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Podrían introducirse cambios. La poda de haberes tenía una mayoría muy exigua.Colombo, Gallo y Mestre negociaron con las bancadas del PJ y del radicalismo.
Pero así como había certeza de que la iniciativa será aprobada (cerca de las 22.30 había más de una veintena de oradores anotados para hablar), no estaba totalmente asegurada su sanción tal como vino de la Cámara de Diputados porque el artículo correspondiente a la amputación de haberes contaba con una mayoría muy exigua.
De este modo, se vio coronado ayer el ingente esfuerzo del gobierno nacional y de una amplio sector financiero, que continuó con su estrategia de presión sobre los senadores justicialistas con un mensaje apocalíptico coincidente: si la ley no se aprueba hoy, el caos económico será irreversible.
Incluso, la banca de inversión J.P. Morgan fue mucho más dura. Sostuvo que "la falta de credibilidad del gobierno" potencia la posibilidad de que la Argentina "caiga en una cesación de pagos".
La ley exige mantener el principio de déficit cero y convalida el recorte de 13% a los salarios y jubilaciones superiores a 500 pesos con el compromiso de elevar ese piso a 1.000 pesos si la recaudación aumenta.
Además cambia el modo de percepción del IVA (se debe pagar cuando se percibe el pago y no cuando se factura), se extiende el llamado impuesto al cheque a todo tipo de transacciones bancarias, se posterga la devolución del impuesto a las ganancias y se suspende la reducción del impuesto a las naftas, medidas adoptadas en junio pasado.
También se aumenta en cuatro puntos los aportes patronales para empresas de servicios e impide presentar recursos de amparo en contra de las medidas.
El debate sobre la polémica norma quedó despejado después de que el mayoritario bloque justicialista resolvió pronunciarse en contra pero favorecer el quórum estricto de 37 senadores, de modo que el radicalismo pueda ganar la votación con un mínimo de 19 voluntades.
Al mismo tiempo, el radicalismo con mucho esfuerzo logró reunir prácticamente a toda su bancada (sólo faltó Horacio Usandizaga, de viaje en España), al punto de que le pidieron que regrese a José Genoud, quien aún estaba de licencia por un problema de salud, y le enviaron una avioneta a un campo de San Luis donde estaba descansando (ayer le habían pedido lo mismo a Edgardo Gagliardi, que estaba en Londres, y al autonomista José Romero Feris, que en general votará con el radicalismo).
Toda la presión
El gobierno puso toda su presión en el Senado en pos de lograr la aprobación de la ley.
Para esto, el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, principal gestor de la norma, almorzó con el jefe del bloque del PJ, José Luis Gioja, se reunió con esa bancada opositora y se instaló en un balcón del recinto para seguir la sesión junto con el ministro del Interior, Ramón Mestre, y el secretario General de la Presidencia, Nicolás Gallo (fue quien lo acompañó en sus gestiones).
Además, los senadores justicialistas recibieron llamados de algunos gobernadores de su partido, como el cordobés José Manuel De la Sota, el santafesino Carlos Reutemann, el pampeano Rubén Marín, y el salteño Carlos Romero, más el formoseño Gildo Insfrán.
También se sumaron a la ronda de comunicaciones el titular de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Eduardo Escasany, el empresario Enrique Pezcarmona y los economistas Martín Redrado, Carlos Melconián y Rogelio Frigerio (h).
Con este nuevo frente de presión, el bloque del PJ llegó a la conclusión de que no había margen para modificar la norma, pero eso no implicó el alineamiento de la docena de senadores que no están de acuerdo con la norma.
Ello quedó de manifiesto cuando al inicio del tratamiento de la norma, diez de los once senadores que votaron en contra de habilitar el tratamiento sobre tablas fueron del PJ: Augusto Alasino, Alberto Tell, Osvaldo Sala, Carlos Verna, Julio San MIllán, Eduardo Arnold, Daniel Baum, Enrique Martínez Almudevar, Rubén Pruyas y Gerardo Palacios (también lo hizo Felipe Sapag del Movimiento Popular Neuquino).
De este modo, los moderados del bloque justicialista (Gioja, Eduardo Menem, Eduardo Bauzá, Carlos Corach, Remo Costanzo) debieron manejar con mucho cuidado el nivel de quórum a la hora de decidir la suerte de la norma para que el radicalismo no pierda la votación.
El artículo 12 dividió las posiciones
En el artículo 12 del proyecto del ajuste, el más polémico porque es el que fija el piso de los recortes, el radicalismo contaba anoche con el favor de 21 senadores (17 propios, 3 provinciales y el justicialista Omar Vaquir, quien según sus palabras tiene "la responsabilidad" de hacerlo porque ya fue designado embajador de este gobierno).
Enfrente se encontraban 4 justicialistas disidentes (Antonio Cafiero, Daniel Varizat, Héctor Maya y Liliana Negre de Alonso), 2 provinciales (Sapag y Romero Feris), 3 radicales (Leopoldo Moreau, Alcides López y Alberto Maglietti) y aproximadamente una decena de justicialistas (los que se queden hasta la madrugada de los que votaron en contra del tratamiento sobre tablas más Jorge Yoma).
Con este cuadro, la mayoría en favor de que la norma se apruebe sin modificaciones emerge muy exigua, y por eso hasta última hora se mantenía la incertidumbre en torno del número de senadores y de votos que tendría la postura oficialista.
Esta oposición a la reducción en jubilaciones y salarios quedó de manifiesto en los discursos de los miembros de la bancada justicialista.
El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Verna, después de hacer un repaso por todas la normas que el PJ apoyó al gobierno de Fernando De la Rúa y no tuvieron el resultado esperado, sintetizó el pensamiento de su bloque: "Estamos de acuerdo con el déficit cero y en no seguir endeudándonos. Pero no estamos de acuerdo en las prioridades que se fijaron".
Verna dijo compartir las modificaciones al modo de percepción del IVA y la ampliación del impuesto a las transacciones financieras, pero no la exclusión de la renta financiera. Después opinó que "no se pueden hacer ajustes sobre la remuneración de los jubilados".
Con un ojo en el riesgo país
Senadores de la oposición calificaron de "barbaridad" y de "superficial" la ley de ajuste que el cuerpo se aprestaba a sancionar y advirtieron la posibilidad de quedar nuevamente sospechados de facilitar una aprobación mediante sobornos, mientras los oficialistas se mostraron favorables a una rápida aprobación para evitar que continúe subiendo el riesgo país.
Mientras los peronistas Jorge Yoma y Héctor Maya criticaron con dureza el proyecto de ley oficial que el cuerpo debatía anoche, el ex titular del bloque, Augusto Alasino, se mostró preocupado porque otra vez los senadores podrían ser mirados por la sociedad con recelo por facilitar la sanción de una ley tan controvertida y a la que, públicamente, se han opuesto.
Así, Alasino señaló que la nueva norma, enviada desde el Ejecutivo, "es un remedo de la Ley Laboral y, en consecuencia, por qué no va a estar teñida de sospecha, ya que hay muchos medios que empezaron a decir que nosotros recibimos beneficios a cambio de su sanción".
Por su parte, en representación de la UCR, José María García Arecha criticó a sus pares de bancada que se manifestaron en oposición a la sanción del ajuste, desafiando la disciplina partidaria. "De los 21 senadores de la UCR, 19 creemos que esto debe ser votado así. Si alguno, creo que son uno o dos, interpreta lo contrario, allá ellos, cargarán con su responsabilidad ante la historia", sostuvo. (DYN)
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