Jueves 23 de agosto de 2001

 

Prisión en suspenso para ex funcionario de la UNC

 

La Justicia Federal condenó a dos años y ocho meses a Ricardo Martín. Los jueces consideraron probados los ocho hechos irregulares que se le imputaron.

  ROCA (AR).- La Justicia Federal condenó ayer a dos años y ocho meses de prisión en suspenso e inhabilitación absoluta para ocupar cargos públicos, al ex secretario administrativo de la Facultad de Ciencias Sociales de Roca, Ricardo Martín.
Además, el condenado deberá realizar trabajos comunitarios durante dos años en una entidad de bien público.
Apenas finalizó la lectura del fallo, el defensor José O"Reilly adelantó que presentará un recurso de casación.
Martín fue juzgado por ocho hechos, y según el Tribunal Oral Federal, se encontraron irregularidades en todos.
Primer hecho: Martín recibió un cheque para la compra de pupitres por 9.000 pesos. Sin embargo, el pago no se hizo y la UNC debió pagar "nuevamente" ese importe.
Segundo hecho: el acusado debía devolver a la UNC unos 6.600 pesos del pago de salarios, que habían sido pedidos como adelanto. Sin embargo, esto no ocurrió. Martín dijo que el dinero se utilizó para terminar la biblioteca, pero para los jueces no existen constancias que así lo comprueben.
Tercer hecho: Se giraron des-de la UNC 15.000 pesos para la compra de mobiliarios para la biblioteca. Sin embargo, la empresa Dimensión 2000 reclamó una deuda de 5.600 pesos por carta documento.
Cuarto hecho: Martín recibió fondos para la compra de equipos de video para el Departamento de Ciencias de la Información y Comunicación Social. Según obra en la causa, más de 6.000 pesos fueron cobrados por el acusado, pero el equipamiento nunca fue comprado por falta de fondos.
Quinto hecho: Se había destinado la suma de 2.200 pesos al CEPCA, que fueron entregados a Martín en depósito. Sin embargo, sólo pudieron retirar 500 pesos, al no haber más fondos.
Sexto hecho: Se rindieron como pagados sueldos que en realidad no lo fueron. Tal como reconocieron los testigos en el debate, las firmas habían sido falsi- ficadas.
Séptimo hecho: tres mil pesos que debían abonarse al proyecto de defensa y reivindicación de tierras indígenas, nunca fueron girados, por lo que el proyecto no se pudo culminar.
Octavo hecho: Hay un faltante de 4.500 pesos que, según el acusado, "hay gastos que no se pueden justificar ya que los comprobantes se pudieron haber traspapelado o perdido".
Es por ello que los jueces desestimaron los dichos del defensor, quien en su alegato señaló que no se había producido perjuicio a la universidad, ya que los proveedores no habían reclamado.
Sin embargo, los magistrados pusieron como ejemplos los casos de CIME SRL por la compra de los pupitres, Dimensión 2000 SA, por la compra de mobiliario.
En la sentencia, los jueces dejaron en claro que el acusado, en su declaración ante el Tribunal, sostuvo que en muchos casos el dinero fue destinado a otros fines, y que mediante el reconocimiento de gasto se debía recuperar el dinero para el fin originario.
Siempre según el fallo, justificó esas maniobras financieras en la decisión política del decanato de dar prioridad a la construcción de la biblioteca.
Los jueces consideraron que, de ser cierto el argumento de Martín, con el transcurso del tiempo las cuentas deberían haberse equilibrado.
   
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