Viernes 24 de agosto de 2001

 

El juez Torres investigará sólo el caso de la kinesióloga

 

El STJ ordenó que se dedique con exclusividad al caso cipoleño.

  CIPOLLETTI-VIEDMA (AC y AV).- El juez Juan Torres está desde ayer afectado de manera exclusiva a la investigación del crimen de la kinesióloga cipoleña Diana Del Frari, acompañado en esa misión por la fiscal Alejandra Berenguer.
La disposición sobre la afectación exclusiva -en principio hasta el 30 de setiembre- fue resuelta en la víspera por el Superior Tribunal de Justicia y la Procuración General, en Viedma.
El magistrado ayer estuvo en su sede natural de Roca pero hoy se constituirá en su base de operaciones de Cipolletti, la Comisaría Judicial, en calle Urquiza.
La primera exhortación para que Torres trabaje en Cipolletti corrió por cuenta de amigos y familiares de la bioquímica Ana Zerdán el sábado en un acto en homenaje a su memoria, y canalizado luego por los diputados Hugo Medina y Guillermo Grosvald, quienes inclusive le anticiparon a Torres -el martes, en Roca- el planteo que iba a hacerse.
Mientras, Cristina Garrido y el propio Medina informaron anoche que son múltiples las adhesiones a la asamblea pública que se llevará a cabo hoy a las 20 en el Club Cipolletti "en defensa de una vida digna" y para el esclarecimiento de los crímenes de Del Frari, Zerdán, Janet Opazo, Aravena, Ortiz y otros.
Llegarán a la asamblea los familiares de estas víctimas y también de María Emilia y Paula González, y de Verónica Villar, al igual que representantes de instituciones como Cámara de Comercio, de la Producción, Colegio de Arquitectos, Corriente por los Derechos Humanos, iglesias evangélicas, Pastoral del obispado del Alto Valle, clubes de servicio, juntas vecinales, organizaciones intermedias y de las fuerzas vivas, legisladores, concejales y funcionarios municipales y provinciales, y vecinos en general.
El Concejo Deliberante de Cipolletti sancionó ayer una declaración ante el "brutal homicidio" de Del Frari, el que "acrecienta la lista de muertes trágicas", planteando exigencias para una pronta dilucidación del hecho y avalando la asamblea.
Varias de esas exigencias coinciden con las que ya habían adelantado los diputados cipoleños y familiares de víctimas. Tanto, que se sabía desde el miércoles que el lunes venidero estarán en Cipolletti el vicegobernador Bautista Mendioroz y la Comisión Interpoderes, y ayer se confirmó la exclusividad de Torres al caso Del Frari.
El marido de Diana, Pablo Scilipoti, dijo por LU19 que el intendente (en licencia) Julio Arriaga le impuso que Torres quedaría en Cipolletti y que tenía todo el apoyo del municipio.
Respecto de las acciones para esclarecer el crimen de la kinesióloga -ocurrido el martes 14 de este mes, por desangramiento a causa de 30 "pinchazos" de arma blanca, y golpes- pudo saberse de fuentes extraoficiales que los elementos recogidos y relevados en el lugar del hecho están siendo analizados en Roca, en Neuquén y en Buenos Aires, no en Cipolletti, en función de la complejidad que requieren algunos mecanismos de detección.
Puso saberse que Torres volverá a tomarles declaración a los dos bomberos que llegaron al consultorio donde se produjo la muerte inmediatamente después que lo hiciera el marido de Diana, para corroborar detalles.

"Alarmante falta de seguridad pública"

ROCA (AR).- Mientras el STJ hacía lugar a la exclusividad del juez Juan Torres para investigar el crimen de Diana del Frari, el diputado nacional Miguel Pichetto enviaba un comunicado solicitando esa medida, ya que considera "imprescindible para seguir de cerca la investigación, porque la prueba que se pierde en los primeros días se pierde para siempre".
Para Pichetto, este trágico hecho "viene a confirmar que los rionegrinos estamos inertes ante la alarmante falta de seguridad pública y ante la impunidad que capea en sus calles".
"Nada servirá si desde el Estado provincial no se encara una verdadera política de Estado que ponga fin a los crecientes niveles de impunidad que hoy tiene el delito en Río Negro, con una Policía debilitada por la pérdida de motivación por sus bajos salarios, y escaso nivel de capacitación y equipamiento", resaltó.
Para el diputado nacional, "la violencia irracional y asesina debe ser enfrentada por la presión social de una comunidad que, hastiada de tanta impunidad, debe crear mecanismos de autoprotección y hacer valer su derecho democrático de vivir en paz, exigiendo al Gobierno provincial urgentes medidas en orden a la ausencia de políticas de seguridad".
"Paralelamente, debemos trabajar en iniciativas legislativas que mejoren la labor de la justicia -como la Ley de la Recompensa, la Protección de Testigos, y también,. mayores facultades para el rol de los fiscales", finalizó.

   
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