Martes 28 de agosto de 2001 | ||
MAS INFORMACION: |
Habrá recursos para crear el fuero criminal |
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Prometieron un segundo fiscal y una recompensa de 100.000 pesos para el caso Del Frari |
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CIPOLLETTI (AC).- Con la habilitación presupuestaria para el juzgado 21 ya creado por ley, y la paulatina descentralización de un segundo de Roca hacia esta ciudad, se irá perfilando la nueva estructura Penal en Cipolletti, a la que se sumará otro fiscal en la comisaría Judicial. La descentralización para el segundo juzgado podría contemplar en sus pasos iniciales la permanencia aquí del juez y sus funcionarios respectivos, para después instalar definitivamente la dependencia, aunque todo se halla en la órbita del Poder Judicial que resolverá los mecanismos pertinentes. Todas estas definiciones se fueron delineando en una reunión clave mantenida en la Comisaría Judicial. No obstante, tanto Mendioroz como Saiz y Mántaras habían adelantado una medida del tipo en la asamblea con los vecinos en la Asociación Española. El encuentro en la Comisaría Judicial se prolongó por casi dos horas y al final Mendioroz se encargó de informar al periodismo. Hubo pleno acuerdo en habilitar presupuestariamente al Poder Judicial para que instrumente la puesta en marcha del juzgado de Instrucción Penal 21 de Cipolletti, y el de Regina, vía una ley que será votada en primera vuelta el 30 de agosto, y en segunda a los 15 días, dijo Mendioroz. El Poder Judicial tiene la decisión de crear una base judicial Penal en Cipolletti "y aquí quedó claro, aunque de manera gradual, mediante la descentralización, desconcentración o reformulación de su estructura", expresó. Esto se analizó, y se decidió, para que no colapse el juzgado 21 con una demanda que sea superior a la capacidad de respuestas. También se aprobó el llamado a concurso o la cobertura del segundo fiscal en la Comisaría Judicial cipoleña. La habilitación se hará mediante una ley, y significa eximir al juzgado 21 de la restricción presupuestaria del Poder Judicial. En el mismo encuentro se resolvió la recompensa de 100.000 pesos para quien aporte datos conducentes al esclarecimiento de la muerte de Diana Del Frari. La campaña publicitaria para instalar el tema de la recompensa será costeada con los presupuestos de los tres poderes. Mendioroz anunció que se tratará la reglamentación de la ley de testigo protegido para que esté garantizada la identidad de los declarantes. La fiscal Berenguer fue la encargada de enumerar en la reunión -reservada, sin la prensa- las necesidades básicas del gabinete de Criminalística de la Comisaría Judicial cipoleña, y se dispuso que se cubran esas carencias, cuestión que fue garantizada por Mántaras. El tema será terminado de redondear con el jefe de Criminalística de la Policía de Río Negro, comisario Jorge Ucha, quien a ese efecto estará mañana en Cipolletti. Aparte, se acordó la asistencia de peritos criminalísticos -oficiales o privados- cuando lo requiera el magistrado que investiga el crimen de Del Frari. "Cipolletti es donde está más en evidencia el sentimiento de inseguridad ciudadana. Hemos venido, una vez más, nos hemos metido en el conflicto y estamos comprometidos en hacer todo lo necesario, enfatizó Mendioroz. Los familiares de las víctimas hicieron sus reclamos CIPOLLETTI (AC).- Cada uno de los familiares hizo su pedido. En el caso Opazo, Carmen Kilapi les pidió a los representantes del Poder Judicial una revisión de su causa. Ulises González les dijo que ya no quiere más reuniones para salir en las fotos y que después no pase nada; y Ofelia de Villar se levantó y se fue. Esto sucedió antes de que ingresaran los vecinos que estaban afuera, cortando la calle. La reunión con los familiares se hizo a puertas cerradas, sin la presencia de la prensa. Estaban familiares o allegados de las víctimas de los casos Opazo, triple crimen, Zerdán, Del Frari y Ortiz. La primera en salir de este encuentro fue la mamá de Verónica Villar. "Me fui porque les mencioné que lo que correspondía era hablar ante la asamblea, pero les dije que en la recompensa por el triple crimen ellos no crean al testigo protegido", expresó Ofelia Mosconi de Villar. Mosconi dijo que les recalcó "la dignidad del juez Juan Rotter, quien dijo que acá había un testigo protegido por la policía y que ese testigo tiene que decir lo que le dice la policía. Al testigo hay que sacarlo del país, cambiarle la identidad y subsidiarlo. Ahora nadie va a hablar y estos crímenes no se van a esclarecer". La reunión continuó con los demás familiares, hasta que ingresaron los vecinos que estaban en la calle y generalizaron los reclamos. Al concluir el encuentro, Ulises González manifestó que les dijo a los funcionario que no quería que fuera una reunión más y que después no pasara nada. "Quería que concretamente dijeran qué pueden hacer, si tienen facultades para hacer algo o no. Y el vicegobernador dijo que sí, que estaban todos los poderes", contó González. En este marco comenzaron a realizarse los pedidos, como por ejemplo, que se concrete una entrevista con los tres jueces que tienen en sus manos los expedientes de crímenes atroces en Cipolletti: Torres (Opazo, Zerdán y Del Frari), Rubén Norry (Ortíz) y Pablo Iribarren (triple crimen). "Se pidieron las entrevistas con los tres jueces para que se removieran todas las causas", reveló Ulises. Dijo que desde su familia, el pedido principal que se hizo es "que esta no sea una reunión más y que no tengamos que esperar otra muerte para reunirnos y sacarnos fotos". Carmen de Kilapi, mamá de la joven que salvó su vida milagrosamente en el caso Opazo, comentó que ella pidió la revisión de la causa. "Le pedí a toda la comisión pero especialmente al representante de la justicia (Mántaras) que alguien revise mi causa y vea que hay elementos como para que se haga una investigación más a fondo. Acá se sobreseyó a la persona involucrada (Claudio Kielmasz)". Kilapi se mostró esperanzada en poder conseguir "algo positivo" después del encuentro. "Tengo una pequeña luz de esperanza. Considero que a mí no me va a dar la respuesta ni el intendente ni los concejales. Quien me tiene que dar respuesta es la justicia". Las amigas de Ana Zerdán pidieron un apoyo económico para las hermanas de la víctima, "que son querellantes y viven en Salta". "Deberían venir cada dos meses y no pueden hacerlo", afirmaron. |
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