Ríos fue el garante del alquiler de Max-Seg

El comisario de la unidad 21 de Roca salió de garante a la empresa de seguridad Max-Seg cuando alquilaron un local en calle San Martín. Debieron dejar ese lugar por falta de pago de varios meses y ante la amenaza de un juicio de desalojo.

ROCA (AR).- La directa vinculación entre el comisario Ricardo Ríos y la empresa privada de seguridad que custodia el municipio de Roca es cada vez más evidente. El contrato de alquiler entre Max-Seg y el dueño del local donde la empresa fijó su primer domicilio comercial advierte que Ríos firmó como garante en mayo del año pasado, asumiendo la responsabilidad de los dueños en caso de que estos no cumplan.
Incluso, ese compromiso hace peligrar hoy el sueldo del comisario, ya que un estudio de abogados pidió su embargo porque los dueños de Max Seg no pagaron varios meses de alquiler ni servicios.
El documento entre las partes se firmó entre Marcelo Aguilar, socio de la mujer de Ríos y José Caminos, propietario del local ubicado en la calle San Martín 1039. Allí se establecía que la agencia, a cambio de 200 pesos mensuales, atendería en esa dirección por el término de dos años.
Sin embargo, en febrero de este año, dueños y empleados debieron abandonar el local por haber pagado "sólo un mes", acumular boletas impagas de agua, luz, gas y servicios municipales y ante la amenaza de un juicio de desalojo, de acuerdo a lo expresado por Caminos.
Luego de un convenio de pago incumplido, la abogada que asesora a Caminos solicitó se trabe embargo contra los sueldos del titular de la unidad 21 y Aguilar hasta cubrir la suma adeudada.
Según expresó Caminos, "es el último intento" que hace para cobrar lo adeudado. De acuerdo a su testimonio, en diversas oportunidades tanto Ríos como Aguilar, prometieron pagarle y no lo hicieron. "Les enviamos un montón de telegramas y no respondieron", señaló el ex locador.
El hombre se dirigió hasta la misma comisaria 21 para exigir lo que le correspondía y dijo que fue atendido por Ríos en persona. " Yo no lo conocía y me atendió enseguida; le dije a Ríos que como él había salido de garante yo quería que arregle la situación porque si no le iba a mandar a la abogada. Me dijo que iba a arreglar, pero ni se acercaron", relató.
Según su testimonio, en otra oportunidad se encontró con Aguilar y lo intimó a saldar la deuda. "Me dijo que no me preocupara, que Ríos va a vender el coche, un Renault 9 y va a pagar todo", agregó
El estudio de abogados que representa a Caminos, luego de numerosas intimaciones de pago, logró que Aguilar y Caminos firmaran un convenio para que Max-Seg pagara en cuotas lo adeudado, pero no supo nada más desde ese día.
Quien permaneció ajena a las cuestiones relacionadas al contrato, pese a ser dueña de la mitad de la empresa fue Erika Olivia Suarez, esposa de Ríos. En rigor, de acuerdo a la versión de Caminos, los problemas de la agencia no eran prioridad para ella: "nunca la vi en el local, los que estaban siempre eran los hijos de ellos".
La abogada de Caminos aseguró que a Ríos lo citó "para que venga a pagar, pero nunca vino". Por eso fue que en los últimos días solicitó al Juzgado civil 5 de Roca que se trabe un embargo contra los sueldos de Aguilar y Ríos.
Por otra parte, en el testimonio de José Caminos hay un dato llamativo. Según su versión, en el mes de febrero cansado por la demora en el pago "justo cuando yo les pedí que se vayan, me dijeron que habían agarrado la vigilancia de la municipalidad". El contrato con la comuna roquense recién fue firmado el 28 de mayo; aunque el primer llamado a licitación se publicó en los medios en febrero.

Investigan a la empresa de seguridad

Ante las publicaciones de "Río Negro" sobre las irregularidades en la empresa de seguridad Max-Seg, el intendente Ricardo Sarandría solicitó ayer al Ministerio de Gobierno que se inicie un monitoreo de toda la documentación presentada por la firma ante la Jefatura de Policía rionegrina.
En consecuencia, el comisario mayor César Avila, titular de la Unidad Regional Segunda, se reunió ayer con Sarandría para analizar la situación y transmitirle los pasos a seguir desde el ámbito policial. Avila fue designado por Rogelio Lardapide, jefe de Policía en Río Negro, para que inicie una investigación exhaustiva a partir de las notas publicadas por este diario.
"Se nos comunicó que la parte administrativa municipal está en orden, pero al mismo tiempo están investigando por presuntas irregularidades en el cumplimiento de la ley 2.678", señaló ayer el secretario de Gobierno roquense, Claudio Mozzoni. La norma citada es la que regula el funcionamiento de las empresas de vigilancia privada.
Consultado por este diario, Mozzoni agregó que toda la información reunida será trasladada a la Asesoría Legal de la comuna, para que en caso de comprobarse anomalías se rescinda el contrato firmado semanas atrás por la vigilancia del municipio. Según expresa el acuerdo firmado entre la comuna y Max - Seg, el convenio preve su anulación inmediata en caso de comprobarse las sospechas. (AR)

Chironi busca regular la actividad

VIEDMA (AV).- Preocupación por la presencia del excomisario Julio Arriola en la agencia de seguridad privada Max-Seg SRL manifestó el diputado Eduardo Chironi.
Del mismo modo se manifestó respecto de las demás irregularidades éticas y legales que involucran a esa firma. Chironi impulsó una iniciativa para regular a las agencias de seguridad.
El legislador del Frente Grande sostuvo que esa agencia privada "no sólo está ligada al comisario en actividad Héctor Ríos por ser propiedad de su esposa Erika Suárez sino que además integra su cuerpo gerencial un condenado por actividad dolosa".
Consideró que esta situación constituye "una burla sin límites y un agravio a Raquel Lagunas y Sergio Sorbellini", las víctimas del doble crimen de Río Colorado, por ser el empleado de esa agencia de seguridad privada quien fuera condenado en febrero de este año a dos años de prisión en suspenso y cuatro de inhabilitación absoluta por "haber falseado dolosamente las pericias balísticas de este doble crimen". Interpretó que estas situaciones no deben repetirse en Río Negro bajo ningún concepto.
En este sentido reivindicó el proyecto de Ley presentado en la Legislatura que contempla la creación de un registro de datos de carácter público, tanto de personas como empresas, armamentos y equipos que deben ser controlados por la secretaría de Estado de Seguridad y Justicia. Esa iniciativa no tuvo consenso cuando Rubén Elosegui estaba al frente de la Policía rionegrina.

Foto: Actualmente en San Martín 1.039 de Roca funciona una mensajería. Allí alquiló Max-Seg, con garantía de Ríos.