Jueves 16 de agosto de 2001

 

La Nación no usaría bonos para la coparticipación

 

Los gobernadores peronistas aseguraron que no aceptarán el Lecop si el mismo se utiliza para cancelar coparticipación. El gobierno, frente a esta presión, aceptó cambiarle el destino de los bonos. Los gobernadores aliancistas ya los habían cuestionado. También se analizó la implementación del bono federal para cancelar las deudas que Nación tiene con las provincias.

  Los gobernadores "no aceptarán" que la Nación les abone los fondos de coparticipación con Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (Lecop), decisión que sería aceptada por la Nación.
Así lo aseguró esta tarde el mandatario puntano, Adolfo Rodríguez Saá, tras la reunión mantuvieron ayer un grupo de gobernadores de la Alianza y la oposición con el presidente Fernando de la Rúa; el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, y el ministro de Economía, Domingo Cavallo.
"La posición muy firme de todos los gobernadores es que no podemos aceptar el pago de coparticipación en Lecop", afirmó Rodríguez Saá, en declaraciones a la prensa en la Casa Rosada.
Según el mandatario puntano, la posibilidad de que el gobierno proponga abonar la coparticipación federal con Lecop "ha sido desmentido por el ministro de Economía y por el Jefe de Gabinete".
Agregó que, más allá que las cuestiones técnicas que serán analizadas en una próxima reunión que mantendrán los ministros de Economía de las diferentes provincias con la Nación, se acordó que "se van a poder emitir Lecop, para las provincias que adhieran en forma voluntaria (a este régimen), hasta determinado monto de una nómina salarial", tal como se había establecido la semana pasada.
Del encuentro, realizado en la Casa de Gobierno, participaron además de Rodríguez Saá, los gobernadores radicales Pablo Verani (Río Negro) y José Luis Lizurume (Chubut), el de Cruzada Renovadora Alfredo Avelín (San Juan), y el frepasista Aníbal Ibarra (Ciudad de Buenos Aires).
La lista se completó con los justicialistas Eduardo Fellner (Jujuy), Carlos Juárez (Santiago del Estero), Angel Maza (La Rioja) y Julio Miranda (Tucumán).
Los gobernadores también analizaron cómo se implementará el nuevo bono federal con el que la Nación cancelará una deuda por 1.200 millones de pesos que mantiene con los estados provinciales tras la suba de tres puntos porcentuales del IVA (que pasó de 18 al 21% en 1996) que no fue coparticipado. Otro de los temas discutidos tuvo que ver con la refinanciación del Fondo Fiduciario destinado al programa de asistencia financiera para las provincias.
Ante el silencio que mantuvieron los funcionarios nacionales, Adolfo Rodríguez Saá sostuvo que en lo que afecta al bono federal "discutimos quién tiene que pagar los intereses" y desde las provincias "sostenemos que los tienen que pagar el deudor, que es la Nación, mientras que el decreto (que promueve su emisión) dice que los intereses lo tenemos que pagar las provincias". Para el gobernador puntano, "esto se ha comprendido" por parte de las autoridades nacionales, motivo por el cual se acordó que la Nación "va a buscar la forma para modificar" esta cuestión que estaría presente en el decreto que emitió el Poder Ejecutivo.

Nuevas autoridades

Los gobernadores peronistas crearon ayer un nuevo foco de conflicto con sus pares de la Alianza al "expulsar" del Consejo Federal de Inversiones (CFI) a la ciudad de Buenos Aires y elegir, con quórum propio y contra las intenciones de los oficialistas, a la provincia de San Luis al frente de la asamblea del organismo.
La presencia de siete gobernadores, cuatro vicegobernadores, un senador por Formosa y el apoyo del gobernador de Neuquén, Jorge Sobisch, fueron suficientes -luego de la exclusión de los porteños- para elegir ayer a las nuevas autoridades del CFI, consagrando a la provincia de San Luis al frente del organismo federal.
Sin la ciudad de Buenos Aires, la mayoría de dos tercios requerida se redujo de 16 a 15 votos, logrados con 14 de las provincias gobnernadas por peronistas y el sufragio de Neuquén.(Télam/DyN)

¿Más emisión?

La utilización de los Lecops para cancelar gastos corrientes, generó el debate entre los economistas por los efectos que puede tener sobre la solvencia de la Convertibilidad.
"Es evidentemente una violación a la Convertibilidad, pero por ahora es chiquita, porque en definitiva aunque estén respaldados por el Fondo Fiduciario, en la medida en que más se lo reconozca el poder cancelatorio, se transforma en dinero. Es más emisión", advirtió el economista Eduardo Curia.
Aldo Abram, economista de Exante, afirmó que "no es una violación de la Convertibilidad porque no se está emitiendo moneda nacional. Son papeles y bonos provinciales que pueden tener curso como moneda pero que no tienen la obligación como tales de tener el aval de la convertibilidad sino el de la confianza que pueda llegar a tener el emisor, sea un fondo fiduciario o una provincia, y cotizarán a la par del peso dependiendo de esa confianza", explicó el economista.
Javier Finkman economista jefe del HSBC, consideró que, "en lo formal no viola la convertibilidad porque se estructuran co-mo títulos, en tanto pagan intereses. Formalmente no la viola, ahora en el espíritu de su utilización, uno puede tener sus reparos porque van a tener el rol de circulante, cancelar pagos corrientes, y en teoría no se usa deuda para eso", agregó el economista.

Postergan proyecto para los depósitos

Por falta de voluntad política para sesionar, la Cámara de Diputados no alcanzó ayer a debatir un proyecto de ley de "resguardo" que prohíbe expresamente al Poder Ejecutivo disponer de los depósitos, ya sean en moneda nacional o extranjera.
El proyecto estaba en segundo orden del temario de la sesión de esta tarde pero no pudo ser debatido a raíz del fracaso del plenario que se complicó por la falta de acuerdo en el trámite de derogación del decreto 804 del marco regulatorio del sistema energético impulsado por el bloque del PJ.
La iniciativa final había aprobado en la comisión de Finanzas, producto del consenso de cuatro proyectos de los diputados Víctor Peláez (UCR), Marcelo Stubrin (UCR), Ana María Mosso (PJ) y Fernanda Ferrero de Acción por la República (AR).
Peláez, el presidente de la comisión, señaló que la iniciativa es un nuevo intento del Congreso por tranquilizar a las inversionistas y darle garantías al sector financiero.

     
     
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