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Domingo 8 de julio de 2001 | |
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El martes rescindirán el contrato con Max-Seg |
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La Jefatura de Policía canceló la habilitación de la agencia.La Municipalidad de Roca pondrá fin al contrato que había firmado.La empresa no reúne los requisitos exigidos para prestar vigilancia. |
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| ROCA (AR).- Finalmente la Jefatura de Policía provincial decidió cancelar la habilitación de Max-Seg, la agencia de vigilancia vinculada al comisario Ricardo Ríos. La decisión se conoció ayer y por ese motivo, el intendente de Roca Ricardo Sarandría rescindirá el próximo martes el contrato que había firmado con la empresa por la custodia del edificio de la comuna. La nueva resolución dispone "cancelar la habilitación de la agencia de vigilancia Max-Seg por no ajustarse al artículo 21 inciso d" de la ley 2768 que regula a las agencias de seguridad privada, es decir por no cumplir con los requisitos de la mencionada ley. Esta nueva cancelación se suma a larga historia de habilitaciones y suspensiones que exhibe Max-Seg y que en los últimos 40 días fue más que evidente. Cuando el 28 de mayo de este año la empresa fue contratada para vigilar las dependencias municipales, estaba "cancelada a partir del mes de mayo" por orden del mismo jefe de Policía provincial. Apenas unos días más tarde, la agencia fue "re-habilitada por haber desaparecido las causales que la originaron". Lo que no explica el texto de la resolución 2313 que ordena la última cancelación es cómo hizo Max-Seg para ser habilitada y dada de baja en un plazo de tres semanas sin que haya cambiado en nada su situación ante la dirección de seguridad de la Policía provincial. Lo único cierto es que la empresa fue autorizada el 15 de junio a trabajar sin haberse realizado ningún control y en condiciones que claramente pasaban por alto la ley 2678. Un ejemplo de ello es Marcelo Aguilar, uno de los dueños de la agencia que además es el director técnico de la empresa, quien estaría condenado por la justicia provincial en una causa por estafa a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación absoluta perpetua. De ser así, este antecedente lo inhabilita a Aguilar para formar parte de cualquier agencia de seguridad, menos aún ser su director técnico. Sin embargo, figura en los registros de la Policía provincial como director técnico habilitado. Eso se desprende del texto de la resolución 2011 del 15 de junio pasado en donde el subjefe a cargo de la jefatura de policía ordena "rehabilitar el funcionamiento de la agencia Max-Seg" haciendo lugar a "un recurso de apelación" presentado por "el director técnico de la agencia el señor Aguilar Marcelo". La misma ley 2678 establece en el capítulo 10 como uno de los requisitos para la autorización del director técnico "no poseer antecedentes penales ni procesos judiciales pendientes por delitos dolosos". Sin embargo, por lo menos desde que Max-Seg vigila los edificios de la comuna roquense, Aguilar responde como su dueño y director técnico. En los hechos, el director técnico de una agencia de seguridad es, de acuerdo a la misma ley, el "responsable ante la autoridad policial del cumplimiento de las obligaciones establecidas a las agencias en esta ley y su reglamentación". En realidad, los antecedentes penales de Aguilar hablan de más de una causa. "Río Negro" accedió a una copia de un radiograma interno con los antecedentes de Aguilar girado el día 29 de noviembre del año pasado desde la dirección de asuntos judiciales con sede en Viedma hacia la la Unidad 21 de Roca, que está bajo el mando del comisario Héctor Ríos. El texto es el siguiente: "Texto 7957 D4-AP Suyo 445 m/s Aguilar Marcelo Waldino, identificado registro Año 1993 depositario infiel (iniciada tribunales General Roca), juzgado de Instrucción 8, causa 1215/94, unificada a la iniciada el 12-04-94, presunta estafa, iniciada en fiscalía Viedma, juzgado de Instrucción 2 causa 1538/95, condenado a la pena única de tres años de prisión en suspenso e inhabilitación absoluta perpetua el 25-08-97". De acuerdo a esto, por lo menos desde el año pasado Ríos conocería la verdadera situación judicial de Marcelo Aguilar, quien meses más tarde se convirtió en socio de su mujer y máximo responsable de Max-Seg, la empresa que por ahora recibe casi 6 mil pesos por mes por custodiar la municipalidad de Roca. Un acuerdo que duró poco tiempo A pesar de que Sarandría y su secretario de Hacienda Oscar Carballo aseguraron que en la firma del contrato con Max-Seg "la municipalidad actuó conforme a las reglamentaciones vigentes", en pocas semanas tuvieron que rescindir el acuerdo por las irregularidades de la agencia. El caso Arriola Uno de los vigiladores que custodian la Municipalidad de Roca es el comisario retirado Julio César Arriola, el perito balístico del doble crimen de Río Colorado quien fuera condenado en febrero de este año por la justicia provincial a dos años de prisión en suspenso y cuatro de inhabilitación absoluta por falsear las pericias que realizó durante la investigación del asesinato de los jóvenes Sergio Sorbellini y Raquel Lagunas. |
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