Hacia un compromiso por la confianza aguas abajo

La sola existencia de represas obliga a minimizar los riesgos.Convocatoria cívica del Centro de Ingenieros y de "Río Negro".La consigna es diseñar lo que falta por hacer para prevenir.

El incidente producido el 7 de abril -cuando un error humano provocó una intempestiva crecida del Neuquén al abrirse durante varias horas las compuertas del dique compensador El Chañar- puso en evidencia que, a criterio de los habitantes ubicados aguas abajo, la seguridad ante eventuales emergencias hídricas en la cuenca es precaria. Así lo manifestaron en cartas de lectores y otras maneras.
Si bien no existen razones para suponer fallas estructurales en las cinco represas ubicadas sobre el río Limay ni en los seis diques ubicados sobre el río Neuquén, su misma existencia obliga al diseño de un plan de emergencias hídricas que nunca llegó a implementarse hasta el nivel de difusión generalizada entre la población, destinataria de cualquier preocupación en tal sentido.
Esto se une a una notable crecida en el nivel de erogaciones de los ríos, que genera dificultades para habitantes y bienes ribereños y que puede traer consecuencias permanentes a las plantaciones frutícolas valletanas.
La concesión de las represas derivó en una multiplicidad de entes con diferente injerencia en la problemática: las operadoras privadas de las usinas, el Organismo Regional de Seguridad de Presas, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, Defensa Civil de las provincias y de los municipios, y su coordinación no parece ser la óptima.
Para analizar estos temas con los actores directos, el diario "Río Negro" y el Centro de Ingenieros de General Roca convocan a un debate abierto que se realizará el martes 3 de julio a las 18.30 en el Salón de Usos Múltiples ubicado en el tercer piso de Editorial "Río Negro", en Nueve de Julio 733 de Roca.

Hoy, y hacia adelante

La experiencia muestra que, hasta el presente, los organismos previstos por los contratos de concesión han cumplido sus roles en forma aislada, mientras que las responsabilidades que quedaron en manos de los Estados provinciales o municipales se han visto relegadas porque los gobiernos no les asignaron recursos.
Tal es el caso del Sistema Definitivo de Alarma y el Sistema Definitivo de Comunicaciones que debió concretar Defensa Civil de las provincias de Neuquén y Río Negro, o el Plan de Evacuación y las obras de infraestructura que debió realizar el área de Defensa Civil de cada localidad.
El resultado es que sobran los reproches mutuos, crece el grado de insatisfacción social respecto de la seguridad, y no surgen propuestas concretas para revertir la situación.
Algo es indudable: la existencia de una serie de represas en los ríos constituye un riesgo en potencia, que es necesario conocer y minimizar.
Hay cerca de 680.000 habitantes que viven aguas abajo de las represas, en los tres valles del río Negro, y en ellos se encuentran además bienes por miles de millones de pesos, que contribuyen a la riqueza del país y deben ser custodiados.
Países más ricos y avanzados tecnológicamente que la Argentina han sufrido catástrofes por colapso de represas y han desarrollado técnicas para minimizar riesgos y optimizar la prevención y la eventual evacuación, conocimientos que debemos aprovechar para mejorar la calidad de vida de la población.
La propuesta del debate público convocado es no detenernos en qué debió hacerse y no se hizo en estos últimos treinta años, desde que El Chocón comenzó a operar, sino mirar desde aquí hacia adelante.
Es decir, determinar:
- qué falta hacer,
- quién lo hará,
- con qué recursos y
- en qué plazos.
En principio, puede deducirse que falta:
- Una coordinación entre las operadoras de las distintas represas,
- Un Sistema Definitivo de Alarmas.
- Un Sistema Definitivo de Comunicaciones.
- Un Plan de Contingencias en conocimiento de toda la población urbana y rural ubicada aguas abajo.
- Un Plan de Evacuación específico para cada localidad y sector.
El Estado tiene en este tema una responsabilidad indelegable, ya que está en juego la seguridad de la población. Pero las empesas privadas con funciones de operación de las represas también deberán comprometerse en la tarea.
Y la sociedad civil, representada por asociaciones profesionales como el Centro de Ingenieros, por medios de comunicación como el diario y todos los demás, las cámaras de producción y de comercio, las universidades y toda otra organización comunitaria, debe cumplir un rol activo en la tarea de construir, supervisar y difundir confianza.
Para eso, será necesario mejorar la comunicación en todos los niveles, para que sepamos que cada sector ha cumplido con su tarea para garantizar la seguridad de personas y bienes aguas abajo de las represas.

