Sobisch eximió a Repsol del pago de 112 millones en Sellos

Es por la prórroga de la concesión del yacimiento Loma de la Lata. El gobernador está facultado, pero el tema no se había dado a conocer. La denuncia la formuló el diputado intransigente Carlos Moraña.

NEUQUEN (AN).- El gobernador Jorge Sobisch eximió a Repsol YPF del pago de 112 millones de dólares en concepto de Impuesto a los Sellos por la prórroga de la concesión del yacimiento de gas Loma de la Lata-Sierra Barrosa por el término de 10 años.
La decisión del titular del Poder Ejecutivo provincial está contenida en el artículo 19 del convenio, suscripto en diciembre de 2.000 entre los gobiernos nacional y provincial, y la empresa petrolera.
Sin embargo, la cláusula que concede la exención en el pago de la fuerte suma que debió ingresar al Tesoro provincial no había sido dada a conocer públicamente hasta ahora. Tampoco el texto del contrato, que firmaron en la Casa Rosada el ex ministro de Economía, José Luis Machinea, Sobisch y el presidente de Repsol YPF, Alfonso Cortina.
La denuncia fue realizada ante "Río Negro" por el diputado provincial del partido Intransigente Carlos Moraña, quien después de incontables trámites ante las autoridades provinciales logró hacerse de una copia del convenio de extensión de la concesión.
El jefe de Gabinete José Brillo negó que corresponda aplicar el impuesto a los Sellos a la prórroga de la concesión del yacimiento firmada entre la Nación, la provincia y Repsol "porque -dijo- no es un contrato sino un programa de inversión" .
Sin embargo, el texto de la ley 1994 destaca que se deberá pagar el impuesto "Por las concesiones, sus cesiones o transferencias y/o prórrogas otorgadas por cualquier autoridad administrativa nacional, provincial o municipal (...)".
La cifra de 112 millones de dólares surge de aplicar la tasa del 14 por mil que marca el mismo artículo de la ley, teniendo en cuenta la inversión de 8.000 millones de dólares comprometida por Repsol.
Aunque no se informó a la opinión pública, el Poder Ejecutivo provincial actuó dentro del marco de la ley al perdonar a la petrolera, definida por el Sobisch en numerosas oportunidades como su "aliada estratégica".
El mandatario se amparó en la facultad que el confiere el artículo 232 del mismo código para conceder exenciones al pago del tributo "cuando razones económicas de interés general así las justifiquen".
No obstante, desde el 5 de diciembre de 2000 hasta la fecha no existe constancia en el Boletín Oficial de la existencia del decreto por el cual se concedió el beneficio.
Una nota firmada por el jefe del departamento de Leyes y Decretos de la provincia da cuenta de que "no obra en existencia" en los registros de esa dependencia "decreto alguno" con posterioridad a la fecha indicada, mediante el cual se haya dispuesto la eximición del impuesto por el convenio de marras .
"Pongo ahora en duda la existencia de los actos administrativos vinculados con el contrato. En consecuencia, también pongo en duda la legalidad de este acuerdo", sostuvo Moraña.
El diputado advirtió también que "como el contrato tuvo principio de ejecución podría llegar a aparecer la figura penal de incumplimiento de los deberes de funcionario público".
Moraña, quien recientemente se escindió del Frepaso y de la Alianza, pero aún integra el bloque de esa coalición, realizó personalmente una minuciosa investigación, que comenzó en diciembre pasado y se extendió hasta la fecha.
Según el legislador, quien es abogado de profesión, la facultad de eximir del pago del impuesto, conferida al Poder Ejecutivo por el artículo 232 del Código Fiscal, "es totalmente inconstitucional", porque la potestad de crear impuestos es privativa del Poder Legislativo y las facultades de cada poder del Estado "son indelegables".
No es la primera ni la única vez que el Ejecutivo exime a una empresa del pago del tributo a los sellos invocando un interés superior. El propio Sobisch lo hizo con los emprendimientos petroleros de Cutral Co y Plaza Huincul, creados tras la privatización de YPF.
También, el gobernador Felipe Sapag eximió en 1988 a la entonces YPF S.A. (aún no había sido adquirida por los españoles) del pago de los tributos provinciales por el término de 15 años para la construcción del proyecto Mega, en que se invirtieron 500 millones de dólares para construir una planta separadora y un poliducto, y 180 millones para levantar la planta de Metanol de Plaza Huincul.
Sin embargo, el beneficio otorgado entonces fue anunciado el mismo día -23 de enero de 1998- en que Sapag y el entonces presidente de YPF S.A., Roberto Monti, firmaron el convenio en un acto público realizado en Huincul.
Cuando se firmó la prórroga de la concesión, Repsol se comprometió a aportar 30 millones de pesos para sanear las finanzas de los emprendimientos petroleros. También a otorgar 13 millones de dólares en becas. "Hubiéramos cobrado el sellado y pagábamos lo nuestro con nuestra plata", reflexionó Moraña.

