisamente los jueces". (AR)

   
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