El debate

Desde que los ingenieros roquenses Enrique Sadler y Roberto Fieg trasmitieron a "Río Negro" la iniciativa del Centro, decenas de contactos e invitaciones se concretaron para que en el debate estén presentes los sectores involucrados en la tarea, y con posibilidades de diseñar un compromiso serio hacia el futuro.
Los representantes de las provincias de Río Negro y de Neuquén ante la Autoridade Interjurisdiccional de Cuencas -Horacio Collado y Elías "Gringo" Sapag respectivamente- han manifestado su acuerdo con participar y se han mostrado esperanzados de que el diálogo resulte fructífero.
También los directivos del Organismo Regional de Seguridad de Presas, tanto en lo que respecta al presidente de su Consejo Técnico, ingeniero Carlos Yema, como al director Regional Comahue, Francisco Giuliani.
Fueron convocados los responsables de las empresas que operan las represas, y que son Hidroeléctrica Alicurá SA, Hidroeléctrica Cerros Colorados SA, Hidroeléctrica El Chocón SA, Hidroeléctrica Piedra del Aguila SA, y Hidroeléctrica Pichi Picún Leufu, que también han comprometido su asistencia.
Participará la fiscal Federal Alicia Ferrando, quien actuó de oficio pidiendo informes después del incidente de abril.
En cuanto a Defensa Civil, fueron convocados los titulares de Río Negro y de Neuquén -Jorge Amaro y Eric González- y los jefes municipales, así como Subprefectura y Bomberos.
Del mismo modo, han sido convocados los responsables de la Federación de Entidades Empresariales de Río Negro y de las Cámaras de Comercio y de Productores de las distintas localidades del Valle. También los consorcios de regantes. Han sido invitados también medios de comunicación de la zona.

Un esquema mixto y poco coordinado

Hasta la década de 1960 no existían presas en la cuenca del río Negro, que se integra con sus afluentes, el Limay y el Neuquén.
Como resultado, la región estaba sometida a los ciclos de sequía o inundaciones, según la cantidad de lluvias y nieve en la zona cordillerana, sin posibilidades de controlarlos.
A partir de la construcción del Complejo Chocón-Cerros Colorados fue posible controlar los ciclos naturales. Luego se construyeron en el Limay Piedra del Aguila, Alicura y Pichi Picún Leufú.
Las Normas de Operación de Embalses o Normas de Manejo de Agua, son tablas que establecen los niveles que deben tener los embalses para laminar crecidas y abastecer caudales suficientes en épocas de sequía.

Del Estado a un esquema mixto

Entre 1968 y 1993, Hidronor S.A. proyectó, construyó y operó los aprovechamientos hidroeléctricos en la cuenca del río Negro.
Hasta 1992 el Estado Nacional asumía todos los roles:
- Administraba el diseño y construcción de las obras;
- Explotaba la generación hidroeléctrica;
- Era responsable de la seguridad de presas
- Era responsable del manejo del agua y el medio ambiente.
Junto con el proceso de privatizaciones, el Estado Nacional concesionó la operación de esos aprovechamientos. Las obras fueron concesionadas por 30 años.
Los aprovechamientos fueron adjudicados en el segundo semestre de 1993, excepto Pichi Picún Leufú que se encontraba en construcción y fue adjudicado con posterioridad y comenzó a operar en 1998.
De acuerdo a la Constitución Nacional vigente en el momento de la privatización y en la posterior C.N. de 1994, las provincias son dueñas de los recursos naturales, incluidos los recursos hídricos.
De esto resulta que:
- El Estado Nacional es el dueño de las obras.
- Las concesionarias son responsables de la operación.
Los organismos reguladores son:
- ENRE: de la generación eléctrica.
- Las provincias: del manejo del agua y medio ambiente: en el Comahue a través de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, AIC
- ORSEP : de la seguridad de presas.
A este esquema falta agregar la tarea que corresponde en forma directa a los gobiernos, y que no han delegado, que es la Defensa Civil, tanto a nivel provincial como municipal.