Martes 3 de julio de 2001

 

Lluvia de juicios contra la comuna por los aportes

 

Unos 1.500 empleados iniciaron acciones contra el municipio neuquino por aportes no realizados a la caja jubilatoria. El IMPS reclama unos cinco millones de pesos al Ejecutivo.

  NEUQUEN (AN).- Alrededor de 1.500 empleados iniciaron juicios por más de 20 millones de pesos contra la municipalidad por aportes no realizados. La caja jubilatoria (IMPS) amenaza con seguir idéntico camino si no se reconoce el carácter remunerativo de las bonificaciones que cobra el personal. El reclamo del IMPS ascendería a cinco millones de pesos, sobre la base de estimaciones extraoficiales a cinco años para atrás.
El gobierno del intendente Horacio Quiroga afirma que tales exigencias "no corresponden" en función al dictamen legal confeccionado a su pedido por un renombrado estudio de abogados de Buenos Aires. Por encima de ello, allegados al Ejecutivo sostienen que reconocer la deuda sería prácticamente lo mismo que declarar el estado de emergencia de la municipalidad.
Las negociaciones que venían realizando los tres sectores a instancias del concejal aliancista Carlos Vidal se encuentran en un punto muerto desde el 12 de junio, a la espera de un informe oficial de la entidad previsional municipal.
"El problema se agravó porque el IMPS reconoció por su cuenta los suplementos no remunerativos y no bonificables en los haberes de los jubilados e incluso los ajustó con retroactividad", lo que otorgó derechos adquiridos a los empleados pasivos. Vidal atacó la "ilegalidad" de lo hecho en el entendimiento de que se actuó de manera contraria a lo que establece la ordenanza número 8100/98 que regula los alcances del IMPS. La norma excluye la posibilidad de computar en los haberes jubilatorios las sumas sobre las cuales no se efectuaron los aportes pertinentes. O sea, "entran sólo en juego las remuneraciones sujetas al pago de aportes y contribuciones , en cuyo rango no se encuentran los suplementos no remunerativos", explicó.
El directorio que administra la caja jubilatoria contrató un buffet jurídico para reclamar con carácter retroactivo los aportes supuestamente adeudados. Estaría en vísperas de un reclamo administrativo, de otro modo se encontraría con que admitió al personal pasivo un beneficio indebido. Desde el gremio que representa a los empleados activos, la secretaria general, Graciela Sánchez, descargó la bronca contra los bloques políticos del Deliberante pues "durante un año y medio miraron hacia el costado, ninguno presentó una propuesta escrita o verbal, excepto Vidal que a título personal planteó acordar una cifra de acá para adelante y la posibilidad de reconocerla como remunerativa aunque no bonificable". Sánchez razonó que la iniciativa "no parece tan desventajosa como primera instancia, si se empiezan a tener en cuenta en los aportes jubilatorios".
Una fuente cercana al IMPS indicó que tal reconocimiento por parte del municipio favorecería a la entidad. Pero presumió que "por ahora, no tiene en los planes renunciar a los aportes no percibidos" sobre los suplementos no remunerativos incluidos en los sueldos por decreto en 1992.
Frente a esta situación, que para Vidal configura "un problema de Estado", propuso como salida a sus interlocutores "renunciar al pasado y plantear un punto de partida en el presente" pero "supeditado a que el IMPS arregle el reconocimiento que hizo a los jubilados".

"El esfuerzo tiene límites"

NEUQUEN (AN).- El concejal Carlos Vidal planteó que no hay voluntad de confrontar sobre la base de los dictámenes jurídicos pero advirtió que el esfuerzo del gobierno "tiene límites, porque no se puede afectar el presupuesto de una ciudad en forma irresponsable".
Adujo que la seriedad del conflicto es tan grave que "hay que resolverlo en una política de Estado, consensuada" con todas las partes. Con 1.500 juicios individuales "sería sencillo esperar un fallo judicial que tardará años en llegar y no precisamente en nuestra gestión", pero piensa que conviene desactivarlo para no conprometer los fondos de la ciudad.
El reconocimiento remunerativo de los aportes significaría un incremento de unos 4 millones más al año en la masa salarial, que insume prácticamente la mitad de todos los recursos municipales. La situación se desató en el gobierno de Derlis Kloosterman, en 1992, a través de decretos de aumento salarial que según Vidal son "nulos".

   
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