Viernes 31 de agosto de 2001 | ||
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Seis testigos declararon ayer en el juicio contra Carassale |
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El ex intendente de SAO es enjuiciado por la venta de terrenos en Las Grutas en un precio menor al establecido en una ordenanza. Uno de los lotes fue comprado por el diputado Alfredo Lasalle. La audiencia continuará la semana próxima. |
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VIEDMA (AV)- Con la declaración de seis testigos continuó ayer el juicio contra el exintendente de San Antonio, Carlo Carassale. El Tribunal penal integrado por los camaristas Susana Milicich de Videla, Ernesto Rodríguez y Roberto Maturana citaron a las partes para la semana próxima. En la audiencia de ayer -más aliviada que la primera que se extendió hasta las 23- cinco de los testigos que se escucharon compraron terrenos en el balneario Las Grutas durante la gestión de Carassale al frente del municipio. La acusación que pesa en su contra es haber vendido lotes a precios inferiores a los establecidos en la ordenanza municipal. El imputado detalló durante su declaración indagatoria de anteayer que esos valores más bajos se debían a que los terrenos en cuestión no tenían los servicios instalados, de los que luego se debían hacer cargo los frentistas y de allí que el valor de venta fuera menor. Otro de los hechos que se le adjudican es haber preadjudicado una parcela al actual diputado Alfredo Lasalle, mientras éste se desempeñaba como secretario de Gobierno y Hacienda del municipio de San Antonio. Ayer declaró la esposa de Lasalle, María Marcela Forgue, quien detalló que por ese terreno pagaron 21.000 dólares en cuotas y se comprometieron verbalmente a hacerse cargo de la nivelación de la parcela, condición que luego se plasmó en un documento que ambos adquirentes firmaron. En él se especificó que ambos adeudaban al municipio la suma de 14.300 pesos por nivelar y desmontar el terreno y la instalación de los servicios. Para los jueces no quedó claro porqué la testigo y su esposo firmaron un compromiso de deuda con el municipio a pesar que éste no había realizado esos trabajos. Forgue confirmó que ni la nivelación ni el desmonte se ejecutaron y detalló que la preadjudicación del terreno en cuestión caducó, perdiendo todo lo entregado. Tras la declaración de la testigo, el imputado formuló una aclaración en relación a que el precio unitario fijado en el convenio correspondiente incluía los 21.000 pesos más los 14.300 pesos por la nivelación y desmonte. Añadió que esto aumentó el valor del metro cuadrado de esa parcela, llevándolo a ocho pesos. No obstante se le reprocha a Carassale que este precio fue inferior a otros terrenos circundantes. Los restantes testigos Marcelo Ferreyra, Marcos Guzmán, Gustavo Casas y Carlos San Juan detallaron los valores y las formas de pago de los terrenos que adquirieron en la misma zona que el de Lasalle, próxima al tanque de agua de Las Grutas durante la gestión de Carassale. |
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