Lunes 2 de julio de 2001

 

Propician un Código "garantista"

 

El Colegio de Abogados neuquino apoya la reforma procesal "en general".

  NEUQUEN (AN)- El Colegio de Abogados de Neuquén apoya la necesidad de reformar el Código Procesal Penal de la provincia, pero pretende introducirle algunas modificaciones al texto que analiza la Legislatura. "Nuestra principal preocupación es garantizar el derecho de defensa", dijo su presidente, Horacio Angiorama.
El abogado remarcó la participación "activa" del Colegio en el proceso de redacción del proyecto de Código Procesal, que demandó dos años. "Hay que mejorar el servicio de justicia para estar más cerca de la gente", afirmó, "y para eso necesitamos trabajar mancomunadamente con los poderes del Estado".
Por su parte los abogados Oscar Pandolfi, Ricardo Cancela y Gustavo Palmieri destacaron que "estamos de acuerdo en general con el proyecto de Código, pero nos oponemos a una parte porque avanza sobre las garantías individuales".
Los tres profesionales integraron la comisión consultiva y revisora en nombre del Colegio de Abogados. Presentaron una propuesta para modificar algunos artículos y suprimir otros en el texto que analizan los legisladores.
De los 351 artículos que contiene el proyecto, propusieron modificaciones "formales" en 47 artículos, modificaciones "sustanciales" en 64 y otros 20 directamente quieren suprimirlos. Los 218 restantes quedaron sin cambios.
Sólo algunas de las sugerencias presentadas por el Colegio de Abogados quedaron plasmadas en el texto elevado por el Tribunal Superior de Justicia a la Legislatura. Por eso, insistirán cuando comience de lleno el debate.
Como viene informando este diario, la Legislatura empezó a analizar la semana pasada la reforma del Código Procesal Penal de la provincia. Se trata del conjunto de normas que reglamentan la manera de trabajar de jueces y fiscales, y fija las formas de investigar los delitos.
El objetivo es agilizar la justicia y dar una respuesta más eficiente a la sociedad. Pero los abogados, que suelen tener como clientes a los imputados, observaron con preocupación que algunos artículos avanzan sobre las garantías constitucionales y podrían limitar, a su criterio, el ejercicio de la defensa.
"Propusimos sustituir un título entero del proyecto", explicaron Pandolfi, Cancela y Palmieri, "porque consideramos que afecta seriamente el derecho de defensa".
Si bien opinaron que el sistema acusatorio que propone el proyecto "es más garantista que el que tenemos actualmente", detallaron que "en el caso de los delitos complejos hay cosas inaceptables".
Se entiende por delitos complejos aquellos en los que hay pluralidad de hechos, elevado número de imputados o de víctimas o casos de delincuencia organizada. Para esos episodios el nuevo Código propone darles facultades especiales a fiscales e investigadores y prorroga los plazos de la instrucción.

Aspectos "inadmisibles"

Para los abogados, es inadmisible que el proceso se extienda a cinco años como propicia el texto. También se oponen a que haya investigadores que actúen con reserva de su identidad: "¿cómo se hace para compatibilizar los declamados propósitos de la amplitud del derecho de defensa técnica, a través de la intervención del abogado defensor en los momentos liminares de la investigación, si el defensor ni siquiera podrá saber quién es el investigador? ¿Cómo hará para controlar esas primeras diligencias, que a menudo resultan decisivas?", preguntaron.
En cuanto a los costos de implementación, indicaron que recién ahora se está haciendo un estudio para determinarlo. "Pero de ninguna manera implicará 15 millones de dólares más de presupuesto", dijeron.
El que dijo que costará eso fue Jorge Izquierdo, titular del gremio Sejun, quien ya expresó su oposición a la reforma.
   
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