"No correspondía porque es un plan de inversiones"

NEUQUEN (AN).- El jefe de Gabinete, José Brillo, dijo que no se aplicó el impuesto a los Sellos a la prórroga de la concesión del yacimiento Loma de La Lata, firmado entre la Nación, la provincia y Repsol YPF porque ese convenio "no es un contrato sino un programa de inversión de 8.000 millones de dólares en la cuenca neuquina".
Brillo admitió la autenticidad del convenio aludido por el diputado Carlos Moraña pero sostuvo que "no tendría sentido imponer Sellos en un acuerdo de inversión. "Me parece absurdo pensar que puede haber impuesto de Sellos sobre este acuerdo", apuntó.
Cuando se le preguntó entonces a qué obedecía la cláusula del convenio que exime taxativamente a la empresa del pago del impuesto de Sellos "dictando las disposiciones administrativas correspondientes", Brillo dijo primero que él se había referido al convenio firmado en junio en Madrid y no al acuerdo final sellado en diciembre en Buenos Aires. Y luego: "Se supone que habrá sido para, de alguna manera, dejar en claro este tema. Pero en ningún momento nosotros desde la provincia pensamos que tiene sentido el impuesto de Sellos sobre este acuerdo".
Admitió también que la cláusula no fue dada a publicidad al momento de firmar el convenio pero le restó importancia al tema. "No se informó porque no tiene sentido hablar de impuesto de Sellos en un acuerdo que establece un programa de inversión por parte de Repsol YPF", indicó.
El funcionario aclaró que la exención explicitada en el convenio no significa que YPF no tenga que pagar la tasa en el futuro por obras incluidas en el monto de 8.000 millones de dólares comprometido. "YPF no está liberada al impuesto a los Sellos por contratos relativos a las inversiones que va a realizar", subrayó.
Cuando se le preguntó sobre el decreto que convalida la exención, Brillo confirmó que no existe "porque no hay ninguna exención a la empresa para contratos relativos a este acuerdo. Lo que hay es una aclaración de que el acuerdo no puede ser gravado por Sellos".
Brillo fue muy duro en relación a Moraña.
Dijo que su denuncia "es un disparate propio de quien ha revistado en casi todos los partidos políticos de la provincia mimetizándose con ellos, al punto que hoy plantea ridiculeces de este tipo, carentes de sentido y propias del estilo de (el ex vicepresidente Carlos) "Chacho" Alvarez, (la ex ministra de Desarrollo Social Graciela) Fernández Meijide) y (la diputada) Elisa Carrió. Ya sabemos en qué terminaron", sentenció.

"La provincia es parte y debió pasar por la Legislatura"

NEUQUEN (AN).- El diputado Carlos Moraña sostuvo que el papel que juega la provincia en el contrato de prórroga de la concesión de Loma de La Lata "es el de parte concedente" y que el convenio contiene cláusulas que obligan al estado provincial en su conjunto, motivo por el cual "debió tener aprobación legislativa".
La prórroga por diez años -hasta 2017- de la concesión del yacimiento de gas más importante del país, concretada por los gobiernos de Fernando de la Rúa y Sobisch siete años antes de que expirara el plazo de vencimiento original -2007-, levantó polvareda a nivel provincial y nacional.
Entre otros aspectos como la dificultad para estimar el real valor de lo que se estaba concediendo, la oposición cuestionó que el contrato no haya pasado por la Legislatura, de conformidad con lo que señalan los artículos 228, 229 y 230 de la Constitución provincial sobre la propiedad de los recursos del subsuelo y los requisitos que deben ser observados para concesionarlos.
Sin embargo, el gobierno provincial se mantuvo inflexible en su postura de que se trataba de una facultad del Ejecutivo.
Cuando las autoridades nacionales vacilaron sobre la oportunidad de conceder tan apresuradamente el reservorio, los funcionarios provinciales apelaron al artículo 24 de la Constitución nacional reformada en 1994, que traspasa a las provincias la propiedad de las riquezas del subsuelo.
El vicegobernador Jorge Sapag, uno de los impulsores del negocio, sintetizó entonces la situación señalando que la facultad de renovar o no la concesión era de la Nación y que la provincia podía convalidar o no la decisión.
Sin embargo, Moraña denunció que en el contrato de prórroga de la concesión "el papel que desempeña la provincia no es el de un tercero sino el de parte concedente, al punto que asume responsabilidades pecuniarias muy importantes frente a alteraciones del contrato que otorgan a Repsol una indemnidad leonina".
Se refiere al artículo 1, apartado 3 del convenio, en el cual se hace constar que el Estado nacional y la provincia "mantendrán indemne a YPF frente a cualquier reclamo o acción de terceros o decisión o cambio legislativo ".
"Si la provincia era parte en el contrato de concesión y toma responsabilidades tan graves como las señaladas en ese artículo, el convenio debería haber pasado por la Legislatura", sentenció Moraña.
Al cabo de "8 meses de investigar el tema con todo tipo de trabas por parte del gobierno", el diputado entendió que "por lo menos se ha ocultado información" sobre el tema. Agregó que esa impresión se corrobora con la respuesta dada el martes pasado por el responsable de Leyes y Decretos, que admite no tener conocimiento de la existencia del decreto que concede la exención impositiva.

Foto: Moraña: "Hubiéramos cobrado el sellado y pagábamos los emprendimientos y las becas con lo nuestro".